Un examen de ADN dispuesto por la justicia chilena corroboró con un 99,999% de certeza que una mujer de 80 años hallada en el balneario bonaerense de Miramar, Argentina, es Bernarda Rosalba Vera Contardo.
La exmilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) e instructora docente figuraba en los registros oficiales como víctima de desaparición forzada a manos de agentes del Estado desde octubre de 1973, tras el golpe militar de Augusto Pinochet.
El hallazgo periodístico original fue efectuado el año pasado por un equipo del canal CHV Noticias, liderado por la periodista Florencia Valenzuela, y posteriormente sometido a peritajes judiciales. El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, notificó el resultado genético a los familiares en las instalaciones del Servicio Médico Legal (SML), tras contrastar la muestra con el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos. Tras la diligencia, el magistrado decretó el secreto de la causa.
Antecedentes históricos y trayectoria del caso
Según el Informe Rettig, elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Bernarda Vera tenía 27 años cuando fue detenida por efectivos militares el 10 de octubre de 1973 en la zona precordillerana de Liquiñe, a 861 kilómetros al sur de Santiago. En aquel momento se le vinculó con el asalto al retén de carabineros de Neltume y se presumió su ejecución en el puente Villarrica sobre el río Toltén.
Sin embargo, testimonios contenidos en la literatura sobre el periodo —como la obra De Carranco a Carrán: las tomas que cambiaron la historia, del exmilitante José Manuel Bravo— dan cuenta de que Vera, conocida bajo la chapa política de "Anita", logró eludir la captura en la montaña junto a un grupo de personas. Con la asistencia del ciudadano sueco y militante del MIR, Svante Grände, Vera permaneció oculta dos meses antes de cruzar la frontera hacia Argentina.
Documentos de organismos públicos y de migración confirman que Vera se radicó en Argentina utilizando documentación donde figuraba un año de nacimiento distinto al original (1949 en lugar de 1946). Posteriormente se trasladó a Suecia, país donde residió entre 1978 y 1984, contrajo matrimonio con el ciudadano argentino Jorge Suizer y tuvo a dos de sus tres hijos. En 1990 retornó a la Argentina para asentarse en la provincia de Buenos Aires. En 2011, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) recibió antecedentes sobre su posible paradero, aunque la línea de investigación no prosperó en ese momento.
Reacciones políticas y debate por las reparaciones estatales
La confirmación judicial de la supervivencia de Vera reabrió el debate público en Chile respecto a la asignación de beneficios económicos de reparación. Un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó la restitución de los fondos otorgados a la familia de la mujer bajo la figura legal de indemnización por desaparición forzada.
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció que el Gobierno chileno auditará la nómina completa de las 1.469 víctimas contabilizadas en el Plan Nacional de Búsqueda y buscará la restitución de las pensiones otorgadas. Rabat precisó que la medida responde a que el pago no correspondía bajo las circunstancias acreditadas, independientemente de la buena o mala fe de los receptores.
En contraposición, la investigadora periodística Pascale Bonnefoy, excolaboradora del Plan Nacional de Búsqueda, señaló que la hija de Vera —actualmente de 58 años— actuó bajo la convicción de que su madre estaba difunta, respaldada por la versión oficial sostenida durante décadas. Bonnefoy puntualizó además que las diligencias genéticas correspondieron a una orden judicial previa y que, al no existir la comisión de un delito penal por parte de la persona ubicada, el proceso sobre su paradero queda legalmente concluido.
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