El cabo Miguel Ángel Montiel, integrante de la Policía Federal Argentina (PFA), fue apartado de la fuerza luego de denunciar públicamente la existencia de presuntas irregularidades administrativas y desvío de fondos en el ámbito de la Superintendencia de Transporte. El caso generó controversia por las circunstancias que rodearon tanto la denuncia como las posteriores medidas adoptadas en su contra, incluyendo hechos de inseguridad en su domicilio, restricciones administrativas y evaluaciones médicas.
La Policía Federal Argentina, a cargo de Luis Alejandro Rollé, depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, qué es conducido por Alejandra Monteoliva.
Montiel, con nueve años de servicio, había realizado su denuncia de manera pública, incluso mediante una protesta frente a la Casa Rosada, donde se manifestó uniformado para visibilizar lo que describió como un sistema de “planillas fantasma” y manejo irregular de recursos dentro de la fuerza. Según su testimonio, no recibió respuestas formales por parte de autoridades del Poder Ejecutivo ni del Ministerio de Seguridad tras su exposición.
En paralelo a su denuncia, el efectivo reportó un episodio ocurrido el 12 de febrero en su vivienda ubicada en Burzaco. De acuerdo con su versión, desconocidos ingresaron al domicilio y sustrajeron exclusivamente elementos vinculados a la denuncia, como dispositivos de almacenamiento digital, documentación y una computadora portátil. El hecho incluyó, según indicó, una presunta vigilancia previa mediante drones. Estas circunstancias fueron interpretadas por el denunciante como indicios de una operación dirigida a eliminar pruebas.
A nivel laboral, Montiel venía manifestando dificultades económicas derivadas de su salario, estimado en aproximadamente $850.000 mensuales tras casi una década de servicio. Esta situación, según declaró, lo obligaba a realizar trabajos adicionales como mecánico para sostener a su familia. Asimismo, denunció restricciones institucionales que limitan la posibilidad de que efectivos realicen actividades complementarias en plataformas de transporte o reparto.
El contexto salarial y de cobertura médica también fue señalado como problemático. De acuerdo con los planteos difundidos, existirían deficiencias en la prestación de servicios de salud por parte de las obras sociales vinculadas al personal de seguridad, lo que impactaría en la calidad de atención para efectivos y sus familias.
Durante una movilización frente al Edificio Centinela, el caso fue acompañado por el actor y comunicador Emmanuel Danann, quien cuestionó el contraste entre las promesas de respaldo a las fuerzas de seguridad y la situación actual de los efectivos. En ese marco, se hizo referencia a la persistencia de bajos ingresos y a las dificultades en el acceso a servicios básicos como la salud.
En el plano administrativo, Montiel fue notificado por personal policial —entre ellos la subinspectora Celia Rejas y los cabos Álvaro Cabrera y Luis Andrada— sobre resoluciones que lo colocaban en situación de disponibilidad. Según el propio efectivo, las actas contenían inconsistencias en las fechas, lo que podría evidenciar irregularidades en la confección de los expedientes.
El denunciante también informó que fue sometido a evaluación por parte de una junta médica para determinar su aptitud psicofísica, procedimiento que, según su interpretación, se utiliza en algunos casos para apartar a personal en conflicto. En este contexto, denunció además restricciones para presentarse en medios de comunicación o participar en actividades públicas.
El 7 de abril, Montiel publicó un video en redes sociales donde relató la notificación recibida y la incertidumbre sobre su continuidad en la fuerza. Al día siguiente, se presentó en un programa televisivo de Crónica TV, donde reiteró sus denuncias y anticipó la inminencia de su desvinculación. Aproximadamente 12 horas después de esa aparición, recibió la notificación formal de su expulsión.
Al firmar el acta correspondiente, el cabo dejó asentada su disconformidad mediante una leyenda manuscrita: “En disconformidad. ¡Viva la Patria!”. Además, se negó a entregar su uniforme y equipo, argumentando que aún mantenía estado policial y que dichos elementos forman parte de su identidad profesional.
El caso se produce en un contexto más amplio de preocupación dentro de las fuerzas de seguridad por condiciones laborales, salud mental y situación socioeconómica. En los días recientes se registraron fallecimientos de efectivos en distintos puntos del país —María Belén Ferreyra (28 de marzo), Daniela Giuliana Lezcano Balzer (2 de abril) y Juan Antonio Laundolfi (6 de abril)— hechos que fueron vinculados por distintos actores a la situación de estrés y vulnerabilidad del personal.
Montiel expresó públicamente sus condolencias a las familias de los efectivos fallecidos y sostuvo que los miembros de la fuerza enfrentan un escenario de creciente dificultad. Su caso, según distintas interpretaciones, expone tensiones entre las políticas institucionales, las condiciones laborales y los mecanismos de respuesta ante denuncias internas.
La situación continúa generando repercusiones y plantea interrogantes sobre los procedimientos de control interno, la protección a denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad y las condiciones estructurales en las que se desempeña el personal policial en la Argentina.
En base a información de Augusto Grineer para Data24.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario