De forma tal vez no tan llamativa, surge una seguidilla de sobreseimientos por parte de jueces federales, los cuales usan informes de fuerzas policiales y de seguridad, así cómo dictámenes de fiscales para realizar sobreseimientos.
Lo llamativo son casos que pueden durar más de 10 años en "procesamiento" , pero con un simple "sobreseimiento" la persona no se lo juzga.
Muchos de estos casos incluyen denuncias por parte de la UIF y el PROCELAC. Y muestran cómo la justicia puede hacer caso omiso de dichas alertas, dado que en los fines prácticos no se concretan en condenas.
Pero apliquemos un poco la lógica, ¿si deberían haber sido sobreseídos porque se generó tanto gasto judicial? ¿eso no es acaso otra forma de corrupción?
El caso de Hugo Moyano con el sobreseimiento por parte del juez Daniel Rafecas, es un ejemplo, pero otro es el del senador Gerardo Montenegro y el sobreseimiento por parte del juez Santiago Argibay. Parece que los informes de la UIF y el PROCELAC son solamente "orientativos", ya que en efecto: la justicia parece ser ciega.
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