En un nuevo episodio que sacude a la fuerza policial bonaerense, una joven oficial de Quilmes se encuentra en estado grave tras dispararse con su arma reglamentaria.
Se disparó con su arma una joven oficial de la Bonaerense de Quilmes y está grave.
— Josefina López Mac Kenzie (@josefinalopezmk) November 20, 2024
Este incidente, reportado el 19 de noviembre, no es un caso aislado sino el reflejo de una crisis institucional profunda que afecta a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Una Crisis que no Cesa
Los números son alarmantes: durante 2021, la institución perdió 36 efectivos por suicidio, mientras que solo seis fallecieron en actos de servicio. Con un promedio de tres suicidios mensuales, estas estadísticas representan el peor registro de los últimos cinco años. La tendencia continúa siendo preocupante, con 12 casos registrados durante 2023.
Condiciones Laborales en el Centro del Debate
La situación actual evidencia una problemática estructural caracterizada por:
- Sobrecarga laboral extrema
- Ausencia de contención psicológica adecuada
- Servicios "adicionales" obligatorios que implican desplazamientos excesivos
- Deterioro de las condiciones de trabajo
La Tragedia como Constante
El reciente caso de Quilmes se suma a una serie de eventos trágicos, como el accidente fatal ocurrido el 2 de noviembre en Carmen de Areco, donde cuatro efectivos de la Dirección de Caballería perdieron la vida en un choque con un camión cisterna. Los oficiales, originarios de Bahía Blanca, debían recorrer más de 700 kilómetros para cubrir un servicio en San Nicolás, ejemplificando la problemática de los "servicios adicionales" obligatorios.
Reformas Contraproducentes
La creación de las Unidades Tácticas de Operaciones Inmediatas (UTOI) por parte del Ministerio de Seguridad provincial ha generado nuevas tensiones. Esta iniciativa, lejos de solucionar problemas, ha debilitado la capacidad operativa de las comisarías locales, evidenciando un distanciamiento entre las decisiones políticas y las necesidades reales del personal policial.
El Derecho Negado a la Sindicalización
Un aspecto crucial que perpetúa esta crisis es la continua negativa a permitir la sindicalización del personal policial. Esta restricción impide que los efectivos puedan:
- Defender sus derechos laborales de manera organizada
- Negociar mejores condiciones de trabajo
- Establecer límites razonables a las exigencias laborales
- Participar en la toma de decisiones que afectan su bienestar
Un Llamado a la Acción
La sucesión de eventos trágicos demanda una revisión urgente de las políticas institucionales y laborales dentro de la fuerza. La implementación de programas efectivos de contención psicológica, la regulación de las jornadas laborales y el reconocimiento del derecho a la sindicalización son medidas fundamentales para prevenir futuros casos y proteger la salud mental de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la sociedad.
El 13 de Noviembre el Secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (pertenencienteal Ministerio de Capital Humano), Julio Gabriel Cordero, negó el derecho constitucional a la sindicalización del personal policial "Rechazase el pedido de Inscripción Gremial formulado por el SINDICATO POLICIAL Y PENITENCIARIO DE BUENOS AIRES, con domicilio en calle 834 Nº 2441, SAN FRANCISCO SOLANO, QUILMES, Provincia de BUENOS AIRES." según RESOL-2024-815-APN-STEYSS#MCH (Resolución 815/2024).
El estado nacional, y en este caso por parte del organismo conducido por Sandra Pettovello sigue negando la realidad, y prohibiendo de hecho la aplicación de la garantía establecida en la constitución nacional para cualquier trabajador como es el caso del personal policial..
Es imperativo que las autoridades reconozcan que la salud mental y las condiciones laborales dignas del personal policial son elementos fundamentales para garantizar la seguridad pública. El costo humano de mantener el actual sistema ya es demasiado alto.
