Un alzamiento inédito que supera a su antecedente santacruceño: el caso del procurador Sosa

" En 1995, el kirchnerismo, que gobernaba Santa Cruz, desplazó al jefe de los fiscales de la provincia; el máximo tribunal nacional ordenó que fuera repuesto pero eso nunca se ejecutó

El alzamiento del presidente Alberto Fernández contra una resolución de la Corte Suprema de Justicia no tiene precedentes. Jamás se llegó a un contrapunto institucional de este calibre. Pero sí existen antecedentes que abrieron esta senda y entre los que destaca uno: el “caso Sosa”. Es decir, la decisión del entonces gobernador Néstor Kirchner de desplazar al procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, y su negativa –y la de quienes lo sucedieron al frente de esa provincia- a reponerlo en su cargo, a pesar de las órdenes del máximo tribunal.

El entuerto comenzó en 1995. A instancias de los entonces diputados provinciales Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Zannini, la Legislatura aprobó una reforma legal que desdobló las funciones de Sosa en dos, creando los cargos de Agente Fiscal y de Defensor de Pobres. Pero a él no le dieron ninguno, sino que lo cesantearon. Y él atribuyó su desplazamiento a que no era “funcional al poder”. Había impulsado investigaciones sobre créditos incobrables del Banco de Santa Cruz y sobre irregularidades en el cobro de regalías petroleras. “Siempre había causas que tocaban intereses de funcionarios”, alertó.

Sosa recurrió a la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia provincial declaró la inconstitucionalidad de esa reforma, pero omitió reponerlo en su cargo y él fue hasta la Corte nacional, que sí dio ese paso. El primer fallo lo dictó en junio de 1998; el segundo, en 2000; el tercero, en 2001. Pero una y otra vez, las autoridades provinciales incumplieron la orden.

No lo hicieron, cabe aclarar, de manera explícita, pero con planteos semejantes a los que invocó ayer el Presidente. Adujeron que la orden de la Corte era de cumplimiento imposible. ¿Por qué? Desde Río Gallegos plantearon que ya no existía su cargo en el nuevo organigrama de la administración judicial provincial. Más pragmáticos, en otra ocasión sondearon la vía compensatoria: le ofrecieron a Sosa una indemnización millonaria por daños y perjuicios a cambio de que desistiera de su planteo. Él lo rechazó. "

La Nación