El escenario político y económico actual se ha visto sacudido por una serie de cuestionamientos que ponen en duda la coherencia entre la retórica del presidente Javier Milei y la ejecución de políticas que favorecen a grandes grupos económicos. En su reciente editorial titulada "Las CONTRADICCIONES económicas del GOBIERNO de Milei", el comunicador Eduardo Prestofelippo, conocido como "El Presto", expuso detalladamente una serie de beneficios fiscales y protecciones de mercado que estarían recibiendo empresarios históricamente cercanos al mandatario. Según el análisis presentado, existe una discrepancia flagrante entre el discurso público que denosta a los denominados "empresaurios" o industriales prebendarios y la realidad administrativa que consolida ventajas competitivas para figuras como Eduardo Elsztain y Eduardo Eurnekian. Esta situación plantea un interrogante sobre si el desmantelamiento de privilegios corporativos, uno de los pilares de la plataforma gubernamental, se está aplicando de manera uniforme o si, por el contrario, se han establecido excepciones discrecionales para el círculo íntimo del poder ejecutivo nacional en detrimento de la libre competencia.
En lo que respecta a la figura de Eduardo Elsztain, titular del grupo IRSA y aliado estratégico del presidente, las denuncias se centran en beneficios fiscales de gran magnitud vinculados a desarrollos inmobiliarios y plataformas tecnológicas. Se señala que el empresario habría obtenido un ahorro fiscal estimado en 14.000 millones de pesos en concepto de Ingresos Brutos tras la adquisición y remodelación del emblemático Edificio del Plata. Asimismo, su plataforma denominada APA estaría operando bajo un esquema de reducciones impositivas que alcanzan el 60% en el impuesto a las Ganancias, beneficio que se extendería hasta finales del año 2026. Estas exenciones, si bien pueden estar enmarcadas en regímenes de promoción preexistentes o leyes de fomento específicas como la de Economía del Conocimiento, son objeto de críticas debido a la selectividad y al volumen de la capitalización privada financiada mediante el sacrificio de la recaudación pública. La relación de cercanía entre Elsztain y Milei, quien residió en el Hotel Libertador —propiedad del empresario— durante el periodo de transición, añade una capa de complejidad ética a estas concesiones impositivas.
Por otro lado, la investigación periodística de Prestofelippo pone el foco en el holding de Eduardo Eurnekian, exjefe directo de Javier Milei en Corporación América, señalando una presunta protección estatal sobre el monopolio de carga aérea. La Dirección General de Aduanas ha sido señalada por obstaculizar sistemáticamente la habilitación de depósitos fiscales externos, una medida que obligaría a los importadores y exportadores a utilizar exclusivamente los servicios de la Terminal de Cargas Argentina (TCA), controlada por Aeropuertos Argentina 2000. Esta maniobra, según la denuncia, permite la aplicación de tarifas consideradas abusivas por los actores del comercio exterior, eliminando cualquier vestigio de competencia en el sector logístico aeroportuario. Además, se menciona el bloqueo activo de una inversión extranjera de gran escala destinada a la reactivación del Aeropuerto de El Palomar, una iniciativa que buscaba descentralizar las operaciones de carga y fomentar la modalidad de bajo costo, pero que habría sido frenada para no perjudicar los intereses económicos del ex empleador del primer mandatario nacional.
Esta serie de revelaciones ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y en los sectores industriales que, paradójicamente, han sido blanco de los ataques verbales del oficialismo por su supuesta dependencia de la protección estatal. La contradicción señalada reside en que, mientras se promueve la apertura económica y el fin de los subsidios para diversos sectores productivos de mediano tamaño, se mantienen estructuras de mercado cerradas y beneficios tributarios extraordinarios para los sectores más concentrados de la economía que poseen vínculos directos con la cúpula del gobierno. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial que desmienta técnicamente las cifras de ahorro fiscal de IRSA ni las trabas administrativas en la Aduana respecto a los depósitos externos. La persistencia de estas prácticas sugiere una continuidad en la relación entre el poder político y el poder económico concentrado que contradice la promesa de transparencia y eliminación de la "casta" empresarial que fue el motor de la campaña electoral que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada.
