viernes, 28 de febrero de 2025

Asesinato en Tortuguitas: Joven de 21 años muere en intento de robo frente a su familia

El martes 27 de febrero de 2025, un nuevo crimen sacudió la localidad de Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Lucas Díaz, un joven de 21 años, fue asesinado a tiros durante un violento robo mientras paseaba con su pareja, Abril, y su hijo de un año y medio. El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 en la intersección de las calles Buenos Aires y Labardén.

Según fuentes policiales, Lucas Díaz y su familia fueron interceptados por dos motochorros que intentaron robarles sus pertenencias. Cuando Díaz intentó resistirse y defender a su pareja, uno de los delincuentes le disparó a quemarropa, impactándole en el abdomen. A pesar de los esfuerzos médicos, Díaz falleció en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.

El caso es investigado por la UFI N°22 de Malvinas Argentinas, que ha ordenado una serie de medidas para identificar a los responsables. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del ataque, y las imágenes están siendo analizadas para obtener más información sobre los agresores.

Andrea, una vecina de Tortuguitas, relató el dramático suceso a TN, destacando la brutalidad del ataque y la desesperación de la comunidad ante la creciente inseguridad en la zona. Los vecinos han convocado a una movilización para este viernes 28 de febrero de 2025, a las 17:00, en la intersección de Buenos Aires y Ruta 8, para exigir justicia y mayor seguridad.

Las autoridades locales, incluyendo el intendente Leonardo Javier Nardini y la Secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional María Luján Salgado, han sido interpeladas por los vecinos para que tomen medidas urgentes. La comunidad denuncia la falta de respuestas efectivas y la necesidad de un plan integral de seguridad para proteger a los ciudadanos.

Este crimen se suma a una serie de incidentes violentos que han afectado al conurbano bonaerense, aumentando la preocupación y la demanda de acciones concretas por parte de las autoridades para combatir la inseguridad.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, ha sido cuestionado por la falta de resultados en la lucha contra el crimen. La Unidad Ministerio Carlos Montaña y la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad, liderada por Darío Ruiz, también están bajo escrutinio por su gestión en la prevención y resolución de estos delitos.

Este hecho así como otros de inseguridad surgen en el marco de una crisis en la Policía Bonaerense, donde el personal no cuenta con un salario digno, y muchos policías se encuentran en una protesta en Puente 12, dada la precaridad de sus condiciones laborales.

La comunidad de Tortuguitas espera que este trágico suceso sirva como un llamado de atención para las autoridades y que se implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

jueves, 27 de febrero de 2025

Trágico homicidio en Carapachay: mujer de 55 años es asesinada durante intento de robo

Un violento episodio sacudió al barrio de Carapachay, en el partido bonaerense de Vicente López, donde una mujer de 55 años fue asesinada de un disparo en la cabeza durante un intento de robo. El hecho se suma a una preocupante serie de incidentes de inseguridad en la zona.

Los hechos

Según fuentes judiciales, el homicidio ocurrió en la intersección de las calles José Hernández e Independencia. La víctima, identificada como Silvia Graciela Lepez, de 55 años, fue abordada por al menos dos delincuentes que intentaron robarle su camioneta Chevrolet Tracker.

Al no poder concretar el robo del vehículo, los asaltantes le dispararon en la cabeza, provocándole la muerte en el acto. Tras el homicidio, los delincuentes huyeron del lugar y, aproximadamente a 300 metros, en la intersección de las calles Porchia y Misiones, sustrajeron un vehículo Ford Territory a otro vecino, con el que escaparon hacia el partido bonaerense de San Martín.

Investigación en curso

La investigación, a cargo del fiscal de Vicente López Gastón Larramendi, ha revelado mediante el análisis de cámaras de seguridad de la zona que los ladrones contaban con cómplices que circulaban en un automóvil Toyota Corolla, el cual funcionaba como vehículo de apoyo durante el atraco.

Las autoridades cuentan con la colaboración de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) local para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Segundo homicidio en menos de tres meses

Este trágico suceso representa el segundo homicidio durante un robo en Vicente López en menos de tres meses. A principios de diciembre de 2024, específicamente el 4 de diciembre, motochorros asesinaron a Daniel Muzzillo, un vecino de 55 años y padre de tres hijos, cuando intentaron robarle su motocicleta en la calle Cayetano Rodríguez al 3900, en Villa Adelina, en el límite entre Vicente López y San Martín.

En aquel caso, una investigación encabezada por el mismo fiscal Larramendi y personal de la Superintendencia AMBA Norte I de la policía bonaerense, bajo la dirección del comisario mayor Lucas Borge, permitió la detención de los dos sospechosos una semana después del crimen.

Autoridades locales

Las actuales autoridades de Vicente López son: la intendenta Soledad Martínez, el secretario de Seguridad Santiago de Jesús, y el jefe de Gabinete Facundo Carrillo, quienes deberán afrontar este nuevo episodio de inseguridad que afecta al distrito.

La comunidad de Vicente López permanece conmocionada por estos hechos violentos que ponen en evidencia la situación de inseguridad que afecta a la zona norte del Gran Buenos Aires.

viernes, 21 de febrero de 2025

Lic en Seguridad Ciudadana con la Seguridad de la FNA32

Durante la reciente Fiesta Nacional del Automovilismo (FNA32), el Licenciado en Seguridad Ciudadana y ex Jefe de la SubDDI local entre 2017 y 2024, Maximiliano Blanco Río, desempeñó un papel crucial en la coordinación de la seguridad del evento. Su participación fue fundamental para garantizar una cobertura integral y efectiva en materia de seguridad, trabajando en estrecha colaboración con los organizadores municipales.

Como profesional universitario en seguridad, Blanco Río se encargó de coordinar acciones conjuntas entre la empresa de seguridad privada contratada para el evento y el titular de la Estación de Policía Comunal de Balcarce, el Subcomisario Gastón Sánchez. Esta coordinación permitió una sinergia óptima entre las distintas organizaciones públicas y privadas involucradas, asegurando un despliegue eficiente de recursos y medidas preventivas.

La labor de Blanco Río incluyó la planificación y supervisión de estrategias de seguridad, la comunicación constante con los equipos de seguridad privada y la policía local, y la implementación de protocolos de respuesta ante posibles incidentes. Su experiencia y formación académica en seguridad ciudadana fueron esenciales para anticipar y gestionar situaciones de riesgo, contribuyendo significativamente a la respuesta brindada por el personal a cargo del Subcomisario Sánchez.

Gracias a esta coordinación, se logró mantener el orden y la seguridad durante toda la celebración, asegurando que los asistentes disfrutaran del evento sin contratiempos. La colaboración estrecha entre los actores públicos y privados reafirma el compromiso del municipio y de todos los profesionales involucrados en brindar un entorno seguro y ordenado durante uno de los eventos más destacados del año.

La participación de Maximiliano Blanco Río en la FNA32 subraya la importancia de contar con profesionales especializados en seguridad para la organización de eventos masivos, garantizando así la protección y el bienestar de todos los participantes.

jueves, 13 de febrero de 2025

Gendarmería: Acusan al Gobierno de Perseguir a Efectivos por Reclamos Salariales

En los últimos días, se ha generado una creciente preocupación en torno a las acciones emprendidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por la ministra Patricia Bullrich, en relación con el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que ha manifestado reclamos sobre la precariedad salarial. Estas medidas, que incluyen el uso de recursos destinados a la persecución penal con fines de sanciones administrativas, podrían constituir una violación a los derechos fundamentales de los trabajadores y ser consideradas actos de violencia institucional.


Contexto de la Crisis Laboral

La Gendarmería Nacional Argentina es una de las fuerzas de seguridad más importantes del país, encargada de la seguridad interna y el control de fronteras. Sin embargo, en los últimos años, el personal de la GNA ha enfrentado diversas dificultades laborales, entre las cuales se destaca la precariedad salarial. Esta situación ha generado un malestar generalizado entre los efectivos, quienes han expresado sus reclamos a través de diversos canales, incluyendo las redes sociales.

Medidas Controversiales del Ministerio de Seguridad

Según información difundida, la Dirección de Asuntos Internos de la GNA emitió una comunicación interna, identificada como EX-2025-11844372-APN-DIRASUNITE#GNA, en la que se ordena la identificación de efectivos que realizaron comentarios en redes sociales utilizando términos "insultantes y/o descalificantes" hacia las autoridades de la fuerza y del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esta acción se basó en tareas de ciberpatrullaje efectuadas el 5 de febrero de 2025, conforme a la Resolución Ministerial N° 428/2024.

La Resolución 428/2024 establece las pautas para las labores preventivas de delitos en ambientes cibernéticos, indicando que dichas tareas deben llevarse a cabo únicamente mediante el uso de sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas. Sin embargo, la aplicación de esta normativa para monitorear y sancionar comentarios críticos relacionados con condiciones laborales podría exceder su propósito original y vulnerar derechos fundamentales.

Violencia Institucional y Derechos Laborales

El uso de recursos destinados a la persecución penal con fines de sanciones administrativas y persecución laboral contraviene principios establecidos en la legislación argentina. La Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios tiene como objeto generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional cometidos por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.

Además, la violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las personas, constituyendo una forma de abuso de poder que tiene como finalidad excluir o someter al otro.

Reclamos Salariales y Condiciones Laborales

En este contexto, es pertinente mencionar que las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, incluyendo a Patricia Bullrich, Carlos Manfroni y Martín Siracusa, así como el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, han sido señalados en relación con la necesidad de reevaluar los cálculos salariales, dado el daño que la precariedad salarial produce en las instituciones policiales y de seguridad. El equipo sindicado por Martín Siracusa está compuesto por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farías, Benjamín Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina y Enrique Pinedo, quienes también deben explicar por qué el personal de las fuerzas tiene un salario por debajo de casi cualquier convenio, haciendo que personas con 10 años de antigüedad cobren menos que un empleado de comercio o vigilador sin experiencia.

Los bajos salarios se suman a usos abusivos de notificaciones, produciendo violaciones del derecho del personal de las fuerzas, ante las cuales los funcionarios no han dado respuestas.

Necesidad de Revisión y Acción

Es fundamental que las autoridades competentes revisen estas prácticas y garanticen el respeto de los derechos laborales y humanos del personal de la Gendarmería Nacional Argentina, evitando acciones que puedan ser interpretadas como violencia institucional y asegurando condiciones laborales dignas para quienes integran las fuerzas de seguridad. La estabilidad y el bienestar del personal de seguridad son esenciales para el correcto funcionamiento de las instituciones y para la seguridad de la ciudadanía en general.

domingo, 9 de febrero de 2025

Alcaidía 6A - El uso arbitrario de recursos en las Fuerzas de Seguridad: un problema crítico en la Gestión de la Seguridad

La gestión de la seguridad en cualquier sociedad es un desafío complejo que requiere una administración eficiente y transparente de los recursos disponibles. Sin embargo, cuando el uso de estos recursos se vuelve arbitrario y discrecional, surgen problemas que pueden comprometer la efectividad y la confianza en las fuerzas de seguridad. Un ejemplo reciente de esta problemática se observa en la fuga de seis presos de la Alcaidía 6A de la Policía de la Ciudad, ubicada en el barrio de Caballito, Buenos Aires.

La Fuga en la Alcaidía 6A

El pasado domingo, seis detenidos lograron escapar de la Alcaidía 6A tras maniatar y golpear a dos oficiales. Los fugados, que ya tenían dictada la prisión preventiva, cruzaron hacia la provincia de Buenos Aires por el Puente Alsina y tomaron rumbo hacia Lanús. Dos de los presos fueron recapturados, mientras que los otros cuatro continúan prófugos. Este incidente no solo pone en evidencia las fallas en la seguridad de la alcaidía, sino que también resalta problemas más profundos en la gestión de los recursos y el personal de las fuerzas de seguridad.

Uso Arbitrario de Recursos y Sus Consecuencias

El uso arbitrario y discrecional de los recursos en las fuerzas de seguridad puede llevar a una serie de problemas que afectan tanto a la institución como a la sociedad en general. En el caso de la Alcaidía 6A, la falta de medidas adecuadas para prevenir fugas y la superpoblación de detenidos son claros indicadores de una mala gestión de recursos.

  1. Superpoblación y Condiciones Inadecuadas: La superpoblación en las alcaidías y comisarías es un problema crónico que se ha agravado en los últimos años. Actualmente, hay más de 2.200 detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales más del 90% deberían estar en penales federales. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los detenidos, sino que también dificulta la labor de los oficiales y aumenta el riesgo de fugas.

  2. Falta de Inversión en Infraestructura: La infraestructura de las alcaidías y comisarías es insuficiente para manejar la cantidad de detenidos actual. La creación de alcaidías modulares es una medida provisoria que, aunque necesaria, no resuelve el problema de fondo. La falta de inversión en infraestructura adecuada y en tecnología de seguridad es un reflejo del uso arbitrario de los recursos disponibles.

  3. Desgaste del Personal: El personal de las fuerzas de seguridad enfrenta un desgaste significativo debido a la falta de apoyo y recursos adecuados. En muchos casos, los oficiales son utilizados como "fusibles" para resolver problemas estructurales, lo que genera desmotivación y baja moral. La falta de escucha y consideración hacia el personal es un error grave que puede llevar a una menor efectividad en la gestión de la seguridad.

La Necesidad de una Gestión Transparente y Eficiente

Para resolver los problemas en la gestión de la seguridad, es fundamental adoptar una administración transparente y eficiente de los recursos. Esto implica:

  1. Escuchar al Personal: El personal de las fuerzas de seguridad tiene una visión privilegiada de los problemas y necesidades del sistema. Escuchar sus opiniones y sugerencias es crucial para implementar soluciones efectivas.

  2. Inversión en Infraestructura y Tecnología: Es necesario invertir en la mejora de la infraestructura de las alcaidías y comisarías, así como en tecnología de seguridad que permita una mejor gestión y control de los detenidos.

  3. Políticas Claras y Consistentes: Las políticas de seguridad deben ser claras y consistentes, evitando el uso arbitrario de los recursos. Esto incluye la implementación de protocolos estrictos para la prevención de fugas y la gestión de la superpoblación.

  4. Colaboración Interinstitucional: La colaboración entre las fuerzas de seguridad y otras instituciones, como el poder judicial y el gobierno nacional, es esencial para abordar problemas complejos como la superpoblación y la falta de traslados a penales federales.

Conclusión

La fuga de presos en la Alcaidía 6A es un síntoma de problemas más profundos en la gestión de la seguridad en Buenos Aires. El uso arbitrario y discrecional de los recursos, la falta de inversión en infraestructura y tecnología, y el desgaste del personal son factores que contribuyen a esta situación. Para mejorar la efectividad y la confianza en las fuerzas de seguridad, es imperativo adoptar una gestión transparente y eficiente, escuchando al personal y implementando políticas claras y consistentes. Solo así se podrá garantizar una seguridad adecuada para todos los ciudadanos.

Crisis salarial en las fuerzas federales: aumentos insuficientes generan malestar y anuncios de protestas

En los últimos meses, el personal de las fuerzas de seguridad y policiales federales de Argentina ha expresado una creciente preocupación por la disparidad salarial en comparación con otros sectores, como el comercio y la seguridad privada. 


A pesar de las recientes medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, los efectivos consideran que los incrementos otorgados son insuficientes y no reflejan la responsabilidad y el riesgo inherentes a sus funciones.

El 7 de febrero de 2025, el Ministerio de Seguridad Nacional emitió la Resolución 176/2025, que establece un aumento del 5% en el haber mensual para el personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, efectivo a partir de marzo. Además, la resolución busca equiparar los salarios del Servicio Penitenciario Federal con los de las demás fuerzas de seguridad federales. 


El secretario de Seguridad, Martín Siracusa, anunció la medida en su cuenta de X (anteriormente Twitter), agradeciendo a los equipos que trabajaron en la elaboración de la resolución y enfatizando el compromiso del gobierno con el bienestar de los efectivos.

Sin embargo, los miembros de las fuerzas de seguridad han manifestado que el incremento es insuficiente y no cierra la brecha salarial existente con otros convenios colectivos, como los de comercio y seguridad privada. Esta situación ha generado malestar entre el personal, derivando en anuncios de manifestaciones y acciones de protesta en diversas regiones del país.

El Ministerio de Seguridad Nacional ha iniciado investigaciones internas para monitorear y abordar estas manifestaciones, buscando mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas. No obstante, el descontento persiste, y los efectivos demandan una revisión más profunda de la política salarial que contemple aumentos significativos y sostenidos en el tiempo, acordes a la inflación y al costo de vida actual.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional ( Patricia Bullrich, Carlos Manfronti, Martín Siracusa ) así como el jefe de gabinete de Ministro Guillermo Francos, cómo el Ministro de Economía Luis "toto" Caputo, cómo distintas personas que han intervenido en este proceso "COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO" deben re-evaluar seriamente los cálculos pues el daño que producen a las instituciones policiales y de seguridad es extremadamente grave. El equipo sindicado por Martín Siracusa está compuesto por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina, Enrique Pinedo, quiénes también deben explicar porqué el personal de las fuerzas tiene un salario por debajo de casi cualquier convenio, haciendo que personas con 10 años de antigüedad cobren menos que un empleado de comercio o vigilador con 0 años de antigüedad, tal se observa en los gráficos.

Los malos salarios se suman a usos abusivos de notificaciones produciendo violaciones del derecho del personal de las fuerzas, los cuales los funcionarios no han dado respuestas tampoco.

Vale aclarar que la mala praxis política realizada por los funcionarios públicos en caso de derivar en juicios los terminan pagando todos los ciudadanos mediante el presupuesto público.

Ni Javier Milei ni Victoria Villarruel se han expresado ante este tipo de problemáticas.

La crisis salarial en las fuerzas de seguridad federales plantea desafíos significativos para el gobierno, que debe equilibrar las restricciones presupuestarias con la necesidad de garantizar condiciones laborales dignas para quienes desempeñan roles esenciales en la seguridad nacional. El desarrollo de este conflicto será determinante para la moral y la eficacia operativa de las fuerzas en el futuro cercano.

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