Un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Sector Público Nacional para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 (gestión del comisario mayor Néstor Roncaglia y a la comisario general Ester Mabel Franco, con la Ministra Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad) resalta una serie de irregularidades y problemas de gestión que exigen una atención inmediata para prevenir posibles casos de corrupción y asegurar un manejo transparente de los recursos públicos. Este análisis se llevó a cabo en el marco de la Resolución 227 del año 2024, con la actuación número 100/2021.
El informe revela que, debido a la falta de elementos válidos y suficientes para emitir un juicio concluyente, se decidió la abstención de opinión sobre los cuadros y anexos exigidos por las normas de cierre establecidas por la Resolución 213/19-SH y la Disposición 71/10-CGN. Entre las principales causas de esta decisión se encuentran múltiples incertidumbres detectadas en áreas críticas del manejo de recursos y administración, señaladas en apartados específicos del documento.
Problemas Críticos Detectados
Valores Desactualizados para Informes Periciales:
Los importes utilizados para informes periciales, fijados originalmente en pesos en el año 2003, no reflejaban adecuadamente la inflación acumulada en las décadas subsiguientes. Este problema fue parcialmente corregido en 2021 al actualizar dichos valores en base a la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), un mecanismo que permite ajustes automáticos.Servicios de Policía Adicional y Contingencias Laborales:
Se detectó que las cifras liquidadas al personal retirado por servicios adicionales de policía no son informadas mensualmente a la Oficina Nacional de Presupuesto. Además, dicho personal carece de cobertura de riesgos de trabajo (ART), configurando una posible fuente de litigios ante accidentes o fallecimientos en servicio.Tercerización de la Administración del IUPFA:
La administración de recursos y gastos del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) fue tercerizada hacia un privado, lo que ha derivado en contrataciones y adquisiciones realizadas al margen del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Esta práctica viola estándares de administración pública, exponiendo al Estado a riesgos financieros y legales.Transferencia de Facultades de Seguridad a la Ciudad de Buenos Aires:
El convenio de transferencia progresiva de funciones de seguridad firmado en 2016, y aprobado recién en 2020, implicó un proceso desordenado. No se establecieron plazos claros para las etapas de transición y consolidación, generando incertidumbre en la ejecución de las responsabilidades transferidas.Inobservancia de la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad:
El organismo auditado incumple con la obligación de emplear al menos un 4% de personas con discapacidad en su personal civil, conforme a las leyes nacionales de protección integral de los discapacitados.
Importancia de los Controles Recurrentes y correcta gestión administrativa
La falta de controles frecuentes y efectivos es un factor que favorece la perpetuación de irregularidades. Por ejemplo, la demora en la actualización de valores periciales hasta 2021 refleja cómo la ausencia de mecanismos automáticos de revisión puede generar desajustes graves. Asimismo, la tercerización irregular de recursos y contrataciones en el IUPFA pone de manifiesto la necesidad de reforzar la supervisión en organismos clave.
La auditoría sobre la ejecución presupuestaria del Servicio Administrativo Financiero N° 326, correspondiente a la Policía Federal Argentina (PFA), reveló serias irregularidades administrativas y financieras en el ejercicio fiscal 2019. El informe destaca problemas críticos en la imputación de recursos, supervisión de bienes y gestión de fondos.
Entre los hallazgos más alarmantes, se detectó la asignación indebida de $437.8 millones para gastos en personal retirado, incumpliendo normativas legales. Además, la ausencia de controles internos efectivos permitió irregularidades en inventarios de bienes, donde se encontraron diferencias significativas con los registros oficiales de inmuebles y vehículos.
La auditoría también evidenció que más de $99 millones en contrataciones y adquisiciones no cuentan con la documentación necesaria. Asimismo, los concursos docentes en el IUPFA carecieron de transparencia, superando los límites presupuestarios en un 660%.
El informe señala deficiencias en la trazabilidad de recursos y gestiones extrapresupuestarias, afectando la rendición de cuentas. Fondos derivados de servicios adicionales y convenios no ingresaron a las cuentas oficiales, mientras que los registros patrimoniales muestran omisiones y subvaluaciones por más de $1 millón.
Otro punto crítico es la gestión de juicios contra la institución. Más de 13,000 casos judiciales presentan montos y procedimientos desactualizados, exponiendo a la PFA a riesgos legales y financieros.
La falta de seguros sobre bienes patrimoniales y depósitos de alto valor, así como las demoras en rendiciones de cuentas y viáticos, completan un panorama de ineficiencia administrativa. Las autoridades responsables han sido instadas a implementar medidas correctivas urgentes para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Este informe subraya la importancia de fortalecer los sistemas de control interno y modernizar los procesos de gestión en la PFA para evitar futuras irregularidades de esta magnitud.
Recomendaciones para Reducir las Irregularidades
Automatización y Transparencia: Incorporar sistemas de control digital basados en auditorías periódicas automatizadas podría prevenir irregularidades similares. Herramientas como blockchain, aplicadas al registro de contrataciones públicas, garantizarían trazabilidad y transparencia.
Revisión Normativa: Actualizar las normativas que rigen la administración de recursos para adaptarlas a contextos inflacionarios y nuevas tecnologías.
Capacitación y Cumplimiento: Asegurar la formación continua de los funcionarios en materia de administración pública y cumplimiento normativo.
Casos Relacionados
Situaciones similares han ocurrido en otros organismos, como en el Ministerio de Transporte, donde la falta de seguimiento en contratos con concesionarias derivó en irregularidades ampliamente documentadas. Estos casos refuerzan la importancia de implementar mejores prácticas de gestión y control.
La publicación de informes como este no solo pone de manifiesto las áreas críticas que deben ser abordadas, sino que también brinda una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de los controles preventivos. Solo mediante la vigilancia constante y el compromiso con la transparencia es posible construir un sector público que cumpla con los principios de eficiencia, eficacia y ética.
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