Denuncian al diputado Aldo Leiva por agresiones a militantes y a un reportero gráfico en Chaco

Un grave episodio de violencia política se registró en la tarde del jueves en la plaza principal de General San Martín, cuando el diputado nacional Aldo Leiva, del Partido Justicialista (PJ) y referente del espacio Fuerza Patria, fue acusado de agredir a militantes de La Libertad Avanza (LLA) y a un reportero gráfico local.

De acuerdo con un comunicado emitido por LLA Chaco, el legislador nacional irrumpió de manera violenta en el lugar donde un grupo de militantes libertarios realizaba actividades proselitistas en vísperas de la visita del gobernador Leandro Zdero, quien tenía previsto encabezar un acto en esa localidad. Según la denuncia, Leiva habría proferido amenazas, destruido gazebos y materiales de campaña pertenecientes a la lista 503–Violeta.

El hecho ocurrió a solo diez días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y en un contexto político provincial marcado por la tensión entre espacios partidarios. “Repudiamos este acto violento y mafioso, y exigimos garantías para desarrollar nuestras actividades en paz”, expresó LLA a través de un comunicado, donde además se informó que los afectados radicaron las denuncias correspondientes ante la justicia.

Agresiones a la prensa

Entre los incidentes registrados, se documentó un ataque al camarógrafo y fotógrafo Gerardo Galarza, del canal local Somos Uno. En videos difundidos por testigos, se observa al diputado Leiva increpando al reportero, quien intentaba registrar lo ocurrido. En las imágenes, el legislador aparece intentando pisar el teléfono del trabajador de prensa, mientras lo empuja y le impide continuar grabando.

En su denuncia policial, Galarza relató que fue insultado y agredido físicamente por Leiva y por personas de su entorno, identificando a Adolfo Treppo y Matías Aaron como partícipes del ataque. También sostuvo que, pese a la presencia de efectivos policiales a pocos metros del lugar, no se registró una intervención inmediata para detener la agresión.

Posibles sanciones y consecuencias legales

El accionar atribuido al diputado nacional podría encuadrarse en diversos tipos de faltas administrativas y delitos penales, entre ellos lesiones leves, daños, amenazas y coacción, previstos en los artículos 89, 149 bis y 183 del Código Penal Argentino.

En el plano institucional, de comprobarse los hechos, Leiva podría enfrentar sanciones disciplinarias en la Cámara de Diputados de la Nación, tales como apercibimiento, suspensión o incluso la pérdida de su banca, conforme a lo establecido por el Reglamento de la Cámara en los artículos 188 y 189, referidos a la “conducta incompatible con la función legislativa”.

Asimismo, el episodio podría derivar en una investigación judicial por abuso de autoridad y violencia política, agravada por la condición de funcionario público del denunciado. Organizaciones periodísticas y civiles advirtieron sobre la necesidad de garantizar la libertad de prensa y la integridad de los trabajadores de comunicación en el marco de las coberturas electorales.

Antecedentes y contexto

Leiva, exintendente de General San Martín, ha sido protagonista de episodios polémicos recientes. En septiembre, durante una sesión en la Cámara de Diputados, se colocó una peluca en la cabeza como gesto burlesco al votar contra el veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica, hecho que generó amplia repercusión mediática.

El incidente del jueves vuelve a colocar al legislador en el centro de la polémica, en un clima de creciente tensión política en Chaco. Mientras tanto, el Ministerio Público chaqueño deberá evaluar las denuncias presentadas y determinar la responsabilidad penal y administrativa del diputado.

Cuestionan al convenio de comercio por restringir la libre competencia en seguros de retiro: piden intervención de la Defensa de la Competencia

El régimen del seguro complementario de retiro obligatorio para empleados de comercio, administrado exclusivamente por La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro, volvió a ser objeto de críticas por parte de cámaras empresarias y especialistas en derecho laboral y económico. Señalan que el convenio colectivo del sector impone un esquema cerrado que impide a empleadores y trabajadores elegir otras aseguradoras, configurando una práctica contraria al principio de libre competencia y generando desigualdad entre trabajadores de distintos rubros.

Según el acuerdo vigente, todos los empleadores del sector deben abonar un aporte equivalente al 1,6% del salario a La Estrella S.A., sin posibilidad de optar por otra entidad. Del total, el 50% se acredita en una cuenta individual del trabajador y el otro 50% se destina a un fondo solidario común. No obstante, el beneficio sólo se obtiene tras 20 años de aportes continuos, lo que deja fuera a quienes cambian de actividad o son despedidos antes de cumplir ese plazo. En esos casos, los aportantes sólo pueden rescatar la mitad del fondo, ya que el resto permanece en el sistema solidario.

 

El esquema se mantiene desde 1993, y pese a los reclamos del sector privado, no ha sido revisado por las autoridades laborales. En ese sentido, tanto el Ministerio de Capital Humano (Sandra Viviana Pettovello) como la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social —de quienes depende la homologación de convenios colectivos— son señalados por su acción u omisión al permitir que el sistema continúe funcionando en condiciones que restringen la competencia y afectan la libertad de elección de los asegurados.

Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresaron que “muchos trabajadores nunca llegan a acceder al beneficio, mientras que aquellos que solicitan el rescate sólo reciben el 50% de lo aportado, lo que resulta inequitativo y compulsivo”.

Ante esta situación, diversos especialistas sostienen que debería intervenir el Ministerio de Economía, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), para evaluar si el régimen constituye una posición dominante impuesta por vía convencional que limita el acceso de otras compañías del sector asegurador. La CNDC, encabezada por su presidente Eduardo Rodolfo Montamat , tiene entre sus funciones prevenir prácticas anticompetitivas y promover la transparencia en los mercados.

En el centro de las críticas se encuentra La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro (CUIT 30-62092087-4), con domicilio en San Martín 483, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La empresa está presidida por Pablo Rodrigo Tarantino, e integrada por Rodolfo D’Onofrio, Gregorio Werthein, Clara D’Onofrio y Martín Abramovich como directores titulares, junto a otros miembros del grupo Werthein en funciones suplentes.

Los cuestionamientos apuntan a que, al no existir alternativas para la elección del seguro complementario, el sistema termina beneficiando de manera exclusiva a una sola entidad privada, con el aval del Estado, en detrimento de la libre competencia y la equidad entre trabajadores.

La discusión vuelve así a poner en foco el rol del Estado en la regulación de los convenios colectivos, la necesidad de garantizar la libertad de elección previsional y la responsabilidad institucional de los organismos públicos que, por acción o por omisión, permiten que perdure un modelo que contradice los principios de transparencia y competencia leal en el mercado asegurador.

La pérdida de poder operativo de la policía y su impacto en la seguridad pública

Un reciente caso ocurrido en Buenos Aires volvió a exponer una problemática estructural en el sistema de seguridad y justicia: la pérdida de autonomía operativa de las fuerzas policiales frente a las decisiones judiciales.

El hecho tomó estado público tras la denuncia de una mujer, Michelle Imán Schmukler, que relató cómo un vecino la amenazó con un arma de fuego mientras profería insultos antisemitas. Según su testimonio, al acudir a la comisaría para denunciar lo ocurrido, la respuesta del fiscal de turno fue limitar la actuación policial a la entrega de un botón antipánico. “Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé y su mamá y nadie lo detiene. El agresor está en su casa mirando Netflix como si nada hubiese pasado”, declaró la víctima.

Este episodio evidencia una tensión creciente entre las competencias judiciales y las facultades policiales. En la práctica, la policía se ha convertido en un mero ejecutor de las decisiones de fiscales y jueces, perdiendo la capacidad de actuar con criterio propio ante situaciones de riesgo inmediato. Cuando las órdenes judiciales son erróneas o insuficientes, las fuerzas terminan asumiendo la responsabilidad operativa y política de los resultados.

Expertos en seguridad advierten que esta situación deteriora la eficacia del sistema y debilita la confianza social en las instituciones. Al quedar sujeta a directivas externas, la policía pierde legitimidad para intervenir con rapidez y prevenir hechos violentos. En paralelo, la falta de coordinación entre las instancias judiciales y las fuerzas de seguridad genera un vacío operativo que favorece la impunidad.

En este contexto, el caso de la vecina amenazada no solo refleja una agresión individual sino un síntoma más profundo: un sistema en el que los mecanismos de control judicial, lejos de garantizar mayor justicia, terminan desarticulando la respuesta inmediata del Estado ante el delito. La consecuencia es una sensación generalizada de indefensión ciudadana y de desprotección institucional hacia quienes deben garantizar la seguridad pública.

A 50 años de la “Operación Primicia”: el asalto a Formosa que marcó un antes y un después en la violencia política argentina

El 5 de octubre de 1975, durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón (conocida públicamente como Isabel Perón), la organización Montoneros llevó a cabo la mayor acción militar de su historia conocida como “Operación Primicia”: el asalto al Regimiento de Infantería de Monte N.º 29, con asiento en la periferia de la ciudad de Formosa. El combate —de aproximadamente media hora según relatos contemporáneos y posteriores— quedó grabado en la memoria local y nacional por su violencia, por la participación de fuerzas regulares y guerrilleras y por el saldo humano que dejaron aquel domingo de octubre.

La operación fue compleja y combinó varias fases: el secuestro de un Boeing 737-200 de Aerolíneas Argentinas (Vuelo 706) desde Aeroparque —con más de un centenar de pasajeros a bordo—, el copamiento del aeródromo formoseño El Pucú para facilitar la salida y la huida, y el asalto simultáneo al cuartel con el objetivo declarado de apoderarse de armamento. Los comandos emplearon un avión secuestrado y, según fuentes contemporáneas y de investigación histórica, también un avioneta Cessna para facilitar la retirada. 

Un día como hoy en 1975, la organización terrorista Montoneros atacaba el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, secuestraba un avión en vuelo de Aerolíneas y tomaba el aeropuerto El Pucú de Formosa con el objetivo de sembrar terror y muerte durante un gobierno… pic.twitter.com/uUd7h47q5L

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 5, 2025

La planificación incluyó inteligencia previa y la infiltración de un conscripto: Luis Roberto Mayol, oriundo de Santa Fe, figura identificada por fuentes militares y periodísticas como el “entregador” que abrió los accesos al regimiento y facilitó el ingreso de los comandos —varias camionetas cargadas con combatientes— a las instalaciones militares, que comprendieron la Compañía Comando, el casino de suboficiales, las cuadras de conscriptos y los depósitos de armas. Los atacantes, según publicaciones de la época y de Montoneros, se dividieron en grupos y vistieron uniformes que buscaron mimetizar su presencia.

La defensa del cuartel fue encabezada por oficiales, suboficiales y conscriptos jóvenes, muchos de ellos formoseños. El nombre que quedó como símbolo de esa resistencia fue el del soldado Hermindo “Negro” Luna, cuyo testimonio colectivo y los relatos de sus compañeros consignan la célebre respuesta: “¡Acá no se rinde nadie, mierda!”, antes de recibir heridas mortales. El episodio de Luna (herido de gravedad y asistido por camaradas hasta su muerte) fue consignado en actas, crónicas y en la memoria pública provincial y nacional como emblema de la defensa del grupo de conscriptos.

Las cifras del balance difieren según las fuentes y siguen siendo motivo de debate historiográfico: versiones periodísticas y compilaciones hablan de alrededor de una veintena de muertos —la cifra que suele repetirse es la de 24 víctimas en total (con balances que proponen 12 por cada lado)—, mientras que otros recuentos oficiales o posteriores registran variaciones (por ejemplo, listados que consignan 13 militares y 16 atacantes en determinadas crónicas). 

Entre los nombres de las fuerzas armadas fallecidas figuran el Subteniente Ricardo Massaferro, el Sargento Víctor Sanabria y los soldados Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos (o Ávalos según fuentes), José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna; entre las víctimas identificadas del bando montonero aparecen, según listas públicas y trabajos periodísticos, Luis Roberto Mayol, Reinaldo (Ramón José) Briggiler, Juan Sebastián Hernández, Saúl Mario Kobrinsky, Jorge Alberto Livieres Banks, Luis Carlos Morero, Oscar Ramón Boero y José Daniel Graziano, entre otros. También hubo civiles y, en el copamiento del aeropuerto, la muerte de un agente policial. 

Los distintos conteos y la existencia de fosas, entierros colectivos y desapariciones posteriores hicieron que el detalle exacto de bajas y responsabilidades fuera objeto de investigaciones, reclamos judiciales y controversias políticas en las décadas siguientes.

El impacto político e institucional fue inmediato: la “Operación Primicia” se inscribió en 1975 dentro de un pico de violencia política que combinó acciones de guerrilla, atentados con explosivos, secuestros y una respuesta cada vez más militarizada del Estado (en paralelo a operaciones como el Operativo Independencia en Tucumán). Al día siguiente del asalto se dictaron medidas ejecutivas con fuerte perfil represivo a nivel nacional, y en el plano político el episodio profundizó las decisiones de mano dura y la escalada entre actores que, meses después, desembocarían en la ruptura institucional de marzo de 1976. Historiadores y archivos oficiales señalan que el hecho fue interpretado por muchas áreas del Estado como la prueba de la “militarización” definitiva del conflicto interno.

Las consecuencias legales y administrativas se extendieron durante décadas: el Parlamento y los distintos gobiernos debatieron y, finalmente, el Estado nacional dictó medidas de reconocimiento e indemnización para familiares y heridos, culminando con la publicación de la Resolución 1023/2024 del Ministerio de Defensa —publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2024— que fijó pautas para la reparación económica de víctimas y herederos derivados del ataque al Regimiento 29. Ese reconocimiento administrativo fue recibido con alivio por algunos familiares y con reproches y denuncias por parte de otros: la hermana de Hermindo Luna, Jovina Luna —quien encabezó durante años reclamos públicos por reconocimiento, investigó pagos y presentó denuncias— falleció el 19 de junio de 2021; su lucha dejó abiertas discusiones sobre quiénes y cómo recibieron indemnizaciones y sobre la necesidad de preservar memoria y verdad sobre lo ocurrido.

Cincuenta años después, el ataque al Regimiento 29 sigue siendo un punto de fricción en la memoria argentina: las conmemoraciones militares, los homenajes a los caídos y los actos oficiales conviven con investigaciones periodísticas, con reclamos de familiares por justicia y clarificación de hechos, y con debates sobre cómo enseñar ese pasaje en las escuelas. La historiografía contemporánea no solo reconstruye la operación en su dimensión militar, sino que también examina sus consecuencias políticas y humanas —las víctimas, los enterramientos, las indemnizaciones y las respuestas del Estado— en un periodo que, por la acumulación de violencia, terminó transformando profundamente la historia institucional del país.

Revelan lazos corporativos y aportes de campaña entre empresas familiares y el círculo cercano al Gobierno

Una reciente investigación de Border Periodismo, ha expuesto una red de vínculos societarios y financieros que conectan a un grupo de empresas privadas con figuras clave del entorno presidencial. El análisis se centra en tres firmas del rubro inmobiliario y agropecuario—Zefico SA, Camalu, y Pejotace —todas ellas propiedad de la familia Costa, cuyos accionistas mayoritarios son Pablo J. Costa y Lucas Costa, junto a María Costa y Carmen Costa.

Las tres empresas comparten un mismo domicilio legal en Av. Santa Fe 1358, una dirección que históricamente ha sido asociada a las oficinas de la familia Caputo. El nexo legal de estas compañías se formalizó, en parte, a través del escribano José Domingo Mangone, quien participó en la constitución y las modificaciones de sus directorios.

El vínculo más directo con el poder ejecutivo se establece a través de los hermanos Caputo. El asesor presidencial Santiago Caputo figura como el único empleado de Zefico SA, con un registro laboral iniciado en enero de 2024. Esta relación se enmarca en un contexto de escrutinio financiero, ya que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) generó un reporte sobre Zefico SA por la detección de un movimiento de 800.000 dólares que despertó sospechas de un posible lavado de activos.

Por su parte, Francisco Caputo mantiene una relación de dependencia con otra de las firmas, Camalu. Francisco Caputo también es coordinador y coach de la Fundación Faro, una entidad dedicada a la promoción de ideas y la batalla cultural que apoya al gobierno. En el ámbito político, los registros oficiales de Aportes Declarados revelan una contribución de 3 millones de pesos por parte de Lucas Costa. Este aporte, concretado el 18 de julio de 2025 mediante transferencia bancaria, fue destinado a la fuerza política La Libertad Avanza de Formosa.