Luego de la detención de Jones Huala por parte de la Policía de Río Negro, el actual Ministro de Seguridad Aníbal Fernández utiliza las muertes de Santiago Maldonado para desacreditar políticamente a la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich.
El caso de Santiago Maldonado, en el cual 35 peritos oficiales y de parte determinaron que "Santiago Andrés Maldonado se ahogó hace un año en el río Chubut y su cuerpo permaneció 78 días sin ser manipulado" (es decir no hubo ningún acto por parte de las fuerzas de seguridad hacia Maldonado), es cómo otros hechos policiales utilizados para obtener rédito político. Ni bien se concluyó que no hubo intervención por parte de las fuerzas de seguridad (que los familiares y diversas "ONG de DDHH" afirmaban cómo el caso del CELS y APDH), los familiares decidieron desistir de seguir adelante con la medida de prueba.
Otro caso también con muy similares implicancias es el de Facundo Astudillo Castro, donde al igual que el caso Maldonado, las "ONG de DDHH" decidieron avasallar la investigación e instar a diversas medidas, las cuales de diversa forma se demostró el direccionamiento y la obstrucción de la causa. Esto sucedió incluso por parte del Ministerio Público Fiscal, donde los fiscales en vez de mantener la objetividad propia de los organismos públicos decidieron ahondar y abonar las hipótesis de la querella desestimando cualquier elemento contrario, tal lo explica Germán Sasso en su libro "Operación Facundo".
El actual Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, vuelve a utilizar los muertos y la politiquería, tal lo hacen los organismos de DDHH, para deslegitimar las instituciones democráticas por una mera conveniencia de política partidaria. Los organismos de DDHH lo hacen por dinero, lo cual a esta altura ya parece ser indistinto.
En muchos casos, de forma injusta, estas causas con elementos fraguados (en el caso de Facundo Astudillo Castro se utilizó al "perritrucho", personal policial termina siendo perseguido, procesado e injuriado por meras elucubraciones con intencionalidades políticas o dinerarias de distintos políticos y ONGs.
¿Es correcto que el Ministro de Seguridad de un país, cómo es el caso de Aníbal Fernández, utilice los muertos para hacer política y de esta forma afectando las instituciones democráticas? A la forma de ver, no. Estos tipos de actos constituyen violencia política institucional, y no deben ser aceptados en una sociedad que se digne ser democrática y libre.
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