En una conferencia de prensa realizada el miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la eliminación del Plan de Salud Comunitaria, implementado en 2002, debido a numerosas irregularidades detectadas en su funcionamiento. El plan, que representaba un gasto anual de 1.432 millones de pesos, ha sido objeto de críticas por su gestión y los hallazgos recientes justificaron su cancelación.
El Ministerio de Salud reveló que se encontraron 298 becarios con más de 10 años de antigüedad, quienes, en muchos casos, no estaban relacionados con el sector de la salud. Entre los beneficiarios del plan figuraban diseñadores gráficos, profesores de historia, abogados y arquitectos, inscritos como médicos para recibir becas.
MOTOSIERRA | Dieron de baja el plan "Salud Comunitaria". Se creó en el 2002 y el año pasado se dilapidaron $ 1.400 millones.
— Pregonero (@PregoneroL) July 24, 2024
👉 Encontraron 298 "becarios" con 10+ antiguedad
👉 Figuraban como medicos: diseñadores graficos, profes de historia, bogas y arquitectos
👉 Servian… pic.twitter.com/dMNkwoBX4e
El Plan de Salud Comunitaria otorgaba un total de 2.368 becas, pero una investigación descubrió que muchas de ellas eran utilizadas como sobresueldos encubiertos para empleados públicos. Esta situación generó un gasto innecesario de fondos públicos y una ineficiencia en la asignación de recursos destinados a la salud.
La decisión de eliminar el plan surge en un contexto de ajuste fiscal y reordenamiento de las políticas públicas para asegurar una mejor gestión de los recursos estatales. Según Adorni, el gobierno se compromete a revisar y reestructurar los programas sociales para garantizar que los fondos lleguen a quienes realmente los necesitan y que se mantenga la transparencia en la administración pública.
Con la eliminación del Plan de Salud Comunitaria, se espera que los recursos liberados se destinen a programas más eficaces y que contribuyan de manera directa a la mejora del sistema de salud en Argentina. El Ministerio de Salud está trabajando en nuevas iniciativas que buscarán suplir las necesidades de las comunidades, esta vez con un control más estricto y una mayor transparencia en su ejecución.
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