sábado, 29 de marzo de 2025

Dos gendarmes atacados a balazos en Misiones: Investigan posible nexo con actividades de narcotráfico fronterizo

Autoridades de seguridad investigan dos ataques armados contra miembros de Gendarmería Nacional ocurridos el viernes en Bernardo de Irigoyen, Misiones, donde recientemente se implementaron nuevas medidas de control fronterizo. Los incidentes, que no dejaron heridos, podrían estar vinculados a represalias del crimen organizado contra el Plan Guaçurari.


El primer ataque se registró aproximadamente a las 3:00 horas en un predio en construcción detrás de la Municipalidad de Bernardo de Irigoyen. Según informes policiales, dos individuos no identificados a bordo de una motocicleta de 110 cc dispararon entre 10 y 15 veces contra un Volkswagen Vento blanco estacionado, propiedad del segundo comandante del Escuadrón XII de Gendarmería Nacional. El vehículo presentaba varios impactos de bala, aunque no había personas en las inmediaciones al momento del ataque.


Un testigo del incidente declaró haber visto a dos hombres con cascos que imposibilitaron su identificación, uno de los cuales habría utilizado un arma de tipo ametralladora para efectuar los disparos antes de huir rápidamente. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona mientras peritos forenses recolectaban evidencias para su análisis.


De acuerdo con declaraciones del gendarme propietario del vehículo, su unidad había participado recientemente en operativos que resultaron en el decomiso de camionetas y una cantidad significativa de cigarrillos de contrabando en la región fronteriza.


El segundo incidente fue confirmado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a través de su cuenta en la red social X. "En Bernardo de Irigoyen, Misiones, el mismo lugar donde pusimos en marcha el Plan Guaçurari para frenar los delitos en la frontera, atacaron a tiros la casa de un gendarme", informó la funcionaria. La vivienda presentaba al menos cinco impactos de bala en una columna de la reja perimetral, sin que se registraran heridos.


El Plan Guaçurari, implementado a principios de marzo de 2025, fue diseñado específicamente para combatir el narcotráfico y otros delitos transfronterizos en la región. Según la interpretación de la ministra Bullrich, estos ataques representarían intentos de intimidación por parte de organizaciones criminales afectadas por las nuevas medidas de seguridad: "Está claro que intentan intimidarnos porque metimos el dedo en la llaga y tocamos intereses poderosos".


La funcionaria reafirmó el compromiso del gobierno de mantener el operativo a pesar de las amenazas: "No nos amedrentan ni nos van a detener. Cada ataque es una señal de que estamos en el camino correcto", concluyó.


Las autoridades continúan con la investigación para identificar a los responsables mientras refuerzan las medidas de seguridad para proteger al personal de Gendarmería desplegado en la zona fronteriza.

martes, 25 de marzo de 2025

La Auditoría General de la Nación Enfrenta una Crisis Sin Precedentes

La Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control externo de la administración pública en Argentina, se encuentra al borde de la parálisis. A partir del próximo mes, seis de los siete cargos del colegio de auditores quedarán vacantes, dejando al organismo virtualmente acéfalo. Esta situación inédita amenaza con prolongarse debido a las diferencias en el Congreso sobre la conformación del nuevo colegio de auditores.

Vacantes y Parálisis Inminente

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, será el único auditor en funciones, con una capacidad limitada a tareas administrativas. La última reunión del colegio de auditores se llevará a cabo mañana, antes de que los actuales integrantes dejen sus cargos. Esta situación ha puesto en alerta a la oposición y a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que advierte sobre la posible parálisis de los informes de auditoría en curso y futuros.


Reacciones y Preocupaciones

El diputado Miguel Pichetto, presidente de la Comisión Mixta, ha calificado la situación como "inadmisible" y ha instado a los bloques políticos a buscar un acuerdo para designar a los nuevos auditores. "No se puede prolongar esta situación anómala", enfatizó Pichetto en declaraciones a LA NACION.

Contexto y Antecedentes

Desde hace un año, la AGN ha funcionado de manera irregular con solo cuatro de sus siete auditores. Los tres auditores restantes, designados por la Cámara de Diputados, abandonaron el organismo en abril pasado al vencer sus mandatos. La falta de acuerdo entre oficialistas y opositores ha impedido la designación de reemplazos, agravando la crisis institucional.


Futuro Incierto y Estrategias Políticas

La situación se complicará aún más la próxima semana cuando venzan los mandatos de los tres auditores designados por el Senado. El oficialismo, representado por Unión por la Patria, busca asegurar al menos un lugar en la AGN, frustrando un acuerdo incipiente entre los bloques opositores. La estrategia del oficialismo parece ser esperar a que la oposición no pueda negarles un auditor, dado el contexto actual.


Plan de Auditorías en Riesgo

El plan de auditorías para 2025 incluye áreas sensibles como el Banco Central, las compras y contrataciones del Ministerio de Defensa y Seguridad, y programas de asistencia alimentaria del Ministerio de Capital Humano. También se planea auditar la administración de universidades nacionales, la empresa mayorista de energía eléctrica Cammesa y los entes reguladores de servicios públicos.

Movimientos en el Senado

En el Senado, los bloques opositores han comenzado a moverse para designar a los tres auditores que le corresponden al cuerpo. Sin embargo, la definición no será sencilla. El peronismo reclama dos de los tres cargos vacantes, mientras que el radicalismo y los libertarios también buscan representación. La sesión convocada para el 3 de abril podría ser crucial para resolver esta crisis.

Importancia de la AGN

La AGN es un organismo constitucional fundamental para el control externo de la administración pública. Su parálisis podría tener graves consecuencias para la transparencia y la rendición de cuentas en el país. La Constitución Nacional prescribe que la AGN debe ser comandada por un representante del principal partido opositor, asegurando así su independencia y efectividad.

La crisis en la AGN refleja las tensiones políticas actuales y subraya la urgencia de alcanzar un consenso para garantizar el funcionamiento de este órgano vital para la democracia argentina.

lunes, 24 de marzo de 2025

El Gobierno Nacional Argentino Difunde Video Sobre el 24 de Marzo y la Importancia de la Memoria Completa

El Gobierno Nacional de Argentina ha difundido un video conmemorativo en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se celebra cada 24 de marzo. El video busca ofrecer una visión completa y objetiva de los eventos ocurridos durante la década de 1970, destacando la necesidad de reconocer a todas las víctimas de la violencia política de esa época, incluyendo tanto a las víctimas de la dictadura militar como a las de los grupos terroristas (mal llamados "guerrilleros").

El video comienza con una reflexión personal de un joven nacido en 1989, quien pertenece a una generación que ha vivido toda su vida en democracia. Este joven relata cómo la década de 1970 le llegó solo como un ejercicio de memoria histórica, el cual se convirtió en política estatal durante su educación secundaria. Sin embargo, critica que esta política educativa funcionó como un proceso de distorsión de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos.

Uno de los puntos más destacados del video es la crítica a la teoría del "demonio único", que sostiene que el horror de los años 70 comenzó el 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas. Esta teoría, según el video, ha simplificado la historia al exculpar a la casta política responsable de impulsar el terrorismo y promover la represión ilegal. El joven protagonista del video menciona que esta versión de la historia le parecía incompleta y sesgada, lo que lo motivó a investigar por su cuenta.

A través de su investigación, el joven descubrió que el contexto de la Guerra Fría jugó un papel crucial en los eventos de la década de 1970 en América Latina. En Argentina, las principales organizaciones terroristas fueron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las cuales cometieron numerosos crímenes y actos de terrorismo antes del golpe de Estado de 1976. La sentencia del Juicio a las Juntas Militares de 1985 registró más de 5,000 atentados explosivos, más de 1,700 secuestros y 150 asesinatos cometidos por estas organizaciones entre 1969 y 1979.

El video también aborda la omisión de hechos esenciales en la narrativa histórica oficial. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) registró cientos de desapariciones en los meses previos al golpe de 1976, con un total de 1,169 desaparecidos entre 1969 y el 24 de marzo de 1976. Sin embargo, esta parte de la historia ha sido omitida en la educación y en el discurso público.

El Gobierno Nacional ha renombrado el 24 de marzo como el "Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa", enfatizando la importancia de contar la historia de manera integral y sin sesgos ideológicos. El video concluye con un llamado a romper con el relato impuesto y a reivindicar el derecho a conocer la verdad completa, subrayando que una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad.

Este video ha generado polémica y debate en la sociedad argentina, con algunos sectores apoyando la iniciativa de contar una historia más completa y otros criticando lo que consideran una revisión de la memoria histórica. No obstante, el Gobierno ha reiterado su compromiso con la verdad y la justicia, insistiendo en que solo a través de una memoria completa se puede aprender del pasado y evitar repetir los errores.

domingo, 16 de marzo de 2025

Incoherencia en el ajuste: mientras Milei insiste en que "no hay plata", Diputados con Martín Menem a la cabeza gasta $2.000 millones en modernización

En un contexto donde el presidente Javier Milei ha enfatizado repetidamente la falta de recursos estatales con su conocida frase "no hay plata", recientes decisiones administrativas en la Cámara de Diputados, liderada por Martín Menem, han generado debate respecto al compromiso con la austeridad fiscal proclamada por el gobierno.

Según informes recientes, la Cámara de Diputados ha adjudicado contratos por un total de aproximadamente 1.849.000 dólares (equivalentes a 2.000 millones de pesos) para modernizar y embellecer el recinto legislativo. Estas inversiones incluyen la instalación de un nuevo sistema de votación, adquisición de pantallas LED de 130 pulgadas y 300 tablets para los legisladores. Además, se han destinado fondos para equipos de filmación, hardware informático y otros elementos complementarios.

Estas decisiones contrastan con las medidas de ajuste implementadas previamente en la Cámara de Diputados. En diciembre de 2024, Martín Menem anunció la devolución de 7.000 millones de pesos al Ministerio de Economía, resultado de una reducción de personal y la eliminación de ciertos privilegios. Este gesto fue presentado como una muestra del compromiso con la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

A los $2.000 millones se suman los 488 millones en catering para diputados según revela El Disenso.

El equilibrio fiscal y la reducción del gasto público son fundamentales para mejorar las finanzas del país. Si bien la modernización de las instalaciones legislativas puede considerarse necesaria, es crucial evaluar la pertinencia y el momento de tales inversiones, especialmente cuando se promueve un discurso de austeridad. La coherencia entre las políticas de gasto y las declaraciones oficiales es esencial para mantener la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

En conclusión, las recientes inversiones en la Cámara de Diputados plantean interrogantes sobre la consistencia en la aplicación de políticas de austeridad. Es imperativo que las autoridades armonicen sus acciones con el discurso oficial para garantizar una gestión fiscal responsable y transparente, alineada con las necesidades y expectativas de la sociedad. 

Con información de El Disenso y Border Periodismo.

Crisis en la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina: Afiliados denuncian falta de servicios de salud

La Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina enfrenta una grave crisis debido a la falta de servicios de salud para sus afiliados, tanto activos como retirados. La situación ha llevado a varios policías a presentar denuncias y recurrir a la Justicia Federal para exigir una solución.

Denuncias y Falta de Servicios

Walter Grappi, un policía federal retirado de Villa María, presentó una denuncia en la Fiscalía Federal para investigar a las autoridades que administran la obra social. Grappi, quien ha sido afiliado por casi 30 años, asegura que la falta de servicios es una constante. "En casi 30 años que soy afiliado, esta situación se repite recurrentemente", precisó.

Grappi cuestiona el destino de los aportes mensuales que se retienen a los afiliados. En su caso, se le retienen unos 120 mil pesos mensuales, pero los servicios de salud no son acordes a lo que se paga. "Es como si yo le diera la plata para pagar la luz a alguien y después vienen y me cortan la luz. Lo mínimo que puedo hacer es preguntar ‘qué hiciste con la plata’", señaló.

La situación no es exclusiva de Grappi. Otros afiliados han denunciado situaciones similares, como la necesidad de viajar a Córdoba Capital para realizar análisis de laboratorio cubiertos por la obra social, o la falta de cobertura para procedimientos médicos esenciales. Un caso destacado es el de un afiliado al que le cubrieron una operación compleja, pero no la anestesia, que debía ser reintegrada meses después.


Acciones Legales y Respuestas Insuficientes

Ante este escenario, Grappi decidió tomar dos vías de acción: una en la Fiscalía donde instó una acción penal contra los responsables de la administración de la obra social, que son "los integrantes de la cúpula de la Policía Federal que tiene sede en Buenos Aires"; y la otra, para salvaguardar su situación de salud en lo personal, en la Defensoría Pública, también de la Justicia Federal, "donde tengo turno para presentarme el 20 de marzo para pedir un recurso de amparo", indicó.

Cabe señalar que la Justicia provincial no tiene injerencia en este caso por tratarse de una obra social nacional.

"No me quedó otro camino que recurrir a esta instancia", concluyó Grappi.

Contexto y Auditorías

La obra social de la Policía Federal Argentina cuenta con más del doble o triple de los 30.000 efectivos, pues puede haber afiliados adherentes. Sin embargo, el presupuesto y la gestión de los fondos son opacos. Oficialmente, la Superintendencia de Seguros de Salud no la reconoce como obra social, y tampoco la Superintendencia se reconoce como tal, alegando ser una administradora de fondos. Esta situación ha llevado a que los jueces ya indicaran que se debe aplicar la ley de obras sociales.

Existen auditorías a la Superintendencia de Bienestar por la AGN, pero eran parte de una auditoría más amplia sobre PFA que ha dado resultados muy preocupantes. Además, en el presupuesto actual del año 2025, por decreto se ha reducido la partida para la Superintendencia de Bienestar.

Impacto en el Personal

El personal de la Policía Federal Argentina está cautivo de dicha obra social, no pudiendo elegir libremente otra como sí pueden hacer otros trabajadores. Esto ha generado un clima de enojo y desprotección entre los afiliados, quienes denuncian de forma anónima por miedo a represalias.

Esto se da en el marco de un atraso salarial considerable por parte de los integrantes de las fuerzas federales, imposibilitando cubrir necesidades básicas.

La falta de servicios de salud adecuados tiene un impacto significativo en la moral y el bienestar de los policías activos y retirados. La situación ha llevado a muchos a buscar alternativas para obtener los servicios de salud que necesitan, mientras esperan una solución definitiva a esta crisis.

Responsabilidades y Futuro

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, es participe pues es quién designa de forma discrecional a las autoridades de PFA de forma delegada, por tanto no hace un control efectivo. Las demandas suelen ir tanto a la PFA como al Ministerio de Seguridad.

La Superintendencia de Bienestar, liderada por el Comisario Mayor Favio Adrián Fara, enfrenta ahora la tarea de restaurar la confianza de sus afiliados y garantizar la prestación de servicios de salud acordes a los aportes realizados. La comunidad policial espera que las denuncias presentadas y las acciones legales en curso conduzcan a una mejora significativa en la gestión de la obra social.

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