La Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública fue sancionada en Argentina en septiembre de 2016 y tiene como objetivo garantizar el acceso a la información pública de los organismos del Estado, con el fin de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Esta ley establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información pública, sin necesidad de acreditar un interés particular ni de expresar los motivos de su solicitud. La información pública incluye toda información que se encuentre en poder del Estado, ya sea que haya sido producida o recibida por éste en el ejercicio de sus funciones.
La Ley de Acceso a la Información Pública también establece que los organismos del Estado tienen la obligación de garantizar el acceso a la información pública, y que deben responder a las solicitudes en un plazo máximo de 15 días hábiles, prorrogable por otros 15 días en caso de ser necesario.
Algunos ejemplos de uso de esta ley podrían ser:
- Un ciudadano solicita información sobre los contratos de obras públicas que ha realizado una municipalidad en los últimos cinco años, con el objetivo de evaluar su transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.
- Un periodista solicita información sobre los gastos en publicidad oficial que ha realizado el gobierno nacional en el último año, con el fin de investigar posibles casos de corrupción o favoritismo hacia ciertos medios de comunicación.
- Una organización de la sociedad civil solicita información sobre los informes de impacto ambiental de un proyecto minero que se está evaluando en una provincia, con el objetivo de evaluar los riesgos ambientales y sociales del mismo.
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