"La Convención Interamericana de Protección de los DD.HH. de las Personas Mayores (ley 27.360) fue creada por iniciativa de la República Argentina.
Dispone una serie de derechos, privilegios y trato preferencial, desde lo administrativo hasta lo judicial, para los mayores de 60 años.
Pero los jueces federales la ignoran en el caso de los militares y otros acusados de delitos de lesa humanidad, quienes son privados de la excarcelación, de la libertad condicional, de la detención domiciliaria y otras normas humanitarias del proceso penal de las que goza todo el resto de la ciudadanía.
Discriminar por el delito por el cual se acusa es igual que hacerlo por el color de piel, por el sexo, la raza o la religión. Los más altos tribunales del país deben rectificar esta abominable práctica sea que tenga su origen en razones ideológicas, en la cobardía o en la conveniencia política.
La libertad y la igualdad ante la ley sostienen todo el resto de las garantías; sin ellas, no es posible reconocernos como nación."
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