El 21 de enero de 1994, Puerto Madryn vivió la tragedia más grande en la historia de los bomberos voluntarios en Argentina y una de las mayores a nivel mundial. Ese día, 25 integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, entre ellos 11 menores de edad, perdieron la vida al quedar atrapados por las llamas en un incendio de pastizales en las afueras de la ciudad. Tres décadas después, sus familias siguen reclamando justicia y señalando la desidia de las autoridades responsables.
Un día marcado por la irresponsabilidad
El incendio, que comenzó cerca del mediodía en un campo aledaño a la ruta nacional 3, fue combatido por tres grupos de bomberos voluntarios. Entre las víctimas fatales, se encontraban niños de tan solo 11 y 12 años, que fueron llevados a enfrentar el fuego sin el equipo adecuado ni la preparación necesaria. Este hecho inaceptable reveló una cadena de negligencias que puso en peligro vidas inocentes y vulnerables.
A pesar de las condiciones adversas, los menores fueron enviados al frente del incendio con vestimenta inapropiada y sin las herramientas mínimas de seguridad. Cuando el viento cambió de dirección y avivó las llamas, el grupo liderado por el suboficial principal José Luis Manchula quedó atrapado. Los pedidos desesperados de auxilio a través de los radiotransmisores se convirtieron en un trágico silencio.
Las consecuencias y el impacto
A la mañana siguiente, los cuerpos de los 25 bomberos fueron encontrados esparcidos en el campo. Las pericias concluyeron que todos murieron asfixiados por el humo y los gases tóxicos. La ciudad de Puerto Madryn se sumió en el luto, mientras el Gimnasio Municipal se convertía en el escenario del velatorio colectivo, un evento que marcó a toda la comunidad.
El impacto de esta tragedia traspasó las fronteras de la ciudad y el país. A partir de entonces, se prohibió que menores de edad participen en la lucha directa contra incendios, una medida que llegó demasiado tarde para los “bomberitos”.
Justicia ausente
El dolor de las familias no ha encontrado consuelo en el sistema judicial. La investigación penal se diluyó con el tiempo, y la causa fue archivada en tres ocasiones. Solo dos familias recibieron un seguro de vida a cambio de no iniciar acciones legales contra la provincia. Años después, el Estado otorgó indemnizaciones en bonos, una respuesta tardía e insuficiente para reparar la pérdida y el sufrimiento.
La necesidad de responsabilidades claras
La tragedia de los “bomberitos” es un recordatorio de las graves consecuencias de la negligencia y la falta de controles. Es indispensable identificar y sancionar a quienes permitieron que menores fueran expuestos a un peligro tan evidente. Además, la inacción de la justicia perpetúa el sentimiento de impunidad, dejando a las familias sin respuestas claras y a la sociedad sin garantías de que hechos similares no se repitan.
En memoria de las víctimas y como un compromiso con la seguridad y la justicia, es fundamental que el Estado y las instituciones reflexionen sobre su rol y actúen con responsabilidad para evitar que tragedias como esta vuelvan a suceder. La memoria de los 25 jóvenes y niños debe ser un llamado a la acción, para que su sacrificio no haya sido en vano.
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