La pérdida de poder operativo de la policía y su impacto en la seguridad pública

Un reciente caso ocurrido en Buenos Aires volvió a exponer una problemática estructural en el sistema de seguridad y justicia: la pérdida de autonomía operativa de las fuerzas policiales frente a las decisiones judiciales.

El hecho tomó estado público tras la denuncia de una mujer, Michelle Imán Schmukler, que relató cómo un vecino la amenazó con un arma de fuego mientras profería insultos antisemitas. Según su testimonio, al acudir a la comisaría para denunciar lo ocurrido, la respuesta del fiscal de turno fue limitar la actuación policial a la entrega de un botón antipánico. “Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé y su mamá y nadie lo detiene. El agresor está en su casa mirando Netflix como si nada hubiese pasado”, declaró la víctima.

Este episodio evidencia una tensión creciente entre las competencias judiciales y las facultades policiales. En la práctica, la policía se ha convertido en un mero ejecutor de las decisiones de fiscales y jueces, perdiendo la capacidad de actuar con criterio propio ante situaciones de riesgo inmediato. Cuando las órdenes judiciales son erróneas o insuficientes, las fuerzas terminan asumiendo la responsabilidad operativa y política de los resultados.

Expertos en seguridad advierten que esta situación deteriora la eficacia del sistema y debilita la confianza social en las instituciones. Al quedar sujeta a directivas externas, la policía pierde legitimidad para intervenir con rapidez y prevenir hechos violentos. En paralelo, la falta de coordinación entre las instancias judiciales y las fuerzas de seguridad genera un vacío operativo que favorece la impunidad.

En este contexto, el caso de la vecina amenazada no solo refleja una agresión individual sino un síntoma más profundo: un sistema en el que los mecanismos de control judicial, lejos de garantizar mayor justicia, terminan desarticulando la respuesta inmediata del Estado ante el delito. La consecuencia es una sensación generalizada de indefensión ciudadana y de desprotección institucional hacia quienes deben garantizar la seguridad pública.

A 50 años de la “Operación Primicia”: el asalto a Formosa que marcó un antes y un después en la violencia política argentina

El 5 de octubre de 1975, durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón (conocida públicamente como Isabel Perón), la organización Montoneros llevó a cabo la mayor acción militar de su historia conocida como “Operación Primicia”: el asalto al Regimiento de Infantería de Monte N.º 29, con asiento en la periferia de la ciudad de Formosa. El combate —de aproximadamente media hora según relatos contemporáneos y posteriores— quedó grabado en la memoria local y nacional por su violencia, por la participación de fuerzas regulares y guerrilleras y por el saldo humano que dejaron aquel domingo de octubre.

La operación fue compleja y combinó varias fases: el secuestro de un Boeing 737-200 de Aerolíneas Argentinas (Vuelo 706) desde Aeroparque —con más de un centenar de pasajeros a bordo—, el copamiento del aeródromo formoseño El Pucú para facilitar la salida y la huida, y el asalto simultáneo al cuartel con el objetivo declarado de apoderarse de armamento. Los comandos emplearon un avión secuestrado y, según fuentes contemporáneas y de investigación histórica, también un avioneta Cessna para facilitar la retirada. 

Un día como hoy en 1975, la organización terrorista Montoneros atacaba el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, secuestraba un avión en vuelo de Aerolíneas y tomaba el aeropuerto El Pucú de Formosa con el objetivo de sembrar terror y muerte durante un gobierno… pic.twitter.com/uUd7h47q5L

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 5, 2025

La planificación incluyó inteligencia previa y la infiltración de un conscripto: Luis Roberto Mayol, oriundo de Santa Fe, figura identificada por fuentes militares y periodísticas como el “entregador” que abrió los accesos al regimiento y facilitó el ingreso de los comandos —varias camionetas cargadas con combatientes— a las instalaciones militares, que comprendieron la Compañía Comando, el casino de suboficiales, las cuadras de conscriptos y los depósitos de armas. Los atacantes, según publicaciones de la época y de Montoneros, se dividieron en grupos y vistieron uniformes que buscaron mimetizar su presencia.

La defensa del cuartel fue encabezada por oficiales, suboficiales y conscriptos jóvenes, muchos de ellos formoseños. El nombre que quedó como símbolo de esa resistencia fue el del soldado Hermindo “Negro” Luna, cuyo testimonio colectivo y los relatos de sus compañeros consignan la célebre respuesta: “¡Acá no se rinde nadie, mierda!”, antes de recibir heridas mortales. El episodio de Luna (herido de gravedad y asistido por camaradas hasta su muerte) fue consignado en actas, crónicas y en la memoria pública provincial y nacional como emblema de la defensa del grupo de conscriptos.

Las cifras del balance difieren según las fuentes y siguen siendo motivo de debate historiográfico: versiones periodísticas y compilaciones hablan de alrededor de una veintena de muertos —la cifra que suele repetirse es la de 24 víctimas en total (con balances que proponen 12 por cada lado)—, mientras que otros recuentos oficiales o posteriores registran variaciones (por ejemplo, listados que consignan 13 militares y 16 atacantes en determinadas crónicas). 

Entre los nombres de las fuerzas armadas fallecidas figuran el Subteniente Ricardo Massaferro, el Sargento Víctor Sanabria y los soldados Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos (o Ávalos según fuentes), José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna; entre las víctimas identificadas del bando montonero aparecen, según listas públicas y trabajos periodísticos, Luis Roberto Mayol, Reinaldo (Ramón José) Briggiler, Juan Sebastián Hernández, Saúl Mario Kobrinsky, Jorge Alberto Livieres Banks, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero y José Daniel Graziano, entre otros. También hubo civiles y, en el copamiento del aeropuerto, la muerte de un agente policial. 

Los distintos conteos y la existencia de fosas, entierros colectivos y desapariciones posteriores hicieron que el detalle exacto de bajas y responsabilidades fuera objeto de investigaciones, reclamos judiciales y controversias políticas en las décadas siguientes.

El impacto político e institucional fue inmediato: la “Operación Primicia” se inscribió en 1975 dentro de un pico de violencia política que combinó acciones de guerrilla, atentados con explosivos, secuestros y una respuesta cada vez más militarizada del Estado (en paralelo a operaciones como el Operativo Independencia en Tucumán). Al día siguiente del asalto se dictaron medidas ejecutivas con fuerte perfil represivo a nivel nacional, y en el plano político el episodio profundizó las decisiones de mano dura y la escalada entre actores que, meses después, desembocarían en la ruptura institucional de marzo de 1976. Historiadores y archivos oficiales señalan que el hecho fue interpretado por muchas áreas del Estado como la prueba de la “militarización” definitiva del conflicto interno.

Las consecuencias legales y administrativas se extendieron durante décadas: el Parlamento y los distintos gobiernos debatieron y, finalmente, el Estado nacional dictó medidas de reconocimiento e indemnización para familiares y heridos, culminando con la publicación de la Resolución 1023/2024 del Ministerio de Defensa —publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2024— que fijó pautas para la reparación económica de víctimas y herederos derivados del ataque al Regimiento 29. Ese reconocimiento administrativo fue recibido con alivio por algunos familiares y con reproches y denuncias por parte de otros: la hermana de Hermindo Luna, Jovina Luna —quien encabezó durante años reclamos públicos por reconocimiento, investigó pagos y presentó denuncias— falleció el 19 de junio de 2021; su lucha dejó abiertas discusiones sobre quiénes y cómo recibieron indemnizaciones y sobre la necesidad de preservar memoria y verdad sobre lo ocurrido.

Cincuenta años después, el ataque al Regimiento 29 sigue siendo un punto de fricción en la memoria argentina: las conmemoraciones militares, los homenajes a los caídos y los actos oficiales conviven con investigaciones periodísticas, con reclamos de familiares por justicia y clarificación de hechos, y con debates sobre cómo enseñar ese pasaje en las escuelas. La historiografía contemporánea no solo reconstruye la operación en su dimensión militar, sino que también examina sus consecuencias políticas y humanas —las víctimas, los enterramientos, las indemnizaciones y las respuestas del Estado— en un periodo que, por la acumulación de violencia, terminó transformando profundamente la historia institucional del país.

Revelan lazos corporativos y aportes de campaña entre empresas familiares y el círculo cercano al Gobierno

Una reciente investigación de Border Periodismo, ha expuesto una red de vínculos societarios y financieros que conectan a un grupo de empresas privadas con figuras clave del entorno presidencial. El análisis se centra en tres firmas del rubro inmobiliario y agropecuario—Zefico SA, Camalu, y Pejotace —todas ellas propiedad de la familia Costa, cuyos accionistas mayoritarios son Pablo J. Costa y Lucas Costa, junto a María Costa y Carmen Costa.

Las tres empresas comparten un mismo domicilio legal en Av. Santa Fe 1358, una dirección que históricamente ha sido asociada a las oficinas de la familia Caputo. El nexo legal de estas compañías se formalizó, en parte, a través del escribano José Domingo Mangone, quien participó en la constitución y las modificaciones de sus directorios.

El vínculo más directo con el poder ejecutivo se establece a través de los hermanos Caputo. El asesor presidencial Santiago Caputo figura como el único empleado de Zefico SA, con un registro laboral iniciado en enero de 2024. Esta relación se enmarca en un contexto de escrutinio financiero, ya que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) generó un reporte sobre Zefico SA por la detección de un movimiento de 800.000 dólares que despertó sospechas de un posible lavado de activos.

Por su parte, Francisco Caputo mantiene una relación de dependencia con otra de las firmas, Camalu. Francisco Caputo también es coordinador y coach de la Fundación Faro, una entidad dedicada a la promoción de ideas y la batalla cultural que apoya al gobierno. En el ámbito político, los registros oficiales de Aportes Declarados revelan una contribución de 3 millones de pesos por parte de Lucas Costa. Este aporte, concretado el 18 de julio de 2025 mediante transferencia bancaria, fue destinado a la fuerza política La Libertad Avanza de Formosa.

Crisis en las Fuerzas Armadas: denuncias de bajos salarios, falta de financiamiento y pérdida de personal

La situación de las Fuerzas Armadas argentinas vuelve a estar en el centro del debate público. Un video difundido en redes sociales expuso la preocupación creciente por la falta de personal y las dificultades para sostener la carrera militar en un contexto de bajos salarios y escaso financiamiento estatal.

Según testimonios de soldados y suboficiales, el principal problema radica en las condiciones económicas. “Soy soldado, cobro 560.000 y tengo compañeros que cobran 490.000. Hay suboficiales con más de 12 años de servicio que no llegan al millón y tienen que vender pan casero o salir en bicicleta a hacer pedidos”, señaló un efectivo en actividad. Otros añadieron que muchos militares optan por empleos en el sector privado, donde encuentran mejores ingresos y condiciones laborales.

El desfinanciamiento aparece como otro factor estructural. Argentina destina alrededor del 0,5% del PBI a defensa, una cifra considerada insuficiente frente a estándares internacionales. Del presupuesto asignado, un alto porcentaje se concentra en sueldos, mientras que el equipamiento y la modernización de las fuerzas quedan relegados. “Hoy está todo más o menos bien, pero lo que pasó en Ucrania muestra que la situación puede cambiar rápido. Es necesario elevar el gasto a por lo menos un 2% del PBI y reconstruir cada rama de las Fuerzas Armadas”, expresó un comentarista.

En este marco, algunos compararon la situación local con programas implementados en Estados Unidos, donde el servicio militar incluye beneficios sociales como asistencia para la compra de vivienda y apoyo en la formación universitaria. “Allí se considera uno de los planes de asistencia más exitosos de su historia”, se destacó.

La problemática también remite a un trasfondo histórico. En las últimas décadas, el número de efectivos disminuyó drásticamente: de unos 300.000 en el pasado a cerca de 80.000 en la actualidad. Un exconscripto de Zapala recordó los casos de Omar Carrasco (1994) y Pablo Jesús Córdoba (2023), ambos fallecidos en el mismo regimiento, y reclamó una “depuración severa” tanto en el Ejército como en la política.

Más allá de las estadísticas, la percepción de quienes integran las filas militares refleja una sensación de desánimo. “Yo soy Granadero y cobro 600.000 por mes, nuestra honra social está quebrada”, escribió un uniformado. Otro, con cuatro años de servicio, afirmó: “No hay futuro, me voy a una empresa de seguridad privada donde gano 1,6 millones y tengo un mejor ambiente de trabajo”.

El denominador común en los testimonios es claro: la dificultad de sostener una vida familiar y un proyecto de futuro con los ingresos actuales. “En todo esto lo único que importa es la plata, sin plata uno no vive. Muchos estamos porque nos gusta, pero también porque no tenemos otra oportunidad de trabajo”, sintetizó un soldado.

La discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Argentina, sus condiciones laborales y el eventual retorno del servicio militar obligatorio se reabre en un escenario donde la falta de financiamiento y la pérdida de personal plantean interrogantes sobre la capacidad del país para garantizar su defensa y seguridad a largo plazo.

Presuntas Irregularidades en Gastos de la Administración Bonaerense Bajo la Gestión de Axel Kicillof

Tras una investigación de Border Periodismo, La administración de la provincia de Buenos Aires, encabezada por el gobernador Axel Kicillof, se encuentra bajo escrutinio por una serie de gastos y licitaciones considerados "polémicos", principalmente en los meses previos a las elecciones.

 

Las denuncias, que abarcan desde el mantenimiento de aeronaves hasta la reparación de la flota automotriz oficial y refacciones en inmuebles, sugieren posibles sobreprecios y manejos discrecionales de fondos públicos.

El Polémico Mantenimiento de una Aeronave Beechcraft B200

Una de las principales controversias se centra en el mantenimiento de una aeronave Beechcraft B200, cuya adquisición en 2022 por parte del entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, generó considerable debate público. El avión, valuado en más de 7 millones de dólares según fuentes periodísticas de la época, fue destinado al traslado de funcionarios. Apenas tres años después de su compra, se destinaron 14.000 dólares para el arreglo de la pantalla MFD (Multi-Function Display), un componente crucial para la operatividad de la aeronave.

La licitación para esta reparación fue adjudicada a la empresa Redmec S.A., un nombre que, según el informe, estaría bajo investigación por parte del Ministerio de Defensa de la Nación, liderado por Luis Petri, por presuntas irregularidades en el manejo de repuestos y recursos. La situación plantea interrogantes sobre la elección de proveedores y la relación con empresas investigadas por el estado.

Elevados Costos en Refacciones de Inmuebles Estatales

La auditoría de gastos se extiende a refacciones en propiedades provinciales:

• Local Sanitario en CABA: Una licitación por 85 millones de pesos fue aprobada para el arreglo y mantenimiento de un "local sanitario" (presumiblemente baños) en una delegación de la provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El elevado monto para este tipo de refacción ha generado sorpresa y cuestionamientos sobre la justificación del gasto.

• Ex Hogar Carrillo en La Plata: Se destinaron 600 millones de pesos para servicios de impermeabilización y refacción de techos y cubiertas en el predio del ex Hogar Carrillo, en La Plata. El video señala que este espacio, antes dedicado a la niñez, será reconvertido en oficinas para personal administrativo del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNÍA), lo que suscita críticas por la priorización de infraestructura burocrática sobre las necesidades directas de los niños y adolescentes.

Reparaciones Cuestionables en la Flota de Vehículos Oficiales

La flota automotriz del gobierno provincial también ha sido objeto de gastos significativos y cuestionados:

• Volkswagen Golf: Dos vehículos Volkswagen Golf (modelos 2016 y 2018) requirieron reparaciones de embrague y volante bimasa del motor por un total de 13,2 millones de pesos. Según el análisis presentado, el costo de los repuestos (aproximadamente 900.000 pesos para ambos vehículos) dista considerablemente del monto final facturado, sugiriendo un sobreprecio exorbitante en la mano de obra. La licitación fue ganada por Vicente Zingaro e Hijos, una concesionaria oficial de Volkswagen, lo que, irónicamente, debería garantizar precios más competitivos.

• Otros Ocho Vehículos: Se destinaron 57 millones de pesos para la reparación de otros ocho vehículos, que incluyen modelos como Honda Fit y otros Golf. Los arreglos detallados incluyen cambios de cubiertas, kits de distribución, bombas de agua, cambio de aceite, filtros, baterías, frenos y escobillas, entre otros. La disparidad entre el costo estimado de los repuestos (unos 11 millones de pesos) y el gasto total de 57 millones vuelve a generar sospechas de sobreprecios .

• Tres Vehículos de Alta Gama: Adicionalmente, se registran gastos de 42 millones de pesos para la reparación de motores en tres vehículos de gama más alta: una Volkswagen Vento, una Volkswagen Amarok y una Ford Transit.

Las denuncias plantean una pauta de gastos públicos que genera preocupación, especialmente en un contexto de limitaciones económicas. Los montos invertidos en estas reparaciones, en muchos casos, superarían el valor de mercado de los bienes nuevos, levantando serios interrogantes sobre la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos del erario bonaerense.