La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un presunto fraude contra la Administración Pública Nacional que involucra al contador Daniel Alfredo Neira, quien dejó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el 31 de julio de 2026 con una liquidación final neta de $109.781.999,73 y, sin registrar un solo día de desocupación, fue designado el 1° de agosto como Gerente de Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó el episodio como “el robo del siglo en el Estado” y sostuvo que se trata de “un fraude sin precedentes” promovido por la Dirección General de Administración del INTA. “La inmoralidad y la corrupción de los funcionarios del Gobierno no tienen límites. Se trata de maniobras dolosas mediante las cuales se apoderan de los recursos públicos”, afirmó el dirigente sindical.
Según la documentación difundida, la liquidación percibida por Neira incluyó $73.067.618,10 por antigüedad, $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas y $9.742.349,08 en concepto de preaviso. La desvinculación fue encuadrada como despido sin causa en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pese a que el propio funcionario ya tenía avanzados los trámites para su incorporación al INTA.
La cronología del caso resulta central en la denuncia. Los trámites para designar a Neira en el INTA se iniciaron el 1° de julio de 2026, es decir, 23 días antes de que el Enacom le notificara formalmente la rescisión de su contrato el 24 de julio. El 28 de julio quedó habilitado para cobrar la indemnización, el 31 de julio se concretó su baja formal del organismo de comunicaciones y el 1 de agosto ya estaba nuevamente en la nómina estatal.
Fuentes cercanas al Enacom señalaron que Neira “simuló su despido” cuando desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca lo convocaron para asumir en el INTA, y remarcaron que debería haber solicitado un traslado o presentado su renuncia, mecanismos que no habrían disparado el pago millonario. “Fue un fraude orquestado con los directivos”, indicaron trabajadores del organismo a medios nacionales.
El sindicato APINTA, que también se pronunció sobre el caso, pidió la remoción inmediata del funcionario y calificó la maniobra como una “empleomanía clientelar de alta gama”, advirtiendo que “el perjuicio fiscal ocasionado por el ardid no es menor a los 110 millones de pesos”.
Neira, contador egresado de la Universidad de Buenos Aires, ingresó en enero de 2012 a la antigua Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), entidad que luego derivó en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y posteriormente en el Enacom. En 2017 fue nombrado subgerente del Área de Contabilidad, Presupuesto y Liquidaciones, y en 2025 ascendió a subdirector de Contabilidad y Finanzas, un cargo categoría A que representa la máxima jerarquía escalafonaria y cotiza entre los sueldos técnicos más altos de la planta permanente.
En su nuevo rol en el INTA, Neira percibe un sueldo cercano a los $5 millones mensuales, en un contexto donde, según ATE, los salarios netos promedio del organismo oscilan entre $800.000 y $1.500.000. La designación fue aprobada con carácter transitorio por 180 días mediante una resolución del Consejo Directivo del INTA con efecto retroactivo al 1 de agosto.
El Consejo Directivo del INTA trató el expediente en una reunión cerrada y consultó a su área Jurídica, que sostuvo que un despido sin causa no impide reingresar al sector público y que no se violó la Ley de Ética Pública. Según una fuente oficial del organismo, “en ninguna norma está escrito que alguien despedido sin causa no pueda ser incorporado a otro organismo”, aunque el Consejo podría revisar la contratación antes del vencimiento del plazo.
La Procuración del Tesoro de la Nación considera al Estado como un único empleador en sentido amplio o “bloque estatal”, criterio que, según especialistas, refuerza la irregularidad de la maniobra. El abogado especialista en derecho administrativo Carlos Fernández advirtió que “no se puede percibir del Estado una compensación por la ‘pérdida del empleo’ y simultáneamente continuar recibiendo ingresos del Estado bajo otra designación política o de conducción”, y señaló que el funcionario se expone a demandas por repetición de pago que implicarían la devolución del dinero por parte del fisco.
ATE reclama al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, la urgente convocatoria a comisión directiva para anular la designación, y advirtió sobre la presunta violación de los artículos 4 y 8 de la Ley de Empleo Público, el Decreto reglamentario 1421/2002, la normativa de la Ley de Procedimiento Administrativo por simulación y el artículo 174 del Código Penal por fraude a la Administración Pública. El gremio advirtió además que, si no se adopta “una medida ejemplificadora”, no descarta avanzar con una medida de fuerza.
El ENACOM está a cargo del interventor Juan Martín Ozores, el Jefe de Gabinete es Diego Brunelli, el Director General de Administración es Joaquín Peire, el Director General de Asuntos Jurídicos es Silvio Daniel De Diego, el director General de Recursos Humanos es Alberto Baduan.
El presidente del INTA es Nicolás Bronzovich , el vicepresidente Carlos Alberto Antonio Vera, el Director General de Administración es Gustavo Javier Abaurrea y el Coordinación Nacional de Recursos Humanos y Organización es Sebastián Lucas Ibarra.
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