Denuncian a Daniel Scioli por presunta corrupción y contratos millonarios a allegados

Un reciente informe periodístico ha sacado a la luz un presunto entramado de corrupción que involucra a Daniel Scioli, actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. La denuncia se centra en la supuesta adjudicación de contratos millonarios a una empresa de limpieza propiedad de uno de sus amigos más cercanos, Luis Alberto "Chiche" Peluso.

Según el video, esta práctica de favorecer a allegados no es nueva en la carrera política de Scioli. Se afirma que tanto durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires como en su actual cargo bajo la administración de Javier Milei, ha utilizado su poder para otorgar licitaciones a la empresa de Peluso, Lincer S.A., incluso cuando las ofertas no eran las más económicas.

El informe detalla que esta dinámica se repite a lo largo de los años, utilizando mecanismos como las "contrataciones directas" o "licitaciones cerradas". Si bien estos métodos son legales, el video argumenta que son utilizados para eludir la transparencia y favorecer a un círculo íntimo. Esto se evidencia en la relación de Scioli con Peluso, que se remonta a décadas, y que ha resultado en contratos lucrativos con organismos como el INPROTUR y ANSES.

Además, el video traza un paralelismo con el caso de las Unidades de Pronta Atención (UPA) durante su gobernación, donde también se investigaron presuntas irregularidades y sobreprecios. La constante en todos estos casos, según la denuncia, es la falta de transparencia y el uso de fondos públicos para beneficiar a amigos y colaboradores cercanos.

El video concluye haciendo un llamado a una mayor transparencia, a fortalecer los mecanismos de control y a implementar procesos de licitación más públicos y estandarizados para evitar que el dinero del Estado termine en los bolsillos de los allegados al poder.

Éxodo en las fuerzas federales: salarios de pobreza y ventas por Instagram para sobrevivir

En las últimas semanas, fuentes internas de las fuerzas federales confirmaron un incremento inusual en las solicitudes de baja voluntaria por parte de efectivos de distintas jerarquías. La tendencia coincide con el contexto de ajuste estatal impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en línea con la política de reducción del gasto público que el presidente Javier Milei ha denominado “la motosierra”, generando una "rockera" forma de Despidos Silenciosos. Dado que la mayoría del personal de las fuerzas es "planta permanente" no pueden hacer con lo que hicieron en los ministerios: no renovarles los contratos (contratos viciados de por si porque existían personas en esa fraudulenta forma laboral "temporaria" hace más de 5 años).

La situación salarial del personal policial y militar revela un deterioro profundo. Según datos oficiales, una parte significativa de las jerarquías percibe haberes por debajo de la línea de pobreza establecida para la Ciudad de Buenos Aires. Cargos como Cadete de 1°, 2° y 3° curso se encuentran incluso en la franja de indigencia, con sueldos que van de $610.003,89 a $637.008,58. La mayoría de los rangos iniciales y medios —Aspirante, Auxiliar, Cabo, Sargento, Subinspector, Inspector y hasta Capellán Principal— perciben ingresos que los ubican en la categoría de pobreza no indigente, con salarios que no superan $1.193.290,96.

Esta realidad es atribuida por según el Boletín Oficial y fuentes gubernamentales oficiales a la responsabilidad conjunta de los funcionarios a cargo de la política salarial: Martín Siracusa, Patricia Bullrich y Carlos Manfroni, del Ministerio de Seguridad de la Nación, así como los integrantes de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público —Fernanda Ferreyra, Nicolás Farías, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina y Enrique Pinedo—. Estos últimos han respaldado públicamente los anuncios oficiales sobre un “superávit fiscal” que, en la práctica, solo se logra mediante la contención y reducción del gasto en salarios de militares, policías, médicos y docentes.

A las dificultades económicas se suman limitaciones estructurales. El personal de las fuerzas federales está obligado a mantenerse en el servicio ordinario y a realizar servicios adicionales para complementar ingresos. No obstante, muchos efectivos han recurrido a actividades paralelas, como la venta de productos por redes sociales, para sostenerse económicamente, siendo los productos más comunes remeras, perfumes, productos de belleza, juguetes: "economía popular" (o más bien por debajo de la superficie, o informal). Otros han optado por trabajar en aplicaciones de transporte de pasajeros (Uber, DiDi, Cabify)

Además, los afiliados a las obras sociales IOSFA y la Superintendencia de Bienestar no pueden derivar sus aportes a otras prestadoras, lo que limita sus opciones de atención médica.

El fenómeno de las bajas voluntarias y el descontento creciente en las fuerzas se configura como una señal de alerta institucional, en un momento en que la seguridad pública enfrenta desafíos complejos y la capacidad de retención de personal calificado se ve seriamente comprometida.

La red oculta de poder detrás de Leonardo Scatturice: vínculos, negocios y contratos millonarios que conmocionan al Estado

Leonardo Scatturice se posiciona como el epicentro de una compleja red de relaciones personales y empresariales que atraviesan sectores estratégicos del país. Su conexión con figuras como Daniel Hadad y otros socios clave revela un entramado donde alianzas personales se entrelazan con intereses corporativos, consolidando un poder que trasciende el ámbito privado. Estas relaciones han sido fundamentales para articular negocios inmobiliarios y operaciones con múltiples socios en diferentes ámbitos.

Las sociedades y empresas vinculadas a Scatturice funcionan como vehículos esenciales para el despliegue de negocios de alto impacto. Compañías como Flybondi y OCP TECH S.A. no solo representan sus intereses comerciales, sino que también actúan como puente para acceder a contratos millonarios con organismos públicos como el Ministerio de Educación, la Procuración General de la Nación y la Universidad de Buenos Aires. La expansión de esta red empresarial evidencia la influencia de sus miembros en sectores estratégicos de la administración pública.

El alcance territorial de esta red es igualmente notable, con propiedades y operaciones distribuidas en puntos clave como Miami, Florida, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad de lujo en el edificio Continuum South Beach Condo, compartida entre Scatturice y Hadad, simboliza la dimensión internacional de estos vínculos. Además, ciudades argentinas como Avellaneda y Mar del Plata aparecen como escenarios donde se desarrollan proyectos y alianzas con implicaciones sociales y económicas profundas.

Las conexiones entre personas, empresas e instituciones se manifiestan en vínculos que varían desde la cooperación directa entre socios hasta la intermediación en contratos públicos, evidenciando un entramado donde se mezclan intereses privados y estatales. La estructura revela además una segmentación clara de roles y relaciones, consolidando una red que opera con sofisticación y alcance, cuestionando la transparencia y el control en espacios clave del poder y los negocios argentinos.

José Manuel Ubeira tergiversa una frase de Javier Milei en los alegatos de la Causa Sabag Montiel

En el marco de los alegatos del juicio oral por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner —conocido como “Causa Sabag Montiel” (TOCF N°6)—, el abogado querellante José Manuel Ubeira realizó una afirmación que ha sido señalada como errónea y carente de rigor. Durante su exposición, expresó: “El actual presidente de la Nación dijo que él le iba a poner el último clavo en el cajón al kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner adentro”. Sin embargo, la frase original atribuida a Javier Milei fue: “Me encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”.

La diferencia entre ambas expresiones no es meramente gramatical: en la original, Milei manifiesta un deseo hipotético (“me encantaría”), mientras que en la reformulación de Ubeira se transforma en una afirmación de intención futura (“iba a poner”), modificando el sentido y alcance de la declaración. Esta alteración implica una tergiversación que, en el contexto de un proceso judicial, reviste especial gravedad. En la etapa de alegatos, las partes deben ceñirse a los hechos y pruebas incorporados a la causa, evitando introducir elementos ajenos o incorrectos que puedan influir en la percepción del tribunal.

Desde el punto de vista de la ética profesional, la incorporación de datos erróneos en un alegato no solo afecta la credibilidad del letrado, sino que puede interpretarse como una conducta contraria a los deberes de veracidad y objetividad exigidos a los abogados. Además, la inclusión de afirmaciones tergiversadas podría ser considerada un agravio hacia la persona aludida, con eventuales derivaciones en el plano disciplinario o incluso en acciones civiles por daño moral. Este tipo de manifestaciones no se encuentra amparado por el derecho de la querella, cuyo rol procesal exige argumentar con base en hechos debidamente acreditados y respetando la integridad de las declaraciones citadas.

Preocupantes afirmaciones del abogado de CFK, José Manuel Ubeira, en alegatos de la causa Sabag Montiel sobre la muerte del fiscal Nisman

En el marco de los alegatos del juicio oral por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner —conocido como “Causa Sabag Montiel” (TOCF N°6)—, el abogado querellante José Manuel Ubeira formuló una declaración que generó críticas por su carácter improcedente. En su exposición, Ubeira sostuvo: “también se la puso al frente ahora con estos procesos de encubridora de luctuosos sucesos que ocurrieron en la República Argentina, como por ejemplo este el suicidio de Nisman, que acá en el edificio lo han transformado en homicidio, como todos sabemos”.

El señalamiento resulta cuestionable dado que se refiere a otro hecho —la muerte del fiscal Alberto Nisman— sobre el cual la justicia ya se ha pronunciado y que no guarda relación directa con el proceso que se ventila en el juicio actual. De acuerdo con principios jurídicos básicos, en la etapa de alegatos los abogados deben ceñirse a los hechos y pruebas incorporados a la causa, evitando extrapolar conclusiones o introducir afirmaciones sobre asuntos ajenos. Este tipo de intervenciones podría vulnerar normas de ética profesional, ya que implica intentar validar una afirmación controvertida utilizando como respaldo una definición personal sobre un hecho ya resuelto judicialmente.

El abogado Ubeira no es ajeno a las controversias por sus declaraciones públicas. En abril de 2023, una red de agrupaciones judiciales lo cuestionó duramente por afirmaciones consideradas equívocas e improcedentes, en el marco de la misma causa, según consignó Infobae. Aquella vez, las críticas giraron en torno a la utilización de expresiones y argumentaciones que excedían el marco procesal y podían interpretarse como ataques infundados o descontextualizados, una práctica que vuelve a ser señalada tras sus recientes dichos.