Denuncian a Taiana tras remover de forma ilegal a un general del Ejército por cuestiones ideológicas

"Tras la escandalosa expulsión de la presidencia de la Comisión del Arma de Caballería del General de Brigada retirado Rodrigo Soloaga a manos del ministro de Defensa (el ex guerrillero comunista), Jorge Taiana, el doctor Eduardo Sinforiano San Emeterio presentó una denuncia contra el Gobierno en la Justicia Federal.

Según el ministro, su remoción se debió a sus dichos el pasado 25 de abril, durante un acto oficial de las Fuerzas, cuando el general Soloaga ofreció "apoyo espiritual" a los camaradas detenidos, muchos sin procesamiento o sentencia, "como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la Fuerza durante una difícil época para nuestro país".

"Si Taiana y (Eduardo) Jozami consideran que el General Soloaga cometió apología del terrorismo de Estado, están obligados a realizar una denuncia, como indica el artículo 248 del Código Penal Argentino", señala al autor de la denuncia.

En la nota, dirigida electrónicamente a la Cámara Federal de Casación Penal, el abogado indica que "dichos altos funcionarios evidentemente sólo se limitaron a formular dicha falsa acusación al señor General, en el ámbito administrativo y no en el que por obligación de sus cargos e imputación por un delito inexistente y no encuadrado en figura penal alguna, deberían haber formulado ante la Justicia Penal Federal".

"Independientemente de considerar que el señor General Soloaga no ha cometido delito alguno, pues no ha incurrido en la mal calificada 'Apología del Delito', los que sí han cometido el delito de no cumplir con sus obligaciones legales son los dos funcionarios denunciados al no recurrir a la justicia y formular la correspondiente denuncia penal", argumentó.

Para el denunciante, por otra parte, haber pedido información personal de los militares participantes de la ceremonia "es una violación al derecho a la intimidad" y también un "abuso de autoridad, puesto que pedir los legajos personales de los efectivos o el listado de los civiles presentes tuviera sentido si lo hace un juez, con los elementos necesarios que justifiquen algo así y no dos funcionarios administrativos que responden a una cuestión ideológica y sin ningún tipo de sustento"."

Agencia NOVA