Una reciente denuncia penal ha desencadenado una investigación judicial orientada a esclarecer un presunto desvío sistemático de alimentos, adquiridos con fondos del Estado para la residencia presidencial de la Quinta de Olivos, hacia un emprendimiento privado de servicios de catering. La presentación judicial, impulsada por la diputada Marcela Pagano, señala directamente a exfuncionarios y personal de la Secretaría General de la Presidencia.
Entre los principales apuntados se encuentran María Belén Agudiez, quien se desempeñó hasta hace pocos días como subsecretaria de Planificación General; su hermana Analía Agudiez, encargada de la cocina de la residencia; y Osvaldo Sosa, el exintendente de Olivos.
La hipótesis central de la acusación sugiere que los insumos destinados oficialmente a la sede gubernamental habrían sido utilizados para abastecer a "Pancitos Caseros", un negocio particular de panadería y pastelería vinculado a Analía Agudiez, el cual habría prestado servicios comerciales en espectáculos de asistencia masiva.
Las dimensiones de las compras oficiales bajo escrutinio judicial resultan llamativas al contrastarse con las necesidades habituales de la residencia.
De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, una licitación oficial preveía la adquisición de 9135 kilos de carnes, pollo, cerdo, achuras y pescado destinados exclusivamente a la Quinta de Olivos para un período de seis meses.
Además, las proporciones de insumos de repostería evidenciaban marcadas asimetrías frente a los volúmenes solicitados para la Casa Rosada. Los registros oficiales detallan que se proyectaba la compra de 800 kilos de harina para Olivos, frente a 500 kilos para la Casa de Gobierno.
En el caso del dulce de leche colonial, la diferencia era significativamente mayor, con 48 potes solicitados para la residencia frente a los 12 destinados a la sede presidencial, sumado a un pedido de 75 kilos de chocolate para moldeo exclusivos para Olivos.
El presunto entramado excede el manejo de los alimentos y se adentra en el terreno de las contrataciones y seguros laborales de los agentes del Estado. Documentación de alta sensibilidad, también expuesta por la legisladora Pagano, reveló la existencia de una póliza de seguro de accidentes personales emitida por BBVA Seguros, la cual fue contratada por Analía Agudiez para cubrir a "personal de catering".
Sin embargo, la nómina de asegurados estaba integrada por funcionarios jerárquicos y empleados de la Secretaría General de la Presidencia, incluyendo al entonces Administrador General de la Residencia de Olivos, Osvaldo Javier Sosa, y a otras coordinadoras del área.
Los beneficiarios de dicha póliza figuran como la firma Foggia Group y Mara Gorini, esta última señalada como consultora de la misma Secretaría General. Estas coberturas coincidieron temporalmente con eventos comerciales como la "Bizarren Musik Party" realizada en el Estadio GEBA en marzo de 2024, evento que contó con la organización gráfica de Grupo Foggia.
Las repercusiones políticas e institucionales derivadas de estas irregularidades ya han comenzado a materializarse en el seno del Poder Ejecutivo.
En medio de este escenario, el Gobierno oficializó la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, justificando bajas de personal y ordenando el traspaso del control operativo y administrativo a la Casa Militar. Simultáneamente, el presidente de la Nación aceptó la renuncia de María Belén Agudiez a su cargo gubernamental.
El caso, que recayó bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano y del juez Julián Ercolini, deberá ahora probar mediante diligencias si efectivamente los recursos del Estado financiaron emprendimientos particulares y si los funcionarios públicos actuaron en beneficio de empresas privadas de espectáculos.
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