La decisión de no apelar la entrega de tierras ha suscitado preocupación, ya que ha dejado en una posición vulnerable al Ejército Argentino. Los jueces se han cuestionado si esta acción obedeció a órdenes de las máximas autoridades de Defensa y la Procuración General de la Nación. Resulta paradójico que el único organismo que podría haber apelado esta decisión era el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que representa a los mapuches desde el Estado, pero no lo hizo.
El conflicto gira en torno a un terreno ubicado en la ruta provincial 82, entre Virgen de las Nieves y Villa Los Coihues, que ha pertenecido al Ejército Nacional desde 1937. Sin embargo, las familias de Millalonco Ranquehue afirman que han habitado este territorio desde fines del siglo XIX, antes de la llegada de las tropas militares. El predio fue reconocido como territorio de los Ranquehue por el Estado Nacional en 2012. A pesar de esto, las tierras están bajo el control de la Escuela Militar de Montaña, utilizadas para entrenar a las tropas de Montaña del Ejército Argentino y para otras actividades.
El conflicto se inició en 2020, cuando la Comunidad Millalonco Ranquehue presentó una demanda respaldada por informes y documentos que demostraban su pertenencia al pueblo mapuche. La ley 26.160, sancionada en 2006, ordenaba un relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas en todo el país y la protección de estas tierras contra los desalojos. La comunidad alegó que el INAI ya había mensurado sus tierras en 2011, pero aún no tenía el título de propiedad comunitaria y solicitó su transferencia inmediata.
En el proceso, el Congreso, el Estado Nacional y el Ministerio de Defensa rechazaron la solicitud. Sin embargo, la jueza federal de Bariloche dictaminó a favor de la comunidad y ordenó la transferencia de las tierras al INAI. Esta decisión, que tardó en apelarse, desencadenó una investigación en la que se buscaba determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
El juez federal Daniel Rafecas inicialmente sobreseyó a los denunciados, argumentando que ya habían tomado conocimiento de la sentencia y que existían diferencias internas en el Poder administrador. Sin embargo, la Cámara Federal revocó esta decisión y ordenó una investigación más profunda. Después de una revisión exhaustiva de los actos administrativos y las conversaciones entre los funcionarios, se reveló que hubo una falta de acción coordinada y se procesó a la abogada designada por la Procuración del Tesoro, Nicolás Rodríguez Vaccarezza, Leonardo Havela y Agustín Gasparini.
El fallo subraya que la decisión de no apelar la sentencia puso en una situación de indefensión al Ejército Argentino, afectando su capacidad de mantener su complejo educativo en la montaña. Además, el tribunal se pregunta si esta decisión fue el resultado de una acción aislada de los acusados o si se gestó en instancias superiores.
Este caso destaca la importancia de mantener la independencia entre las decisiones técnicas y políticas, para garantizar la imparcialidad y proteger los intereses institucionales. La Cámara Federal ha tomado medidas significativas para investigar y procesar a los funcionarios involucrados en este asunto, enfatizando la necesidad de preservar la integridad de las decisiones basadas en criterios técnicos y legales.
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