Reuniones entre fiscales, jueces y el presidente de la AFA en medio de causas activas

Según una investigación publicada por Border Periodismo, conducida por el periodista Daniel Seifert, se habrían producido una serie de encuentros entre magistrados, fiscales y figuras del ámbito futbolístico y financiero, generando cuestionamientos sobre la intersección entre las esferas social, política y judicial. Las revelaciones, presentadas con base en fuentes anónimas dentro del sistema legal, exponen una trama de contactos que coinciden temporalmente con investigaciones sensibles.

El informe central menciona una llamativa reunión en la Quinta Vaccarezza, propiedad de la Asociación Gremial de Obreros y Empleados del CEAMSE. Al encuentro, según la publicación, asistieron varios jueces y personalidades del mundo judicial. El CEAMSE, ente interjurisdiccional de residuos, es presidido por Claudio "Chiqui" Tapia, quien también es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La presencia de figuras judiciales en un ámbito gremial de esta naturaleza ha sido señalada como inusual.

En paralelo, se detallan reuniones en la casa del juez federal Jorge Rodríguez. Según la investigación, en una de estas ocasiones habrían coincidido en la misma mesa el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el juez federal Luis Armella –quien lleva causas que involucran a la entidad futbolística–; y la fiscal federal Cecilia Incardona. Otras versiones citadas en el reporte alegan que Armella no estuvo presente, pero sí la fiscal. También se menciona la presencia del consultor político Santiago Caputo en una de estas reuniones. Estos encuentros se habrían producido en el intervalo de dos allanamientos masivos ordenados por la fiscal Incardona.

El contexto de estas revelaciones es la investigación por presuntas maniobras irregulares en la empresa Sur Finanzas, denunciada originalmente por la Dirección General Impositiva (DGI). El sorteo de la causa asignó el caso al juez federal Federico Villena y a la fiscal Incardona. La publicación alega que, tras la denuncia inicial, la fiscal habría "cajoneado" la causa por un breve período, procediendo luego a ordenar allanamientos masivos solo después de que una fundación presentara una denuncia paralela. Esta conducta es caracterizada por el periodista como un posible "forum shopping", una práctica que busca direccionar una causa hacia un juzgado o fiscalía considerada más favorable.

Respecto a la metodología de los allanamientos, el informe cita a sus fuentes –referidas como "lenguas de la justicia"– para cuestionar su eficacia investigativa real. Según esta perspectiva, los operativos masivos, en contraste con pedidos de información más silenciosos y específicos, generarían un "entorpecimiento" debido al gran volumen de material incautado, dificultando su análisis eficaz. Esta estrategia, se argumenta, podría ser incluso "contrajudicial", al obstruir antes que agilizar la pesquisa.

La trama vinculatoria señalada por Border Periodismo es compleja: Claudio Tapia, anfitrión de la reunión en el predio del CEAMSE, es presidente de la AFA, entidad investigada en causas vinculadas al juez Armella. A su vez, Tapia y Sur Finanzas –empresa investigada por la fiscal Incardona– mantendrían vínculos comerciales preexistentes. La fiscal Incardona, por su parte, habría estado presente en reuniones sociales con algunas de las personas e instituciones involucradas en las causas que ella misma investiga. Estos cruces, según el enfoque del reporte, plantean serios interrogantes sobre la necesaria distancia e imparcialidad que deben guardar los actores del sistema de justicia, principios fundamentales para garantizar el debido proceso y la independencia del poder judicial. Hasta el momento, los magistrados y la fiscal mencionados no se han expedido oficialmente sobre los detalles específicos de estas reuniones.

Controversia por la ampliación del directorio del Banco Provincia: un acuerdo multipartidario que abrió la puerta al endeudamiento

En una votación realizada durante la madrugada, la Legislatura bonaerense aprobó una modificación clave a la carta orgánica del Banco Provincia: la ampliación de su directorio de ocho a catorce integrantes. El cambio, impulsado por el gobierno de Axel Kicillof, fue determinante para alcanzar los dos tercios necesarios que habilitaron un nuevo endeudamiento por hasta USD 3.685 millones. Sin embargo, el mecanismo generó fuertes cuestionamientos por la discrecionalidad con la que se distribuyeron cargos de alta remuneración entre oficialismo y oposición.

La reforma creó nueve vocalías, tres vocalías asociadas y dos sindicaturas adicionales, manteniendo a Juan Cuattromo en la presidencia. El oficialismo aseguró para sí un bloque mayoritario: cuatro lugares propios vinculados al gobernador, además de representantes de La Cámpora y del Frente Renovador. Entre los designados figuran Julio Pereyra, Carlos “Cuto” Moreno, Carlos Orsigher y Alejandro Formento, junto a Martín Rodrigo Rodríguez y Laura González por la organización que lidera Máximo Kirchner. El massismo también reforzó su peso con los intendentes Javier Osuna y Javier Bordoni.

El reparto, sin embargo, no se limitó al peronismo. Para garantizar los votos que permitieran tratar el endeudamiento, parte de la oposición también obtuvo cargos estratégicos. El PRO incorporó al directorio a los ex diputados Matías Ranzini y Adrián Urrelli, cercanos a Cristian Ritondo y Néstor Grindetti, respectivamente. La UCR, tras un acuerdo entre Evolución —el sector de Maximiliano Abad— y espacios afines a Emilio Monzó, obtuvo dos sillas para Fernando Pérez y Marcelo Daletto, además de lugares adicionales en otros organismos. Incluso los llamados “libertarios dialoguistas” lograron ubicar a Fernando Rozas, ex titular del Servicio Penitenciario bonaerense.

En contraste, algunos bloques quedaron marginados de la negociación. Un sector de la UCR —los intendentes alineados con Miguel Fernández— rechazó la reforma y votó en contra. La Libertad Avanza no participó del reparto, aunque la ausencia del diputado Ramón Vera durante la votación del endeudamiento facilitó que el oficialismo alcanzara el número requerido de presentes.

La ampliación del directorio también fue acompañada por nuevas designaciones en el Consejo General de Educación y el Tribunal Fiscal, lo que reforzó las críticas sobre un esquema de negociación basado en intercambios de cargos estatales de alta jerarquía y salario, en lugar de criterios vinculados a capacidad técnica o necesidades institucionales.

Tras la aprobación, Kicillof celebró el resultado y sostuvo que el endeudamiento permitirá afrontar vencimientos heredados “sin comprometer recursos esenciales”. También acusó al presidente Javier Milei de intentar “provocar el colapso” de la provincia para obtener rédito político. Sin embargo, la controversia persiste: el mecanismo utilizado para destrabar la votación dejó expuesto un acuerdo transversal —entre oficialismo, PRO, Coalición Cívica–UCR y sectores libertarios— que amplió estructuras del Estado y multiplicó cargos bien remunerados en un contexto de severas restricciones fiscales.

La discusión sobre la legitimidad y necesidad de estas designaciones continuará en el centro del debate público, en un momento en que la ciudadanía exige austeridad, transparencia y responsabilidad en el manejo de organismos estratégicos como el Banco Provincia.

Exposición de datos personales de gendarmes en el Boletín Oficial: cuestionan la responsabilidad de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad Nacional

La publicación en el Boletín Oficial del día de hoy de notificaciones dirigidas a dos integrantes de Gendarmería Nacional por incumplimientos administrativos volvió a poner bajo análisis las prácticas internas de la fuerza y el rol de supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación. Diversos especialistas alertan por la exposición de datos personales sensibles, los riesgos operativos y la posible responsabilidad institucional derivada de la difusión.

Las publicaciones edictales, firmadas por la Dirección de Recursos Humanos de Gendarmería ( David Alejandro Salas ), notificaron al Sargento XXX. y al Primer Alférez XXX. por la falta de presentación de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DJPI). Los avisos incluyeron referencia a normas penales, advertencias de denuncia y la transcripción íntegra del DNI de ambos efectivos, aun cuando su difusión no era estrictamente necesaria para cumplir la finalidad del acto.

Exposición innecesaria y riesgo operativo

La divulgación de los datos completos de personal que desarrolla funciones en seguridad interior generó preocupación entre especialistas en Derecho Administrativo y Seguridad Pública. Señalan que la publicación de nombres completos, jerarquías y números de documento coloca a los agentes en una posición de mayor vulnerabilidad, máxime cuando participan en operativos contra narcotráfico, crimen organizado, delitos complejos y bandas que suelen recolectar información personal de los efectivos.

“Es gravísimo que se publique en un ámbito de acceso masivo información que permite identificar, rastrear y perfilar a un gendarme. Es un riesgo real para ellos y para sus familias”, advierten fuentes consultadas. La Constitución Nacional, la Ley 24.059 de Seguridad Interior y estándares internacionales imponen al Estado un deber reforzado de cuidado sobre quienes cumplen funciones de riesgo.

Inconsistencias en el procedimiento y omisión de medidas de resguardo

Si bien la normativa de Ética Pública habilita la notificación edictal cuando las vías tradicionales fracasan, juristas destacan que la legislación no exige publicar DNI completo, ni hacer referencias explícitas a advertencias penales cuando se trata de un mero incumplimiento administrativo.

“La notificación es obligatoria; la exposición innecesaria no lo es. El Estado tiene herramientas para cumplir la ley sin dañar la imagen ni comprometer la seguridad del personal”, afirmaron especialistas en protección de datos. Otros organismos públicos ya emplean criterios de minimización de datos, como la publicación de iniciales o DNI parcialmente anonimizados.

Responsabilidad institucional de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad

Durante las últimas horas surgieron cuestionamientos directos hacia la cúpula de Gendarmería Nacional ( Comandante General Claudio Miguel Brilloni  ) y hacia el Ministerio de Seguridad de la Nación ( Alejandra Monteoliva ), autoridad política responsable del control de la fuerza. La difusión de datos personales sensibles podría implicar:

Responsabilidad administrativa

• Posible infracción a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

• Falta de criterios de minimización y resguardo de información sensible.

• Incumplimiento de deberes de cuidado respecto del personal operativo.

Responsabilidad civil del Estado

La Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado prevé la reparación de daños ocasionados por actos administrativos antijurídicos. La exposición permanente de datos en un registro público podría generar daño moral, perjuicio profesional y riesgo personal para los agentes involucrados.

Responsabilidad penal

En casos de divulgación negligente de datos sensibles podrían analizarse los alcances de:

• el art. 157 del Código Penal (violación de secretos y privacidad),

• el art. 248 (abuso de autoridad o incumplimiento de deberes),
  si se comprobara que la publicación excedió lo estrictamente necesario o se actuó con manifiesta imprudencia.

En todos los supuestos, la responsabilidad alcanza tanto a la Dirección de Recursos Humanos de Gendarmería, que emitió las notificaciones, como al Ministerio de Seguridad, encargado de supervisar las formas, procedimientos y estándares de protección aplicables en la fuerza.

Llamado a revisar protocolos y evitar exposiciones indebidas

Expertos en seguridad remarcan que la publicación de datos identificatorios completos de personal involucrado en tareas operativas contradice principios básicos de protección institucional. Recomiendan adoptar medidas inmediatas:

• Publicación de solo iniciales y DNI parcial.

• Eliminación de referencias penales no indispensables.

• Protocolos estrictos de reserva para personal operativo.

• Revisión de los procedimientos internos de notificación.

• Capacitación en protección de datos para áreas administrativas.

Conclusión

La polémica por la publicación de los datos personales de dos gendarmes en el Boletín Oficial expone una problemática más amplia: la necesidad de que las autoridades de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad compatibilicen el cumplimiento de la normativa administrativa con la protección efectiva de su personal.

El caso abre un debate sobre las obligaciones legales del Estado, los límites de la publicidad de los actos administrativos y la responsabilidad que conlleva la exposición de quienes integran fuerzas federales que diariamente operan frente al delito.

Tensión en el Hospital Churruca: Mujer se encadenó denunciando abandono de persona y corrupción administrativa

El incidente ocurrió en la entrada principal del Complejo Médico Policial "Churruca Visca". La manifestante denuncia falta de insumos básicos, negligencia médica grave hacia su esposo y un presunto esquema de corrupción en la derivación de estudios de alta complejidad.

Buenos Aires – Una situación de extrema tensión se vivió en las últimas horas en el acceso al Hospital Churruca Visca, ubicado en el barrio de Parque Patricios. Una mujer, esposa de un paciente internado en la institución, procedió a encadenarse a las barandas de la entrada principal del edificio en señal de protesta, exponiendo la grave crisis estructural y financiera que atraviesa el centro de salud destinado a la Policía Federal y sus familias.

El reclamo, que rápidamente captó la atención de otros afiliados y personal de seguridad, se centra en el deterioro de la atención médica, la falta de insumos críticos y lo que la denunciante califica como maniobras de corrupción por parte de la dirección del hospital.

Testimonios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

"Casi lo dejaron morir"

Según se desprende de los registros audiovisuales obtenidos en el lugar, la mujer tomó la drástica decisión tras semanas de presunta negligencia en el tratamiento de su esposo. Visiblemente alterada y asegurando las cadenas a la estructura metálica, relató que su marido permaneció en estado crítico debido a la burocracia hospitalaria.

 

"¿Cuál es la necesidad? Que a mi marido lo dejaron casi morir. Le negaron el tomógrafo y ahora estuvo en coma siete días", exclamó la mujer ante la consulta de los presentes.

La denuncia apunta directamente a un presunto manejo fraudulento de los recursos. La manifestante alega que el tomógrafo del hospital no es utilizado intencionalmente para forzar derivaciones a clínicas privadas, sugiriendo un retorno económico para las autoridades del nosocomio.

"Estaba todo podrido porque querían que hicieran un expediente para hacerlo [el estudio] fuera del Churruca. Todavía sigo esperando el turno, porque el choreo del director es: mitad clínica y mitad él. Una vergüenza", sentenció la mujer.

Crisis de insumos y desfinanciamiento

El reclamo expone la realidad de un hospital que enfrenta denuncias sistemáticas de desfinanciamiento. La mujer detalló condiciones inhumanas de internación, indicando la falta de elementos tan básicos como bolsas de colostomía o medicación específica para curaciones.

 

"Lo dejaron el fin de semana que se le revienten las bolsas de caca en la panza porque no había bolsitas supuestamente. Tiene las piernas podridas y le ponen vaselina en vez de Iruxol, porque tampoco hay. No hay nada. Es el choreo del año acá", agregó, denunciando el vaciamiento de la farmacia y los depósitos del hospital.

Apoyo de los afiliados y tensión con seguridad

Mientras la mujer se aseguraba a la baranda, personal de seguridad privada y efectivos policiales se acercaron al lugar, intentando disuadirla. Sin embargo, la protesta recibió el respaldo inmediato de otros pacientes y familiares que se encontraban en la entrada, quienes validaron las acusaciones sobre las demoras excesivas en los turnos.

Una afiliada presente en el lugar intervino apoyando la medida de fuerza: "Todos los afiliados la vamos a apoyar, porque es verdad. Es una vergüenza lo que hacen con nosotros. Roban y los turnos los dan de aquí a enero".

La denunciante también manifestó haber recibido amenazas por parte de familiares de la dirección del hospital al intentar elevar sus quejas, afirmando que buscaron amedrentarla con "llevarla presa".

Contexto institucional

El Hospital Churruca Visca ha sido objeto de múltiples reclamos en el último tiempo. Las acusaciones de la manifestante resuenan con denuncias previas de gremios y asociaciones de familiares que alertan sobre un vaciamiento presupuestario, aparatología fuera de servicio y una gestión que prioriza la tercerización de servicios en detrimento de la capacidad operativa propia del hospital.

Hasta el momento, las autoridades del nosocomio no han emitido un comunicado oficial respecto a la situación particular de este paciente ni sobre las graves acusaciones de corrupción vertidas durante la protesta.

Se reproducen textualmente los fragmentos más relevantes del reclamo ocurrido en la escalinata de ingreso:

• Denunciante: "Le negaron el tomógrafo y ahora estuvo en coma siete días... querían que hicieran un expediente para hacerlo fuera del Churruca (...) El choreo del director es: mitad clínica y mitad él."

• Denunciante: "Tiene las piernas podridas y le ponen vaselina en vez de Iruxol porque tampoco hay. No hay nada."

• Afiliada (testigo): "Todos la vamos a apoyar... a mi marido le descuentan [de sus haberes]... roban y los turnos los dan de aquí a enero."

• Denunciante: "El director... pedía a otro lugar para que se la hagan [la tomografía] y mi marido en la semana se pudrió todo."

 Las autoridades ministeriales ni de la fuerza policial han dado respuesta alguna ante esta creciente y grave situación. Patricia Bullrich dejó el cargo a Alejandra Monteoliva, quién tampoco se manifestó al respecto. Martín Siracusa es el responsable administrativo en el Ministerio de Seguridad Nacional, quién define los salarios los cuales derivan en la los aportes, y tampoco ha dado respuesta por más que frecuentemente aparece en el canal de televisión "La Nación +" hablando de economía como un externo al gobierno.

Desde la superintendencia de bienestar ni el  Comisario Mayor FARA, FAVIO ADRIÁN, ni el Comisario Inspector GRAFF, FABIO HERNAN, ni el Auxiliar Superior de 1a. Dr. FARINA, PABLO han dado respuesta alguna, tampoco el Auxiliar Superior de 2a. CIFUNI, DARIO ADRIAN ni el Comisario Inspector SERENA, MYRIAN CLAUDIA.

Estos reclamos recurrentes tampoco son oidos por el Jefe de la Policía Federal Argentina, el Comisario General Luis Alejandro ROLLE. Este año se suicidó el sargento escribiente Alejandro Tejerina en uno de los baños del complejo hospitalario, luego de no poder recibir atención médica. Dejo cartas explicando la situación. A día de hoy tampoco desde la institución policial ni desde el ministerio se han expresado al respecto.

Mientras todo esto sucede, en una total disociación de la realidad, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni defiende la gestión de Patricia Bullrich durante el cierre de su gestión expresando la "Doctrina Bullrich", en la conferencia de prensa del día de hoy. 

Investigación sobre presuntos conflictos de interés y financiamiento opaco sacude a la AFA y al CEAMSE

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se encuentra bajo escrutinio público y periodístico tras revelarse una presunta red de influencias que vincula la gestión deportiva con cargos estatales y financiamiento de origen incierto. Todo surge tras una exhaustiva investigación de BorderPeriodismo. La controversia se centra en su rol político como presidente del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), cargo al que accedió en 2025 tras ser designado por la administración provincial de Axel Kicillof, luego de haber sido desplazado de la vicepresidencia del mismo organismo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Informes recientes señalan que la estructura del CEAMSE funcionaría como una plataforma de empleo para familiares directos de Tapia y dirigentes del fútbol de ascenso leales a su gestión. Documentos y registros de empleo vincularían a su hijo Matías Tapia, actual presidente de Barracas Central, y a otros directivos como Jorge Milano (Villa Dálmine) y Fabián Lovato (San Telmo) con cargos remunerados dentro del ente estatal de residuos. Esta situación plantea interrogantes sobre un posible conflicto de interés y el uso de recursos públicos para consolidar lealtades dentro de la estructura de la AFA.

Paralelamente, la justicia investiga la trama financiera que sostiene a gran parte de los clubes del fútbol argentino a través de la firma Sur Finanzas. Esta empresa, cuyo titular es Ariel Vallejos, ha experimentado una expansión meteórica, convirtiéndose en patrocinador principal de la Liga Profesional, el torneo de Reserva y clubes como Banfield, Barracas Central y Racing. Vallejos y su antigua firma, NEBLOCKSHAIN, enfrentan investigaciones judiciales por presunta evasión fiscal millonaria, lavado de activos y uso de facturas apócrifas, lo que arroja dudas sobre la legitimidad de los fondos inyectados en el deporte.

La investigación también traza conexiones políticas en el municipio de Lomas de Zamora, lugar de origen de Sur Finanzas. Se han documentado vínculos entre la financiera y el entorno del ex intendente Martín Insaurralde y el actual intendente Federico Otermín. Las denuncias sugieren que la empresa habría mantenido relaciones contractuales con el municipio, incluyendo servicios de transporte de caudales, y habría recibido promoción por parte de funcionarios locales, evidenciando una posible triangulación entre el poder político del conurbano, el financiamiento privado bajo sospecha y la dirigencia deportiva.

Este entramado expone una compleja red donde convergen los intereses de la AFA, el manejo de fondos estatales del CEAMSE y operaciones financieras investigadas por la justicia. Mientras avanzan las causas sobre evasión y lavado de dinero contra Sur Finanzas, la acumulación de poder de Tapia, sostenida por estas tres "patas" (fútbol, política y finanzas), enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia institucional y el destino de los fondos que nutren al fútbol campeón del mundo.