Entre la vocación y la precariedad: la caída salarial y el deterioro social golpean a las fuerzas de seguridad del Gobierno Nacional

La creciente conflictividad en las fuerzas de seguridad federales a cargo de Alejandra Monteoliva encendió señales de alarma en la Casa Rosada, donde la mesa política encabezada por Karina Milei analiza el deterioro salarial y sanitario que atraviesan miles de efectivos. El tema fue abordado en una reunión realizada el lunes 30 de marzo, en paralelo a los intentos del Gobierno por mitigar el impacto político del caso protagonizado por Manuel Adorni.

El malestar interno se expresó con la convocatoria a una protesta de familiares, retirados y efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal frente al edificio Centinela el jueves 2 de abril, bajo la consigna “Todos juntos por un salario digno”. Aunque la movilización tuvo baja concurrencia, el Gobierno dispuso medidas para contener la situación, entre ellas un bono no remunerativo de $40.000 y sumas adicionales de hasta $300.000 según jerarquía, a través del decreto 216/2026.

La decisión fue impulsada en un contexto de advertencias internas sobre un posible escenario de “huelga de brazos caídos”, lo que obligó al ministro de Economía, Luis Caputo, a autorizar erogaciones extraordinarias. Sin embargo, dentro del oficialismo persiste la preocupación por la profundidad del descontento en las fuerzas.

El trasfondo de la crisis combina ingresos deteriorados y un sistema de salud en retroceso. Un caso que conmocionó recientemente fue el de un cabo de la Policía Federal de 44 años, hallado sin vida en su vehículo en las inmediaciones de la estación de Merlo, quien se quitó la vida con su arma reglamentaria. Según compañeros, había solicitado autorización para trabajar como repartidor en aplicaciones debido a que “no llegaba a fin de mes”.

Este episodio no resulta aislado. En los últimos meses se multiplicaron reportes de situaciones críticas: efectivos que recurren a trabajos informales para complementar ingresos, denuncias por falta de medicamentos y prestaciones médicas, y reclamos por condiciones de abandono. En redes sociales y grupos como “Azules Siempre” o “Gato Verde”, así como en cadenas de WhatsApp, se replican testimonios sobre dificultades económicas y deterioro institucional.

La crisis sanitaria tiene uno de sus focos en el sistema de cobertura médica. La disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que contaba con 600.000 afiliados, dio paso a la creación de dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg), impulsadas por el presidente Javier Milei. En el caso de la Policía Federal, se mantiene la Superintendencia de Bienestar, con el Complejo Médico Churruca Visca como referencia.

No obstante, el sistema arrastra problemas estructurales. IOSFA, que registraba superávit hasta diciembre de 2023, acumuló una deuda que pasó de $42.000 millones a $210.000 millones entre marzo de 2024 y junio de 2025, según datos difundidos por Ámbito Financiero. En paralelo, familiares de efectivos denunciaron falta de atención médica, interrupción de tratamientos y ausencia de medicamentos, incluso para patologías crónicas, oncológicas y diabetes. También señalaron la inexistencia de atención psicológica, agravada por el temor de los agentes a perder el arma reglamentaria y, con ello, ingresos adicionales.

La situación se agravó tras la muerte de dos gendarmes por hantavirus en Orán, provincia de Salta, lo que motivó protestas frente a sedes del sistema de salud y reclamos judiciales por “fraude, estafa y abandono de persona”. En ese contexto, la jefatura de Gendarmería solicitó formalmente al administrador de IOSFA, coronel Ariel Guzmán, la intervención urgente para garantizar la prestación de servicios médicos.

En términos salariales, los datos oficiales reflejan una pérdida significativa frente al costo de vida. Según los cuadros publicados en noviembre de 2025, un agente de la Policía Federal percibía un salario bruto de $878.108,49, mientras que un comisario alcanzaba $1.852.147,94. En la Gendarmería, un gendarme cobraba $783.112,06 y un comandante $1.771.955,58. Sin embargo, los ingresos netos resultan considerablemente menores: actualmente, un agente percibe cerca de $750.000 de bolsillo y un sargento alrededor de $1,2 millones.

La comparación con la canasta básica total evidencia el deterioro: en febrero de 2026, una familia tipo necesitó $1.397.672 mensuales para no ser considerada pobre. Esto implica que un agente se ubica claramente por debajo de ese umbral y que incluso jerarquías superiores apenas logran equipararlo tras extensas jornadas laborales. El valor de los adicionales también resulta bajo: un módulo de seis horas se paga alrededor de $28.000, lo que desincentiva estas tareas frente a alternativas en plataformas privadas como transporte o reparto.

La consecuencia directa es una sobrecarga laboral: muchos efectivos deben trabajar hasta 12 horas diarias para alcanzar ingresos que les permitan sostener a sus familias. En numerosos casos, esto deriva en endeudamiento, toma de créditos y dependencia de financiamiento informal para cubrir necesidades básicas como alimentación, generando un deterioro progresivo en la calidad de vida familiar.

El problema también impacta en la estructura social de los hogares. Fuentes vinculadas a las fuerzas señalan que la imposibilidad de cubrir gastos esenciales genera tensiones, fragmentación familiar y un aumento de situaciones de estrés, agravadas por la falta de asistencia psicológica. La combinación de bajos salarios, sobreendeudamiento y desgaste emocional configura un escenario crítico.

La cuestión salarial fue seguida de cerca por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien intentó impulsar un aumento de entre 12% y 15% en cuotas hacia julio. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el presidente Milei, quien optó por mantener los ingresos de las fuerzas alineados con el resto del empleo público. Posteriormente, el mandatario difundió datos que mostraban una caída relativa de los salarios estatales desde el inicio de su gestión.

El fenómeno no se limita a las fuerzas de seguridad. Según un informe de la comisión de Defensa del Partido Justicialista, presidida por Agustín Rossi, durante 2025 se consolidó un desfasaje entre el aumento de la canasta básica total, que creció un 26,6%, y los haberes militares, que se incrementaron en torno al 21%. En los grados de oficiales subalternos, los ingresos se mantuvieron por debajo del umbral de pobreza durante gran parte del año.

En este contexto, dentro de las fuerzas se consolida una percepción de deterioro institucional y pérdida de reconocimiento. Voces internas señalan que los efectivos se sienten “traicionados” por una administración que prioriza el discurso de seguridad, pero que no logra garantizar condiciones materiales acordes a la función, en un escenario donde el salario, la salud y la estabilidad familiar aparecen crecientemente comprometidos.