Verdad y justicia, o ideología y venganza

" El respeto de la garantía del debido proceso y la igualdad ante la ley no pueden ser reemplazados por una especie de derecho penal paralelo para el enemigo

En reiteradas oportunidades, hemos denunciado desde este espacio la violación sistemática de los derechos y garantías que nuestra Constitución consagra cuando se trata de acusados involucrados en causas de lesa humanidad. Creada recién en 1998 por el Estatuto de Roma, entre nosotros esta categoría se reservó exclusivamente para integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad y para agentes estatales por su accionar a partir de marzo de 1976, fecha del último golpe militar.

Sin fundamento jurídico alguno y contrariando la jurisprudencia internacional que aplica a toda persona responsable de ataques generalizados a civiles no combatientes, no se encuadran localmente en esa condición los delitos cometidos por organizaciones terroristas. Distintas instituciones llevan años reclamando infructuosamente a los sucesivos gobiernos argentinos la resolución de delicadas cuestiones derivadas que ya se han cobrado más de 700 vidas y que claramente conducen a considerar que estamos ante presos políticos perseguidos ideológicamente por venganza y odio.

Largos años de relato kirchnerista han servido para alejar a gran parte de la sociedad de la verdad e incluso el cine ha sumado últimamente cierta manipulación de la historia con ribetes hollywoodenses, que termina siendo funcional al poder de turno. Se han sembrado el odio y el revanchismo también en estos terrenos, instalando en las jóvenes generaciones miradas falsas y distorsionadas sobre lo ocurrido en los dolorosos años 70. Como también hemos reiterado desde estas columnas, más allá de que hubo hechos que merecieron reproche y castigo, la ideología imperante fue, por un lado, utilizada desde la política para captar apoyos y sembrar fragmentación en términos de Laclau. Por el otro, fue convenientemente puesta al servicio del pingüe negocio de las varias veces millonarias indemnizaciones, una perversa maquinaria que jaqueó, y aún jaquea como noticias recientes confirman, las exhaustas arcas del Estado.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendió ya en 2018 los testimonios de la Asociación por la Justicia y la Concordia y Puentes para la Legalidad, defensoras de los detenidos. El organismo consideró la violación de los derechos humanos de los detenidos mayores de 65 años y los rechazos a las prisiones domiciliarias para ancianos y enfermos, así como las denegatorias de excarcelaciones y prisiones preventivas largamente excedidas en plazos. Las escandalosas desmesuras en relación con numerosos casos que se pretende tan forzosa como falsamente encuadrar dentro de los llamados delitos de lesa humanidad, desconociendo también el derecho de todo ciudadano a ser juzgado o fijados sus derechos en un plazo razonable, colocan al país en riesgo de recibir una condena por parte de tribunales internacionales que afecte la responsabilidad patrimonial del Estado.

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Debiera ser prioritario para una sociedad preservar su sistema judicial de nefastas injerencias, asegurando para todos el derecho al debido proceso, a plazos razonables de juzgamiento, al principio de cosa juzgada y a la exactitud en el encuadre de los delitos, incluidos los considerados de lesa humanidad, para evitar toda discrecionalidad ideológica o inconcebible parcialidad. Insistir en reformar la Justicia para asegurarse impunidad al mismo tiempo que se violan las normas detrás de un discurso ideológico revanchista es atentar contra el Estado de Derecho. "

La Nación