"Desde la demanda de los fondos buitre, la expropiación de YPF, casos ante el CIADI y otras de orden local, como el dólar futuro o deudas por el Plan Gas, el Estado afrontó o podría afrontar un costo que supera en USD 20.000 millones al acuerdo con el FMI
Las reveses judiciales que sufrió el Estado argentino en los últimos días en los tribunales Nueva York y en Londres por los juicios de la expropiación de YPF y del pago no realizado del bono cupón PBI a los inversores pusieron sobre la mesa cuál será el costo que deberá afrontar el país en los próximos años en caso de que esas demandas, que serán apeladas, fueran sostenidas por la justicia de esos países.
Un cálculo, hecho recientemente por la consultora FMyA, de Fernando Marull, le puso números a ese horizonte de eventual costo financiero por el amplio abanico de litigios que afronta el Estado por distintas decisiones de política económica que tomaron gobiernos kirchneristas y que va desde YPF hasta distintos expedientes abiertos ante el CIADI, o los holdouts de la deuda que cayó en default en 2001. También incluyó, en esa cuenta, distintas decisiones de renegociaciones como con el Club de París, en 2014.
Los cálculos del economista ubican esa cifra en los USD 64.000 millones. Como referencia, son USD 20.000 millones más que el programa con el Fondo Monetario Internacional. El caso más oneroso fue, asegura, el de los holdouts, que fueron a los tribunales de Nueva York –liderados por fondos buitre como NML, de Paul Singer– a exigir el pago completo de los bonos que fueron reestructurados en 2005 y 2010. Tras años de litigio en el juzgado que encabezaba en ese momento Thomas Griesa –y que ahora comanda Loretta Preska, la jueza que decidió sobre el caso YPF– el gobierno de Mauricio Macri llegó a un acuerdo con la mayor parte de esos tenedores de bonos.
El costo fue de USD 18.000 millones, que fueron cubiertos con emisiones de títulos en dólares, en el regreso de la Argentina al mercado de deuda internacional."
jueves, 6 de abril de 2023
La otra deuda: el costo de juicios y renegociaciones hechas durante gobiernos kirchneristas alcanzan los USD 65.000 millones
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