Colapso estructural en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz pone en relieve la crisis de infraestructura penitenciaria

El desprendimiento de una torre de vigilancia en el Complejo Penitenciario Federal N° 2 evidencia el estado de precariedad edilicia y los riesgos de seguridad que enfrentan los agentes federales dependientes del Ministerio de Seguridad.

Una serie de imágenes registradas en el Complejo Penitenciario Federal de Máxima Seguridad Nro. 2 de Marcos Paz han generado alarma sobre el estado de las instalaciones penitenciarias en el país. Las fotografías confirman el derrumbe parcial de una de las torres de vigilancia elevadas, una estructura crítica para el control y la seguridad perimetral de la unidad.

Crónica de un colapso anunciado

La situación fue dada a conocer públicamente a través de la red social X por el abogado y periodista especializado en judiciales, Gabriel Iezzi, junto al usuario Pablo Sebastián Giles. Las imágenes expuestas muestran una de las garitas de vigilancia con su base estructural desfondada y paneles de revestimiento colgando, dejando el puesto de guardia totalmente inoperativo y en riesgo de derrumbe total.

 

En la base de la torre, los escombros acumulados —que incluyen restos de la plataforma, aislantes y hasta un equipo de refrigeración destrozado— confirman que el desprendimiento se produjo por falta de mantenimiento y fatiga de materiales.

La presencia de un baño químico en el exterior refuerza la hipótesis de una degradación funcional prolongada, donde los agentes federales deben cumplir sus tareas en condiciones mínimas de salubridad y seguridad física.

El factor de la precariedad federal

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de profunda precariedad que atraviesan las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. La falta de inversión en infraestructura de máxima seguridad plantea dos frentes de crisis:

1. Vulnerabilidad Operativa: Una torre fuera de servicio debilita el anillo de seguridad de un complejo que alberga a delincuentes de alta peligrosidad, incluidos líderes del narcotráfico y el crimen organizado.

2. Riesgo Laboral: El personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se ve obligado a desempeñar funciones en estructuras que no garantizan la integridad física básica, exponiéndose a accidentes por fallas edilicias que son, en última instancia, previsibles.

Falta de respuestas oficiales

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un comunicado oficial detallando el plan de contingencia o las razones por las cuales una estructura en un centro de "Máxima Seguridad" ha llegado a tal nivel de abandono.

La ministra de seguridad Alejandra Monteoliva no ha dado respuesta sobre esta grave denuncia, tampoco Julián Marcelo Curi que es el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, situación que pone en peligro directo al personal de las fuerzas federales. Tampoco ha emitido un comunicado oficial el Director del Servicio Penitenciario Federal Inspector General Lic. Fernando Martínez.

La denuncia pública de Iezzi y Giles pone de manifiesto la desconexión entre el discurso de rigor en la política criminal y la realidad material de las cárceles, donde la obsolescencia de los recursos tecnológicos y estructurales parece ser la norma y no la excepción.

Irregularidad en Designación de Alto Cargo Pone en Cuestionamiento la Transparencia del Empleo Público

La reciente designación de Francisco Iraola como Director General de Programas de Gobierno de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, mediante la Resolución 27/2026, ha generado severas críticas y encendido alarmas sobre el respeto a los procedimientos establecidos para el ingreso a la administración pública. La medida, firmada por la secretaria Karina Elizabeth Milei, evidencia una serie de irregularidades que, según expertos consultados, comprometen principios constitucionales y legales fundamentales.

Elusión del Concurso Público Obligatorio

El núcleo de la controversia reside en que el cargo, de nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I del SINEP, fue cubierto de forma directa y "transitoria", sin mediar el concurso público de antecedentes y oposición que exige la normativa vigente. El artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP (Decreto Nº 2098/08) establece con claridad los sistemas de selección. La propia Resolución, en su Artículo 2°, reconoce esta obligación, señalando que el cargo "deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes", pero pospone este mandato por 180 días hábiles.

Prorroga como Mecanismo de Evasión Normativa

La designación, efectiva desde el 1° de diciembre de 2025, se realiza por un plazo de 180 días hábiles. Esta práctica de utilizar designaciones "transitorias" de larga duración para cargos de planta permanente configura un mecanismo de elusión de los concursos. Tal proceder contraviene el espíritu de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (Ley N° 25.164) y sus principios de publicidad, igualdad y mérito, y podría constituir un abuso de autoridad por parte de los funcionarios que la avalan, al utilizar figuras excepcionales para vaciar de contenido las reglas generales.

Excepción Indebida a Requisitos Mínimos y Vulneración Constitucional

El Artículo 1° de la Resolución autoriza expresamente esta designación "con carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo 14°" del Convenio del SINEP. Esta excepción se fundamenta en el inciso b) del artículo 2° del Decreto Nº 1148/24, que permite designaciones transitorias para unidades organizativas incorporadas al Nomenclador de Funciones Ejecutivas. Sin embargo, expertos en derecho administrativo sostienen que esta habilitación reglamentaria no puede soslayar el mandato constitucional de idoneidad para el cargo público (artículo 16, inciso 2, de la Constitución Nacional), que se materializa precisamente a través del concurso.

Degradación de la Seguridad Jurídica y Fomento de la Anomia

Este tipo de actos administrativos erosiona gravemente la seguridad jurídica, principio básico del Estado de Derecho. Las normas dejan de ser predecibles y se aplican de manera discrecional, generando un clima de incertidumbre e injusticia para aquellos ciudadanos que aspiran a ingresar a la administración por los cauces regulares. Se fomenta así la anomia, donde la desconfianza en las reglas escritas lleva a su desprecio práctico, debilitando el respeto por las instituciones democráticas.

Responsabilidades por Acción y Omisión

El foco de la crítica no se limita al designado, sino que se extiende a las autoridades que, por acción u omisión, avalaron este proceso. La Resolución emana de la Secretaría General a cargo de Karina Milei, y requirió la intervención previa de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La falta de objeción por parte de estas áreas legales y de control interno plantea serios interrogantes sobre su rol de garantes de la legalidad.

Potenciales Responsabilidades Penales y Administrativas

La conducta descripta podría configurar diversos tipos de responsabilidad. Administrativamente, podría encuadrarse en incumplimiento de los deberes del funcionario público, sujeto a sanciones disciplinarias. Penalmente, dependiendo de la existencia de dolo y de otros elementos, podrían analizarse figuras como abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) o incluso administración fraudulenta (artículo 261 del CP), si se demuestra que la designación causó un perjuicio económico al erario público o se realizó con intención de eludir la ley.

Un Patrón que Alarma

La Resolución 27/2026 no es un caso aislado, sino que parece integrar un patrón de utilización de decretos de necesidad y urgencia y resoluciones administrativas (como los Decretos 958/24, 1148/24 y 793/25 citados en los considerandos) para crear marcos de excepción que faciliten el nombramiento discrecional de personal. Este mecanismo socava los sistemas de carrera y profesionalización del Estado, reemplazándolos por lógicas de lealtad política.

Conclusión: Un Llamado a la Defensa de las Instituciones

La designación de Francisco Iraola, tal como fue instrumentada, constituye un caso testigo de prácticas que degradan la calidad institucional. Subvierte el principio de igualdad de oportunidades, menoscaba la independencia del servicio civil y envía un mensaje nocivo sobre el valor del mérito y la transparencia en la función pública. Exige una respuesta clara de los organismos de control, como la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación (entes creados por la Ley de Administración Financiera N° 24.156, también citada en la norma), y del Congreso Nacional, para reafirmar que el Estado de Derecho se sustenta en el respeto irrestricto a las normas por parte de quienes tienen el deber de hacerlas cumplir.

La brecha se profundiza: La crisis salarial en las Fuerzas Armadas y el desfasaje con la realidad económica

La reciente publicación de la Resolución Conjunta 1/2026, refrendada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, ha oficializado la nueva escala de haberes para el Personal Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales. Si bien la medida administrativa, con fecha del 23 de enero, busca actualizar los ingresos tras una evaluación escalafonaria, los montos fijados con vigencia retroactiva a diciembre de 2025 exponen una severa degradación del poder adquisitivo del sector, consolidando una crisis salarial que ubica a la inmensa mayoría de los efectivos drásticamente por debajo de los indicadores económicos de referencia en la Argentina.

El dato más contundente surge al contrastar las nuevas grillas con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que a noviembre de 2025 se situó en $ 1.611.851,61. La distancia entre este indicador y los haberes militares es alarmante. Un Voluntario de 2da. o Marinero de 2da., que constituye la base de la pirámide de la tropa, percibirá un haber mensual de apenas $ 622.720. Esto representa aproximadamente el 38% del salario promedio de la economía formal, una brecha que empuja a gran parte del personal subalterno a situaciones de extrema vulnerabilidad económica.

La situación se torna aún más crítica al analizar los haberes de la Policía de Establecimientos Navales. La nueva escala determina que un Agente de Segunda percibirá un total de $ 343.686 a partir de diciembre. Este monto equivale a tan solo el 21% del RIPTE, una cifra que difícilmente cubre la canasta básica familiar y que coloca a los agentes de seguridad muy cerca de la línea de indigencia. Incluso en los mandos medios de este escalafón, como un Oficial Ayudante, el salario apenas alcanza los $ 433.557, evidenciando un deterioro profundo en la retribución de quienes custodian objetivos estratégicos.

El análisis de la estructura jerárquica revela que el colapso de los ingresos no es exclusivo de los grados inferiores, sino que afecta la carrera en su totalidad. Un Suboficial Mayor, el grado máximo al que puede aspirar un suboficial tras décadas de servicio y especialización, alcanzará un haber de $ 1.433.055. Es decir, ni siquiera la máxima jerarquía de los suboficiales logra empatar el promedio de ingresos de los trabajadores estables del país. Esta realidad genera una distorsión que desincentiva la permanencia en la fuerza y provoca la fuga de personal calificado hacia el sector privado.

En este proceso de licuación salarial, la responsabilidad institucional recae de manera directa sobre la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, siendo Enrique Pinedo el responsable del área que coordina esta comisión. Este organismo, encargado de validar técnicamente las recomposiciones, ha dado su aval a una estructura de ingresos que ignora la especificidad, la dedicación exclusiva y el riesgo inherente a la profesión militar. Su intervención en el expediente confirma una decisión estatal de mantener los haberes de la Defensa y la Seguridad como variable de ajuste fiscal, desoyendo las necesidades básicas de los uniformados.

Las autoridades políticas que suscriben el documento y asumen la responsabilidad de esta política son el Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, y el Teniente General Carlos Alberto Presti, quien firma por la cartera de Defensa. Asimismo, la elaboración técnica de los anexos cuenta con la intervención de Néstor Luque, Director General de Presupuesto del Ministerio de Defensa. La participación conjunta de estas autoridades evidencia que la política salarial implementada responde a una coordinación entre las áreas fiscales y de defensa, donde la prioridad del equilibrio presupuestario se ha impuesto sobre el bienestar del recurso humano.

Los riesgos de que el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad perciba ingresos de subsistencia son múltiples y de gravedad estratégica. En primer lugar, se fomenta el pluriempleo de manera descontrolada, obligando al personal a buscar trabajos secundarios para poder subsistir. Esto reduce drásticamente su capacidad de adiestramiento, su descanso y su disponibilidad operativa. Un militar exhausto por cumplir jornadas laborales externas no puede responder con la eficiencia requerida ante una emergencia nacional o un conflicto armado.

En segundo lugar, la precariedad salarial en funciones de seguridad y defensa abre la puerta a vulnerabilidades institucionales severas. Cuando los encargados de custodiar el patrimonio nacional, las fronteras o los arsenales cobran sueldos que rozan la indigencia —como es el caso de los agentes que perciben poco más de $ 340.000—, aumenta exponencialmente el riesgo de que organizaciones criminales intenten cooptar a los eslabones más débiles de la cadena de mando, poniendo en jaque la seguridad interior y la defensa nacional.

Otro impacto directo y devastador de esta política es la desfinanciación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Dado que los aportes a la obra social son un porcentaje directo del haber mensual, sueldos deprimidos significan una recaudación insuficiente para sostener las prestaciones médicas de alta complejidad. Esto se traduce en una caída en la calidad de la atención sanitaria para el personal y sus familias, quienes ven restringido su acceso a la salud en un contexto de alta inflación en medicamentos y servicios médicos.

De igual manera, el sistema de retiros y pensiones sufre un golpe directo. Los haberes de retiro están atados a la movilidad de los sueldos del personal en actividad; por lo tanto, esta escala salarial condena a los retirados y pensionados a percibir ingresos insuficientes tras toda una vida de servicio a la Nación. La actualización decretada, lejos de ser una mejora, confirma que los pasivos continuarán perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación real, afectando su calidad de vida en la tercera edad.

Finalmente, esta Resolución Conjunta expone la tensión política no resuelta entre las carteras de Economía y Defensa. Mientras Economía busca consolidar el superávit fiscal mediante la contención del gasto público, el Ministerio de Defensa, al aceptar estas tablas salariales, cede en su responsabilidad indelegable de velar por la moral y el sostenimiento de las tropas. La decisión de fijar estos montos a partir de diciembre de 2025, sin un plan de recomposición que acerque los salarios al RIPTE, augura un año 2026 de alta conflictividad latente y baja operatividad para el instrumento militar argentino.

Designación de militante sin requisitos técnicos expone contradicciones en el empleo público

La reciente prórroga de la designación de Rocío Ángeles Julieta Gómez, una joven de 22 años que se desempeña en la Secretaría General de la Presidencia, ha suscitado una fuerte controversia administrativa y política. Gómez, quien ocupa el cargo de "Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales" bajo la órbita de Karina Milei, percibe una remuneración mensual superior a los 2,2 millones de pesos, una cifra que contrasta notablemente con los ingresos de otros sectores profesionales del Estado.

Según la información administrativa revelada, la funcionaria no cuenta con la formación académica ni la experiencia previa que el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) requiere para un puesto de tal jerarquía. Su trayectoria laboral conocida se limita a su participación como fiscal de mesa para La Libertad Avanza en las elecciones de 2023. Sin embargo, en abril de 2025 fue incorporada a la estructura gubernamental sin atravesar un concurso de oposición y antecedentes, mecanismo habitual para garantizar la competencia técnica en el Estado.

El desglose de su salario evidencia una ingeniería administrativa particular. Si bien por su nivel escalafonario le correspondería un sueldo básico cercano al millón de pesos, la Secretaría General autorizó una "excepción" que le otorga un suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV. Esta decisión, firmada por la autoridad máxima del área, permitió duplicar sus haberes, alcanzando la cifra de $2.274.263,46, monto que se ajusta automáticamente con las paritarias del sector.

Este caso pone de manifiesto el concepto de corrupción por incumplimiento de idoneidad. En la ética pública, la corrupción no se limita únicamente a la malversación de fondos, sino que incluye la aceptación y el ejercicio de cargos para los cuales no se posee la cualificación técnica necesaria. Aceptar una responsabilidad estatal sin la preparación adecuada implica no solo una falta ética, sino un potencial perjuicio a la eficiencia de la administración pública, financiada por los contribuyentes.

La situación resulta paradójica frente al discurso público de la propia funcionaria. Meses antes de su nombramiento, Gómez fue registrada en un video defendiendo la educación pública como motor de una "sociedad meritocrática, de esfuerzo y de trabajo". No obstante, su ascenso administrativo no parece responder a estos valores, sino a una lógica de premiación a la lealtad partidaria y al activismo en redes sociales, eludiendo los filtros de capacidad profesional que se exigen al resto de la ciudadanía.

La disparidad salarial profundiza el malestar social. Mientras la coordinadora percibe más de dos millones de pesos por tareas de "seguimiento", profesionales esenciales para el funcionamiento del país reciben remuneraciones significativamente menores. Un médico clínico promedio, una maestra con una década de antigüedad o un agente de policía perciben, en muchos casos, menos de la mitad o incluso un tercio de lo que cobra la joven funcionaria, lo que distorsiona la escala de responsabilidades y retribuciones del sector público.

El caso de Gómez no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón que analistas señalan como nepotismo y clientelismo político. El nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares, amigos o allegados políticos, sin tomar en cuenta la competencia profesional. En este contexto, la administración parece haber abierto las puertas a una estructura de "militantes rentados" que ocupan cargos jerárquicos como recompensa por su labor proselitista o digital.

Otros nombramientos recientes refuerzan esta observación. Figuras conocidas en el ámbito de las redes sociales y el activismo digital oficialista han sido designadas en áreas sensibles como la Dirección Nacional de Comunicación Digital o la empresa estatal Intercargo. Al igual que en el caso de Gómez, muchos de estos funcionarios carecen de antecedentes en gestión pública, lo que sugiere que la cercanía al círculo de poder prima sobre la idoneidad técnica.

La reiteración de estas prácticas, que incluyen la designación de familiares directos y parejas de referentes políticos en diversas dependencias estatales, contradice las promesas de austeridad y profesionalización del Estado esgrimidas durante la campaña electoral. La utilización de excepciones administrativas para justificar sueldos ejecutivos a personal sin experiencia debilita la confianza en las instituciones y en la transparencia del gasto público.

En conclusión, la permanencia de Rocío Gómez en su cargo, avalada por las máximas autoridades, expone una tensión entre el discurso oficial contra la "casta" y la realidad de la gestión diaria. La normalización de la falta de idoneidad y el favorecimiento de lealtades personales sobre el mérito profesional plantean serios interrogantes sobre la calidad institucional y el uso responsable de los recursos del Estado.

Vía: DATA24 / Augusto Grinnner

Designaciones por excepción en áreas críticas de Seguridad y Defensa

Las recientes publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina han encendido las alarmas sobre la metodología de contratación y ascenso de funcionarios en carteras estratégicas. A través de designaciones excepcionales y decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo ha logrado sortear los controles y requisitos que la ley exige para el ejercicio de la función pública.

En el Ministerio de Seguridad Nacional, se ha detectado la continuidad de funcionarios en cargos de alta jerarquía, como la Dirección de Logística -mediante la Resolución 70/2026-, que no cuentan con los títulos profesionales requeridos por el Sistema Nacional de Empleo Público. Estas personas acceden a sus puestos mediante la figura de la "autorización excepcional", un mecanismo pensado para casos aislados que hoy parece haberse convertido en la norma. La resolución es firmada por Alejandra Susana Monteoliva.

La elusión de la normativa vigente se manifiesta mediante prórrogas sistemáticas que permiten a estudiantes o personas sin la idoneidad técnica certificada gestionar recursos críticos del Estado. Este proceder ignora los perfiles profesionales que el propio Ministerio promueve a través del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA), priorizando la lealtad política sobre la formación académica.

Este patrón de gestión no se limita a mandos medios, sino que escala hasta la cúpula del Ministerio de Defensa. En una decisión reciente, el Gobierno utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -Decreto 34/2026- para modificar la Ley de Personal Militar, permitiendo que el Teniente General Carlos Alberto Presti asuma como ministro sin necesidad de abandonar el servicio activo en el Ejército.

Este decreto figura firmado por "MILEI - Manuel Adorni - Diego César Santilli - Pablo Quirno Magrane - TG Carlos Alberto Presti - Luis Andres Caputo - E/E Alejandra Susana Monteoliva - Alejandra Susana Monteoliva - Mario Iván Lugones - E/E Federico Adolfo Sturzenegger - Federico Adolfo Sturzenegger", así es: Presti es el mismo que se beneficia de lo que firma.

El uso de un DNU para este fin es visto como una maniobra de evasión del debate parlamentario, donde debería discutirse la conveniencia de que un militar en actividad ocupe un cargo político. Al evitar el paso por el Congreso, el Ejecutivo diseña un "traje a medida" que altera las leyes orgánicas de la Nación para beneficiar a un individuo específico.

La relación entre ambas noticias expone una preocupante desprofesionalización de la administración pública nacional. Mientras en una cartera se permite que personal no calificado ocupe direcciones técnicas, en la otra se reforma la ley de fondo para concentrar poder militar y político en una misma figura, borrando los límites éticos y legales tradicionales.

Expertos en derecho administrativo advierten que estos actos, aunque revestidos de una capa de legalidad mediante decretos, podrían considerarse ilícitos por desvío de poder. La normativa estatal establece que los cargos deben ser ocupados por las personas más idóneas según el ordenamiento jurídico, y no mediante la adaptación constante de la ley a los nombres propios.

Esta estrategia de "gobernar por excepción" genera un precedente peligroso para la carrera administrativa. Al otorgar cargos de responsabilidad logística o estratégica a personas que aún no han culminado sus estudios superiores, se envía un mensaje de desincentivo a los miles de funcionarios de carrera que sí cumplen con los requisitos legales para ascender.

Desde el punto de vista institucional, la acumulación de estas irregularidades configura una gestión que evade los controles de idoneidad y transparencia. La discrecionalidad en los nombramientos termina afectando la eficacia de la gestión pública, ya que la toma de decisiones críticas queda en manos de la "rosca política" en lugar de cuadros técnicos formados.

En conclusión, los movimientos registrados esta semana en el Boletín Oficial confirman una tendencia del Gobierno a instrumentalizar las herramientas legales para eludir las restricciones democráticas. La adaptación de leyes y la flexibilización de requisitos parecen ser, hoy en día, la moneda corriente para asegurar el control político en áreas sensibles para la seguridad nacional.