Investigan a la empresa que explotó en Ezeiza por presunta defraudación en la provisión de insumos para una mina de oro estatal

La empresa Logischem S.A., cuyos depósitos explotaron días atrás en el polo industrial de Ezeiza, es objeto de una investigación penal en la justicia federal por presuntas irregularidades en la provisión de insumos químicos a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la empresa interestatal que explota oro y plata en la provincia de Catamarca.

Logischem es una de las firmas apuntadas por la supuesta aplicación de sobreprecios de hasta un 200% en la venta de cianuro de sodio a YMAD, un insumo clave para la producción aurífera. Los dueños de la compañía, Pablo Celhabe y Horacio Fiz, integran el grupo de 22 imputados en un expediente por presunta defraudación y administración fraudulenta, cuyas responsabilidades aún deben determinarse.

Antecedentes judiciales y reactivación de la causa

El expediente había tenido un dictamen de sobreseimiento general. Sin embargo, en 2023 la Cámara Federal —con votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah— revocó ese fallo y ordenó profundizar la investigación. Los camaristas señalaron fuertes inconsistencias en los procesos de compra de cianuro entre 2014 y 2016.

Una revisión realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que YMAD habría fragmentado compras para evitar realizar licitaciones públicas. Según la investigación, cada 40 días se convocaba a licitaciones privadas en las que siempre competían las mismas empresas: Volpor, Heat Sales y Logischem, conformando un circuito cerrado de proveedores sin competencia real. Los investigadores describieron esta situación como “pescar en una pecera”.

Señalamientos por ventas de oro a precios inferiores al mercado

La causa también investiga un segundo eje: la supuesta comercialización de lingotes de oro a un grupo selecto de compañías que recibían avisos por correo electrónico de forma privada. De acuerdo con el expediente, estas operaciones se habrían realizado a valores sustancialmente inferiores a los precios internacionales, generando un perjuicio para la empresa pública.

YMAD: estructura, producción y situación política

YMAD es una empresa interestatal en la que participan el Gobierno nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Desde su mina de Farallón Negro produce cerca de 65 kilos de oro por mes, que son exportados a Suiza.

El directorio está integrado por cinco miembros: uno en representación de la Nación, dos por Catamarca y dos por la Universidad de Tucumán. Uno de los exrectores de la Universidad, Juan Alberto Cerisola, imputado en esta causa, fue condenado en 2023 por malversación de fondos vinculados justamente a recursos provenientes de YMAD.

Aunque el Gobierno nacional incluyó a la empresa en el paquete de privatizaciones de la Ley Bases, YMAD continúa bajo control estatal. Su actual presidente es Juan Pablo Limodio, designado por impulso del Ministerio de Economía. Sin embargo, su continuidad depende de las negociaciones políticas en curso entre el Gobierno nacional y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien propone que la Nación se retire de la sociedad y que la minera quede exclusivamente bajo gestión provincial.

Catamarca ya tiene una presencia significativa en la empresa: integran el directorio Fernando Jalil, hermano del gobernador, y Ángel Mercado, exesposo de la senadora y exgobernadora Lucía Corpacci. Según fuentes políticas, la presidencia de YMAD podría volver a representantes provinciales en el marco de acuerdos legislativos entre la provincia y la administración nacional.

Explosión en Ezeiza y nueva investigación

Mientras la causa por presunta defraudación continúa activa y YMAD sigue recibiendo requerimientos de Comodoro Py, el episodio ocurrido la semana pasada abrió una nueva línea de investigación. La explosión en los depósitos de Logischem destruyó instalaciones de la firma y alcanzó también a galpones de Iron Mountain, empresa dedicada al resguardo de documentación sensible, que ya había sufrido un incendio de gran magnitud en 2014.

La justicia deberá determinar ahora las causas del siniestro y evaluar si existieron fallas en el almacenamiento de materiales peligrosos. Empleados recientes declararon que la instrucción para manipular sustancias tóxicas y combustibles era extremadamente básica, reducida a una consigna: “Los pescaditos tachados por un lado y las calaveras por el otro”, en referencia a los símbolos de riesgo impresos en los envases.

Un caso que combina seguridad industrial, manejo estatal y presunta corrupción

La simultaneidad entre la explosión en Ezeiza y la reactivación del expediente por presunta defraudación vuelve a colocar bajo la lupa tanto el rol de Logischem como los mecanismos internos de YMAD. El caso expone posibles fallas en la administración de recursos públicos, riesgos en el manejo de sustancias peligrosas y tensiones políticas vinculadas al control de una empresa estratégica en la minería nacional.

Trama de corrupción en la ANDIS: conexiones, dinero en efectivo y eludimiento de la idoneidad en el Estado

Una investigación en curso sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha expuesto una compleja red de presuntas irregularidades, asociación ilícita y lavado de activos, con Miguel Ángel Calvete como una de las figuras centrales. El caso, que involucra a funcionarios públicos, empresarios y vastas sumas de dinero no declarado, pone bajo la lupa los mecanismos de designación de personal en el Estado que, en ocasiones, eluden el requisito de idoneidad para colocar a personas con conexiones políticas o familiares en puestos clave.

Miguel Ángel Calvete, un abogado con antecedentes penales por explotación de prostitución y vínculos previos en causas sensibles, es señalado por la fiscalía como el coordinador de un sistema informal que intermediaba entre la ANDIS y proveedores de insumos médicos. Empresas como INDECOMM S.R.L., Profarma S.A. y Ortopedia Alemana aparecen en el centro de las adjudicaciones y pagos bajo investigación. Calvete, quien además fue concejal por La Matanza entre 2015 y 2019 y representante de supermercados chinos, mantenía registros meticulosos de las contrataciones en cuadernos incautados, donde se detallaban costos, diferencias y posibles comisiones, referidas en chats como "el 3% a KM".

Su hija, Ornella Calvete, ocupaba el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía (mediante DA-2024-895-APN-JGM, firmada por Guillermo Francos y Luis Andres Caputo, y tal se expresa "designación transitoria con carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo 14 de dicho Convenio"), desde donde, según las pruebas incorporadas al expediente, mantenía comunicación fluida con su padre sobre negociaciones y tensiones con proveedores de la ANDIS. En uno de los intercambios, llegó a preguntarle si debía "ponerle los puntos o arrancarle la cabeza" a un ejecutivo de Ortopedia Alemana. El 9 de octubre de 2025, en un allanamiento a su departamento, fueron incautados 700.000 dólares en efectivo, fondos que no figuraban en su declaración jurada patrimonial de 2024, la cual solo registraba propiedades recibidas por donación y dos vehículos.

Daniel María Garbellini, otro de los imputados en la causa, cuya indagatoria está fijada para el 20 de noviembre, aparece en la órbita de la ANDIS como parte de la estructura bajo escrutinio. Si bien su rol específico se detallará en sede judicial, su presencia en la nómina de citaciones refuerza la tesis de una red extendida dentro del organismo.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los investigadores es la facilidad con la que personas sin experiencia o formación acorde a las responsabilidades del cargo accedieron a puestos de relevancia en la administración pública. Ornella Calvete, por ejemplo, ingresó al Ministerio de Economía en enero de 2024 como Directora de Análisis de Cadenas de Valor y, en solo ocho meses, ascendió a Directora Nacional, a pesar de no contar con antecedentes públicos que justificaran tal designación. Este patrón sugiere que uno de los factores que facilitan la corrupción es la práctica de designar funcionarios por afinidad o lealtad, exceptuando los criterios de idoneidad y transparencia que exige la función pública.

La causa también revela la sofisticación de los métodos para ocultar activos. Además del dinero en efectivo hallado en el departamento de Ornella Calvete, se investiga un centro cultural en San Telmo, propiedad de Miguel Calvete, donde se encontró una caja fuerte y se registraron reuniones con Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS. La propiedad, adquirida en circunstancias bajo análisis y remodelada con una inversión millonaria, era presentada como la "Fundación La Defensa", pero las autoridades sospechan que pudo ser utilizada para almacenar capitales de origen irregular.

La trama sigue expandiéndose, con allanamientos, secuestro de documentación financiera y análisis de transferencias bancarias que apuntan a un entramado de empresas y testaferros. La investigación avanza ahora hacia la determinación de responsabilidades penales y la reconstrucción completa de los flujos de dinero que habrían drenado fondos públicos hacia bolsillos privados.

Fuerzas Federales: denuncias de tortura y abusos en GNA

El caso del oficial Bordón revela un sistema que utiliza el "reconocimiento médico" para sancionar a las víctimas y expone la ineficacia de los controles ministeriales, que operan como obstáculos administrativos que perpetúan el acoso laboral.

Un resonante caso de denuncia penal en la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que involucra acusaciones de abuso sexual sistemático, torturas y encubrimiento, ha puesto en evidencia la crítica ausencia de control efectivo dentro de las fuerzas de seguridad federales, así como la instrumentalización de mecanismos internos de salud como herramienta de sanción y acoso laboral. El expediente judicial, iniciado por el oficial odontólogo René Ariel Bordón, detalla un esquema de violencia ejercido por altos mandos y respaldado por una red de complicidad institucional.

El Quiebre del Control y el Abuso Sistemático

La denuncia, aceptada a trámite por el Juzgado Federal Nro. 2 de San Juan, describe cómo el Comandante Principal Darío Fabián Barco y el Segundo Comandante Gustavo Manuel Aranda habrían sometido a Bordón a un "calvario" de hostigamiento sistemático, agresiones físicas, amenazas con armas reglamentarias y violencia sexual extrema en dependencias que, según el querellante, se convirtieron en "verdaderas cámaras de tormento".

Los hechos narrados, que incluyeron tocamientos, humillaciones y acceso carnal bajo coacción, subrayan un sistema jerárquico que permitió a los superiores operar con "total impunidad" y sin temor a represalias, configurando un caso de abuso de autoridad y desviación funcional. La persistencia de este patrón durante años es un indicador de la falta de fiscalización interna y un aparato de poder capaz de neutralizar cualquier intento de denuncia.

El "Reconocimiento Médico" como Mecanismo de Sanción

El caso Bordón ilustra de forma cruda cómo el mecanismo de "reconocimiento médico" se transforma en un instrumento de castigo final para la víctima que se atreve a denunciar.

El hostigamiento institucional se habría consolidado con la intervención de la psicóloga Graciela Parodi Camuñas (también imputada), impuesta por los superiores, quien habría intentado desviar la verdad atribuyendo el relato de abuso y tortura a "fantasías sexuales" del denunciante. Este accionar se enmarca, según la querella, en un delito de encubrimiento agravado por la calidad de profesional de la salud.

El proceso culminó cuando Bordón fue declarado "inútil para todo tipo de servicio” por una patología supuestamente "ajena al servicio", forzando su retiro obligatorio sin goce de sueldo. La utilización de un informe médico manipulado o falso sirvió para "quebrar el cuerpo" y "triturar la mente" de la víctima, al tiempo que le impuso una "condena invisible". Esta calificación de "inútil" que permanece en su registro público no solo justifica la expulsión de la fuerza, sino que sabotea su reinserción profesional civil, transformando el acto administrativo-médico en una sanción de por vida.

Controles Ministeriales: Obstáculo Administrativo y Demora de Solución

La denuncia también detalla la ineficacia de los controles institucionales externos, particularmente los del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bordón relató que tras intentar contactar de forma anónima a la cartera ministerial en busca de ayuda, él y otros recibieron un "correo institucional intimidatorio" que les advertía que serían sancionados si volvían a comunicarse con el Ministerio.

Este episodio ejemplifica cómo los canales de control diseñados para proteger y garantizar la legalidad pueden fallar o, incluso, funcionar activamente para obstruir la solución y profundizar el acoso laboral.

La manipulación administrativa se extendió con la fabricación de informes laborales falsos y la resistencia a autorizar un traslado solicitado por la víctima. Esta "maquinaria institucional" operó para silenciar, desacreditar y desgastar al denunciante, demorando cualquier solución y favoreciendo la perpetuidad de los abusos y la impunidad jerárquica.

El Giro Judicial y el Precedente Explosivo

El 6 de agosto de 2025, la Justicia Federal dio un paso fundamental al admitir a Bordón como querellante e instruir sumario por los delitos más graves del Código Penal, incluyendo abuso sexual con acceso carnal agravado, coacción, encubrimiento agravado y abuso de autoridad. El juez Federico Millán Ursino dictó la prohibición de acercamiento y contacto a 500 metros de la víctima para los tres imputados.

La resolución judicial, al ordenar investigar la presunta falsificación de informes médicos y el entramado institucional de encubrimiento, marca un precedente que podría obligar a la Gendarmería y al Estado argentino a revisar sus mecanismos de control y rendición de cuentas, buscando desmantelar las estructuras internas que han permitido que el abuso de poder y la tortura queden amparados por la jerarquía y el procedimiento administrativo.

Responsabilidad Ministerial 

El Ministerio de Seguridad Nacional conducido por Patricia Bullrich no ha podido responder ante estas situaciones, inclusive constando con un área de Protección Administrativa (recientemente modificada mediante la Resolución 831/2025).

Las áreas del Ministerio que deberían resolver esto parece un laberinto: " Coordinadora de Protección de Derechos Laborales en la Dirección de Políticas de Promoción y Protección de Derechos de la Dirección Nacional de Bienestar Policial, dependiente de la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género de la Secretaría de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad de la República Argentina". En cada una de estas hay un área con un responsable y personal a cargo. En la coordinación Antonella Fiore, que sin cumplir los requisitos mínimos para el cargo, fue designada de forma excepcional, además de registrar ingresos en paralelo mediante "ACARA" algo cuestionado por el ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona.

María Lorena Petrovich es la  Directora Nacional de Bienestar del Ministerio de Seguridad, quién fue denunciada por su ex empleada doméstica, Gisela Montini, quien asegura que Petrovich la hizo figurar como empleada del Senado de la Provincia de Buenos Aires mientras realizaba tareas domésticas en su hogar.

En las fuerzas se descarta que la posicionada para asumir el cargo de ministra, Alejandra Susana Monteoliva, resuelva esta situación pues recientemente incluso ella con un cargo gerencial en el ministerio avaló las sanciones a personal que realizó reclamos por los cambios en los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE) tal cómo reveló Hugo Alconada Mon.

Explosión y Incendio de Gran Magnitud en Polígono Industrial de Ezeiza Dejan 24 Heridos

Una explosión de gran potencia registrada durante la noche del viernes en el Polígono Industrial de Spegazzini, ubicado en el partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, generó una onda expansiva masiva que sacudió la zona y desencadenó un incendio de proporciones significativas. El estallido, que pudo escucharse en numerosos barrios aledaños, provocó daños materiales en viviendas, plantas industriales y en dos cabinas de peaje de la autopista cercana.

Más de veinte dotaciones de bomberos trabajan desde la madrugada del sábado para contener las llamas, mientras una extensa columna de humo oscuro se desplazó sobre distintas localidades. El balance provisional de las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires indica que veinticuatro personas resultaron heridas como consecuencia del incidente. Ocho de ellas requirieron traslado a centros hospitalarios, aunque todas fueron dadas de alta, sin que se registraran víctimas mortales.

Origen y Zona del Siniestro

El fuego se inició poco después de las 21:00 horas en las instalaciones de Logischem, una empresa dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. La causa de la explosión inicial, que dio paso al incendio, aún no ha sido determinada y se encuentra bajo investigación. El incidente ocurrió en el predio del Polígono de Spegazzini, un parque industrial de tipo abierto y sin perímetro definido, situado frente al Polo Industrial, un complejo cerrado gestionado por Alberdi Desarrollos. La zona se caracteriza por una convivencia de áreas residenciales con depósitos y plantas de alto riesgo, como la Planta Térmica Albanesi, que reportó haber activado sus protocolos de seguridad y no encontrarse en peligro.

Empresas Afectadas y Consecuencias Inmediatas

Según informaron las autoridades locales, varias plantas industriales dentro del polígono resultaron afectadas por el fuego. Entre las empresas impactadas se encuentran Iron Mountain, especializada en almacenamiento de documentos; Larroca Minera; Almacén de Frío; Aditivos Alimentarios; y una distribuidora de la empresa Salón. Los esfuerzos de los equipos de emergencia se concentraron también en evitar que las llamas alcanzaran las instalaciones de Flamia, una compañía que almacena materiales inflamables. Otras fábricas dañadas incluyen una productora de neumáticos, una agroquímica, una papelera y una empresa de envases plásticos. Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, informó que la explosión se escuchó en la terminal aérea, pero que las operaciones de vuelo no se vieron afectadas.

La onda expansiva provocó la rotura de vidrios, portones y techos en viviendas cercanas, destruyó dos cabinas de peaje y generó daños estructurales en al menos cinco plantas industriales. El evento también produjo temblores perceptibles a varios kilómetros de distancia y un característico hongo de humo negro que motivó la activación de alertas sanitarias y recomendaciones de resguardo para la población. Los heridos presentaron principalmente cortes por vidrios, politraumatismos y quemaduras. Entre los casos de mayor complejidad se atendió a una mujer embarazada afectada por la inhalación de humo, un hombre que sufrió un infarto y otro paciente con una fractura expuesta en un brazo.

Investigación en Curso

La investigación para determinar las causas del siniestro avanza. Una versión preliminar que sugería que el incendio pudo ser causado por el choque de una avioneta fue descartada de forma oficial por el intendente de Ezeiza. Se confirmó que el punto de origen fue la empresa Logischem. Por el momento, no existen hipótesis firmes sobre lo que desencadenó la explosión. Las autoridades esperan a que se declare la extinción total del incendio, un operativo que podría extenderse entre 24 y 36 horas más, para iniciar los peritajes correspondientes que permitan establecer el origen preciso del siniestro y determinar las posibles responsabilidades.

Causa Securitas: chats comprometen al entorno cercano de Bordet

El expediente se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la conducción de la jueza Sandra Arroyo Salgado, luego de que la propia firma multinacional Securitas denunciara irregularidades vinculadas a la prestación del servicio. De acuerdo con las pericias, el nombre de Bordet aparece mencionado en 98 oportunidades en las conversaciones entre los empresarios, donde se refereían a supuestos pagos que, según los chats, llegarían a niveles jerárquicos de la administración provincial. El exmandatario rechazó de manera terminante cualquier implicación y afirmó que nunca integró “ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas”.

Entre los nombres que surgen de los intercambios analizados por la Justicia figura con claridad el de José Gervasio Laporte, histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación durante las administraciones de Jorge Busti, Sergio Urribarri y del propio Bordet. En los mensajes aparece mencionado como “el negro” y se lo vincula a encuentros con los empresarios, entre ellos una reunión registrada en una fotografía tomada en un hotel de la costanera de Paraná. Laporte, fallecido en 2020, era considerado un funcionario clave por su rol en la revisión jurídica de todos los actos administrativos del Poder Ejecutivo provincial.

Un segundo nombre aparece de manera más difusa: “Hugo”. Según las conversaciones, actuaría como un referente político capaz de transmitir decisiones o gestiones vinculadas a las supuestas operaciones. El texto sugiere que podría tratarse de Hugo Ballay, exministro de Economía de Bordet y expresidente de Enersa, aunque esa identificación no está confirmada en la causa. Ballay dirigió la empresa eléctrica entre 2012 y 2013 y luego integró su directorio a partir de 2015. Personas de su entorno sostienen que conocía a Claudio Tortul por vínculos sociales, particularmente por actividades en el Club Rowing de Paraná, una institución en la que el empresario tenía un papel destacado. También aseguran que Ballay no aparece mencionado en los chats ni está imputado en la investigación.

La jueza Arroyo Salgado no imputó a Bordet ni a Ballay en el expediente, pero sí vinculó al exsenador Edgardo Kueider, actualmente detenido en Paraguay. La magistrada fundamentó su decisión en un mensaje donde Claudio Tortul lo nombra y en la participación de Kueider como representante del Gobierno provincial en asambleas de Enersa mientras ejercía como secretario General de la Gobernación.

Fuentes que acompañaron a Bordet durante distintas etapas de su administración confirmaron que tanto Laporte como Ballay mantenían una relación personal de larga data con el exgobernador, aunque evitaron calificarla como amistad. Según describen, Bordet suele remarcar que el ejercicio del poder lo alejó de su círculo íntimo y que prefiere separar vínculos personales de responsabilidades políticas.

Los mensajes recuperados revelan descripciones detalladas de presuntos acuerdos económicos, distribuciones de dinero y negociaciones vinculadas al contrato de Enersa. En uno de los chats, Claudio Tortul detalló una supuesta operatoria en la que se mencionan montos millonarios y una presunta distribución entre distintos nombres asociados a la política provincial. En otro mensaje, se alude a un pedido para asegurar pagos y ajustes contractuales que, según los empresarios, involucrarían intermediaciones políticas. Tras la muerte de Laporte, las conversaciones sugieren que el rol de enlace habría recaído en “Hugo”, atribuyéndole comunicaciones con Bordet y gestiones internas dentro del Gobierno.

Los chats abarcan un período que va de 2016 a 2024 e incluyen referencias a discusiones presupuestarias, presiones internas y pedidos de alineamiento dentro de la estructura estatal. Aunque los elementos analizados comprometen a actores relevantes de la política entrerriana, la causa continúa en etapa de investigación y todavía no se han ampliado imputaciones más allá de las ya formuladas. Las defensas de los involucrados insisten en que las menciones en los mensajes no alcanzan para establecer responsabilidades penales y remarcan que varios de los nombres mencionados no figuran formalmente en el expediente.

La investigación judicial avanza sobre la base de los dispositivos electrónicos secuestrados, la documentación de la empresa denunciante y las declaraciones de los imputados, mientras se intenta determinar si existió un esquema de pagos ilegales para direccionar o sostener contratos entre el Estado entrerriano y la firma Securitas. En paralelo, continúan surgiendo elementos que refuerzan las sospechas sobre el entramado de vínculos entre los empresarios y dirigentes de distintos niveles, en un caso que mantiene la atención pública por la relevancia institucional de varias de las personas mencionadas.