El Grupo Especial de Asistencia Judicial: Un Análisis Crítico de su Creación y Funcionamiento

En un paso más hacia la consolidación de la estructura de seguridad nacional, el Ministerio de Seguridad, liderado por Aníbal Fernández, ha establecido el Grupo Especial de Asistencia Judicial mediante la RESOL-2023-751-APN-MSG , cuyo anexo está firmado por Mercedes La Gioiosa. Este grupo, bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, involucra a las cuatro fuerzas federales: la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Sin embargo, esta iniciativa no está exenta de controversias y desafíos. La creación de grupos especiales a cargo del Ministerio de Seguridad con personal de las fuerzas de seguridad a menudo conlleva riesgos financieros y operativos que merecen un análisis detenido.

En primer lugar, cabe destacar que estos grupos especiales pueden afectar significativamente las partidas presupuestarias destinadas a las fuerzas federales. Al concentrar recursos en el Ministerio de Seguridad, se corre el riesgo de despojar a las fuerzas de los fondos necesarios para cumplir con sus funciones básicas. Esta realocación de recursos puede generar tensiones y dificultar la ejecución efectiva de operativos cotidianos.

Además, la creación de grupos especiales puede resultar en una alteración de la jerarquía y la toma de decisiones dentro de las fuerzas de seguridad. Al establecer unidades que responden directamente al Ministerio de Seguridad, se introduce un elemento de "per saltum" que podría eludir la cadena de mando tradicional, saltando a los jefes policiales establecidos. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la eficiencia y la coordinación de las operaciones.

No es la primera vez que se observa la creación de unidades especializadas mediante resoluciones ministeriales. El Centro de Investigación de Ciberdelitos de Alta Tecnología (CICAT), creado por RESOL-2022-139-APN-MSG, cuyo anexo está firmado por Pedro Janices , es otro ejemplo. Estas unidades, a menudo vinculadas a programas específicos, pueden generar licitaciones y gastos adicionales para el Estado. La dificultad para medir los resultados concretos de estas inversiones y la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad exceda sus funciones son preocupaciones legítimas.

Además, la colaboración entre distintas organizaciones gubernamentales puede generar desafíos en términos de confidencialidad y coordinación. El accionar de estas unidades especializadas no siempre se limita a una única entidad, lo que puede afectar la eficacia de las investigaciones y poner en riesgo la confidencialidad de ciertos procedimientos.

En conclusión, si bien la creación de grupos especiales como el de Asistencia Judicial puede ser una herramienta valiosa para abordar desafíos emergentes, es esencial abordar cuidadosamente las implicaciones financieras y operativas. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para garantizar que estas iniciativas contribuyan de manera efectiva a la seguridad nacional sin comprometer los recursos y la eficiencia de las fuerzas federales.