El Banco Nación eliminó una norma tras el escándalo por créditos a funcionarios y crecen los cuestionamientos

El Banco de la Nación Argentina eliminó una disposición normativa que había permitido a un grupo de aproximadamente 40 políticos y altos funcionarios del Gobierno nacional acceder a créditos hipotecarios millonarios en condiciones preferenciales. La decisión se adoptó luego de la difusión pública del caso, que generó fuertes cuestionamientos por un presunto uso de funciones públicas en beneficio propio y la posible confección de un esquema regulatorio “a medida”.

La medida que originó la controversia se remonta a septiembre de 2024, cuando el entonces presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el entonces vicepresidente de la entidad, Darío Wasserman, modificaron la Reglamentación 802, correspondiente al régimen de “empleados del sector público”. En ese cambio se incorporó un párrafo que ampliaba el universo de beneficiarios de los créditos hipotecarios, incluyendo expresamente a personas con “cargos políticos designados por resolución o electivos”.

Esa modificación habilitó el acceso a financiamiento por parte de funcionarios políticos y legisladores nacionales. Dentro de esa categoría se encontraban, entre otros, la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti y la diputada nacional Julia Strada, ambas identificadas como ejemplos de cargos electivos alcanzados por la normativa.

De acuerdo con la información difundida, los beneficiarios accedieron a créditos hipotecarios por montos que, en algunos casos, alcanzaron hasta los 340.000 dólares, con tasas de interés significativamente inferiores a las del mercado. La velocidad de aprobación de estos créditos también fue señalada como un elemento llamativo, en contraste con los procesos habituales que enfrentan otros solicitantes.

El contexto normativo que permitió estas operaciones se había flexibilizado previamente con la eliminación de otra restricción clave: la exigencia de que los créditos hipotecarios del Banco Nación fueran destinados exclusivamente a la adquisición de una primera vivienda. Esa modificación abrió la puerta a que funcionarios accedieran a financiamiento para la compra de segundas o incluso terceras propiedades, incluyendo inmuebles ubicados en barrios cerrados o countries.

Las críticas se intensificaron al conocerse que varios de los funcionarios beneficiados pertenecían a áreas estratégicas del Estado, en particular al Ministerio de Economía de la Nación, encabezado por el ministro Luis Caputo, lo que profundizó las sospechas sobre un posible aprovechamiento de posiciones de poder y acceso privilegiado a información y contactos.

Tras la difusión del escándalo, el Banco Nación resolvió eliminar el párrafo cuestionado mediante la Circular N° 0092/2026. La decisión fue adoptada el 9 de enero de 2026, bajo la presidencia de Darío Wasserman, quien había asumido como titular de la entidad bancaria apenas un mes antes. La nueva redacción de la Reglamentación 802 suprimió toda referencia a “cargos políticos designados por resolución o electivos”, eliminando así el beneficio específico incorporado en 2024.

Según fuentes internas del Ministerio de Economía de la Nación, que brindaron información de manera reservada, durante el proceso de modificación normativa original habrían sido los propios funcionarios interesados quienes impulsaron la inclusión explícita de su condición como sujetos habilitados para acceder a los créditos. El objetivo, indicaron, habría sido evitar cuestionamientos posteriores sobre la legalidad de su acceso. No obstante, esas mismas fuentes advirtieron que la medida generaría “ruido e indignación”, reacción que efectivamente se produjo tras la exposición pública del caso.

En esa misma línea, un integrante del gabinete nacional reconoció, también bajo reserva, que la posterior eliminación de la norma respondió a la necesidad de contener el impacto del escándalo. “Intentar escabullirnos yendo al mazo y dar de nuevo”, expresó, en alusión a la decisión de revertir la disposición una vez que tomó estado público.

El episodio se produjo en un contexto en el que el acceso al crédito hipotecario resulta altamente restrictivo para la población general. Según los datos citados, ocho de cada diez ciudadanos que solicitan este tipo de financiamiento son rechazados, lo que acentuó la percepción de desigualdad en el trato y profundizó el malestar social frente a los beneficios otorgados a funcionarios.

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió al caso en una entrevista concedida a la Televisión Pública, medio estatal, donde sostuvo que los hechos no constituían un delito. “Nosotros hemos definido nuestros valores morales y estos (los créditos) no tienen nada de ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión y no afectaron el derecho a la propiedad”, afirmó, visiblemente molesto por la polémica.

Si bien la eventual configuración de un delito o de una falta administrativa continúa bajo análisis, el caso plantea un cuestionamiento profundo en materia de ética pública. La incorporación de una cláusula que amplió beneficios a funcionarios, seguida de su eliminación tras la exposición mediática, sugiere la posible existencia de decisiones institucionales orientadas a favorecer a un grupo específico de actores con poder de decisión.

En este sentido, más allá de su encuadre legal, el episodio evidencia una grave afectación a los principios de equidad, transparencia y orientación al bien común que deben regir la función pública. La percepción de que funcionarios utilizaron sus cargos para obtener ventajas personales configura un escenario de trato desigual frente al resto de la ciudadanía y erosiona la confianza en las instituciones del Estado, particularmente en un organismo clave como el Banco de la Nación Argentina.