El juez Santiago Argibay sobreseyó al senador Gerardo Montenegro: cómo justificó una casa en Miami y un departamento en Punta del Este

"Lo decidió el juez federal de Santiago del Estero Santiago Argibay tras un dictamen de la fiscal Indiana Garzón pese a que se comprobó que varias cooperativas vinculadas al legislador recibieron subsidios millonarios del gobierno provincial. La UIF y la PROCELAC lo había denunciado en 2020

En noviembre de 2019, un mes antes de ser reelegido por otros seis años, el senador Gerardo Montenegro desembolsó USD 306 mil para comprarse una casa en un barrio cerrado de Miami, a solo 15 minutos del Aventura Mall. En 2022, aunque estaba siendo investigado por la Justicia, decidió vender esa propiedad y recibió USD 460 mil. El senador de Santiago del Estero también llevó su fortuna a las playas de Punta del Este: se compró un departamento en el Venetian Luxury Residences, un emprendimiento de lujo ubicado en la Parada 17. Pagó otros USD 511.590. La Justicia además comprobó que Montenegro tenía relación directa con varias cooperativas de su provincia que recibieron millonarios subsidios, pero decidió sobreseerlo.

La fiscal federal Indiana Garzón, una de las candidatas que ensayó el kirchnerismo para reemplazar al procurador Eduardo Casal, dictaminó que no hubo lavado de dinero porque los subsidios que recibieron las cooperativas eran “legales”. De esa manera, al no haber un delito precedente, no habría lavado. Al momento de evaluar el patrimonio del senador, la fiscal se valió de una pericia de la Policía Federal, que determinó que Montenegro y su esposa lograron justificar sus bienes lujosos y los viajes por el exterior.

Con un extenso dictamen, Garzón allanó el camino para sobreseer al senador. Apenas unos días después, justo antes del Fin de Semana largo de Pascuas, el juez federal de Santiago Del Estero, Santiago Argibay, cerró la causa. La decisión ya no puede ser revisada: esta semana venció el plazo para una posible apelación.

La causa había arrancado en 2020 con una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La denuncia acusaba a Montenegro de estar detrás de una red de cooperativas que habían cobrado más de $90 millones en subsidios del gobierno de Santiago del Estero entre 2015 y 2020.

La fiscal Garzón concluyó que las ocho cooperativas investigadas recibieron $76.306.990, en concepto de subsidios, pero dijo que $57.537.990 “fueron rendidos ante el Tribunal de Cuentas”. De esa manera, apenas $18.769.000 podrían haber sido desviados.

La fiscal minimizó que en la mayoría de esas cooperativas había familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de la provincia, y hasta trabajadores de la sección local del gremio estatal UPCN, donde Montenegro es amo y señor, tal como reveló Infobae en mayo de 2021.

Un caso emblemático es el de Carlos Osvaldo Ibarra, quien fue empleado de Santiago del Estero, y sigue trabajando para Senado y UPCN. Con esos ingresos, logró viajar por el Mundo. Ante la Justicia, sostuvo que hizo muchos viajes porque logró conseguir “una membresía del Hotel Bahía Príncipe”. También fue sobreseído.

Ibarra fue parte de la cooperativa “Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad”. La UIF y la PROCELAC habían detectado que de las cuentas de esa cooperativa se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nadie lo justificó.

Pero hay más. Los responsables de varias cooperativas admitieron ante la Justicia que mantenían una relación “comercial” con la sociedad JMSC SRL, propiedad de la mujer de Montenegro, María Teresita Sciolla, y de su primo hermano, Javier Fernando Sciolla.

Con los ingresos que recibían del Estado, le compraban productos a esa SRL. “A Javier Sciolla le compraba módulos alimentarios y sanitizantes en el supermercado “San Javier”, realizando los pagos por medio de transferencia bancaria o en efectivo”, declaró el presidente de “La Solidaridad”, Ramón Bravo, otra de las personas sobreseídas. Al igual que Ibarra, trabajó para el gobierno de Santiago del Estero y para UPCN.

Otra cooperativa investigada por la UIF era “Trabajo, Construcción y Servicio Libertad Limitada”. El organismo anti lavado detectó que había tres personas detrás de esa cooperativa, dedicada a la construcción, que tenían vínculos con Montenegro: Juan Pablo Juárez, Carlos Salvatierra y Marcelo Vélez."

Infobae